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Diputados disuelven INSAFOCOOP, sus funciones serán absorbidas por otras entidades de gobierno
Con el fin de promover y fomentar una mayor eficiencia del cooperativismo en el país, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 56 votos, la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP).
Esta normativa permitirá descentralizar las actividades que realiza la institución (creada en 1969 como rector del cooperativismo en El Salvador) y redistribuir sus atribuciones y competencias en entidades especializadas que formen parte de la organización administrativa del Estado.
Es decir, que al dividir las actividades del INSAFOCOOP se logrará mejorar la eficiencia operativa, mantener la competitividad y fortalecer el régimen jurídico, de organización, económico y de gestión pública de todo el sistema cooperativo.
Los diputados señalaron que con esta aprobación, se tomará en cuenta las particularidades y necesidades de cada sector productivo. Además, se dotará a la administración pública de las herramientas jurídicas suficientes para servir al interés público de manera eficiente.
El INSAFOCOOP deberá colaborar con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) enviando toda la información requerida sobre las cooperativas, según lo establece la normativa aprobada, que consta de 22 artículos.
¿Cuáles son las ventajas de la descentralización del INSAFOCOOP?
En la discusión realizada en el pleno legislativo, este viernes, se detallaron al menos tres ventajas de distribuir las funciones de la institución, que hasta hoy era la única encargada de velar por las cooperativas a nivel nacional.
Se obtendrá mayor atención especializada en función del área económica a la que se dedica la cooperativa, lo cual fortalece el control de las entidades.
Habrá mayor fomento de la integración cooperativa, dado que se establece la elaboración e implementación de una política de impulso y desarrollo al cooperativismo con apoyo de diferentes entidades del Estado.
Establecerá disposiciones especiales para las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, que estarán bajo la regulación de BCR y supervisión de la SSF.
¿Cómo se distribuirán las facultades del INSAFOCOOP?
El artículo 8 de la ley señala que tras la descentralización del INSAFOCOOP otras entidades asumirán las atribuciones de este instituto.
Las facultades y competencias de esta institución sobre las Asociaciones y Confederaciones de Cooperativas pasarán a las siguientes entidades estatales: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Por ejemplo, el Banco Central de Reserva regulará y la Superintendencia supervisará a las cooperativas de ahorro y crédito y a las cooperativas de seguros; mientras que la CONAMYPE supervisará las cooperativas de producción artesanal, de profesionales, de comercialización producción industrial o agro-industrial; y así por sectores.
Negocios
Ciudad Portuaria San Jorge impulsará el desarrollo del Corredor Interoceánico de Guatemala
El Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA) anunció el desarrollo de la Ciudad Portuaria San Jorge, un proyecto que formará parte del Corredor Interoceánico de Guatemala, una iniciativa logística privada que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante un sistema de transporte multimodal.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en San Salvador encabezada por Guillermo Catalán, presidente de CIGSA; Rolando Melgar, director ejecutivo del consorcio; Hugo René Sarceño Orellana, alcalde de Puerto Barrios; y David de Jesús Duarte, síndico municipal.

Empresarios presentaron en San Salvador el proyecto ciudad portuaria San Jorge.
Los representantes del proyecto informaron que la presentación oficial de la Ciudad Portuaria del Atlántico se llevará a cabo el próximo 17 de julio en Ciudad de Guatemala, donde se darán a conocer los aspectos técnicos, financieros y operativos de esta nueva etapa del corredor logístico.
“Vamos a hacer un hito histórico para nosotros”, afirmó Melgar, quien señaló que el anuncio representa la culminación de 26 años de trabajo relacionados con el desarrollo del corredor.

Empresarios presentaron en San Salvador el proyecto ciudad portuaria San Jorge.
La futura ciudad portuaria se desarrollará en el municipio de Puerto Barrios, en la costa atlántica guatemalteca, y abarcará aproximadamente 21 kilómetros cuadrados de terreno con cinco kilómetros de costa sobre el Atlántico. La propiedad se extiende alrededor de cuatro kilómetros hacia el interior y estará destinada a la construcción de puertos, aeropuertos, plataformas logísticas, zonas industriales y áreas comerciales.
Según Melgar, San Jorge será el “primer componente económico” del Centro Logístico Internacional San Jorge, mientras que David Durán, síndico municipal de Puerto Barrios, aseguró que será el punto de partida para la conectividad del corredor.

Empresarios presentaron en San Salvador el proyecto ciudad portuaria San Jorge.
Guillermo Catalán destacó que el proyecto representa una oportunidad para Guatemala, Honduras y El Salvador, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, al disponer de territorio con vocación para el desarrollo de infraestructura estratégica de transporte y logística.
“Es importante que adoptemos esta iniciativa como una iniciativa centroamericana de que podemos aspirar a nuestros países a tener una ruta comercial que responda a nuestros intereses”, manifestó.

Empresarios presentaron en San Salvador el proyecto ciudad portuaria San Jorge.
Los promotores indicaron que el corredor tendrá influencia sobre una amplia zona poblacional de Guatemala, El Salvador y Honduras. Asimismo, señalaron que empresas salvadoreñas ya participan en la iniciativa, entre ellas Terminales de El Salvador, identificada como el primer usuario del proyecto.
Catalán sostuvo que la iniciativa puede contribuir a fortalecer la integración económica regional y las cadenas de comercio internacional. En esa línea, Hugo Sarceño afirmó que El Salvador podría beneficiarse con una mayor rapidez en la recepción de mercancías.

Empresarios presentaron en San Salvador el proyecto ciudad portuaria San Jorge.
Las autoridades del consorcio informaron además que ya sostuvieron reuniones con representantes del sector empresarial salvadoreño para facilitar su incorporación al proyecto y permitir que los flujos de carga operen de manera más costo-efectiva.
Las autoridades municipales de Puerto Barrios respaldaron la ejecución de la obra. Sarceño explicó que la autonomía municipal reconocida por la Constitución permite avanzar con el proyecto dentro de las competencias locales.
El alcalde también hizo referencia a los problemas de movilidad que enfrenta actualmente la región. “Todos los días hay un accidente en esa ruta. Dos tráileres parando la ruta, por ejemplo, implica 11 horas de tráfico complicado”, indicó.
Durante la conferencia se informó que cerca de 1,100 tráileres ingresan diariamente por los puertos ubicados en el municipio.

Empresarios presentaron en San Salvador el proyecto ciudad portuaria San Jorge.
Por su parte, David de Jesús Duarte recordó que Puerto Barrios cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2019 y que existe un acuerdo municipal aprobado en 2021 que declaró de interés público la construcción del corredor en la finca El Pantanal.
El Corredor Interoceánico de Guatemala contempla una extensión de 372 kilómetros que conectará Puerto San Jorge, en el Atlántico, con Puerto San Luis, en el Pacífico, atravesando seis departamentos cercanos a la frontera con El Salvador.
De acuerdo con sus promotores, más de 3,500 familias han integrado voluntariamente sus propiedades al proyecto durante los últimos 25 años. Asimismo, indicaron que quienes deban trasladarse durante la construcción recibirán apoyo económico mediante un bono corporativo para su reubicación y tendrán prioridad para trabajar en las etapas de construcción y operación.
Los responsables de la iniciativa también destacaron el componente ambiental del proyecto. Según explicaron, la evaluación ambiental cumple con la normativa guatemalteca, los requisitos del Banco Mundial y los Acuerdos de Cancún. Además, contempla la preservación de nacimientos de agua y áreas boscosas remanentes bajo criterios de mínima afectación ambiental.
El desarrollo completo del proyecto requerirá una inversión aproximada de 15,000 millones de dólares, que serán ejecutados de forma escalonada durante un período de 25 años.
Como parte de la estrategia financiera, el consorcio impulsa un instrumento de activos digitales denominado COINGT, que busca ampliar las opciones de financiamiento mediante la participación de inversionistas individuales.
“Somos el primer token de propiedad respaldado por un proyecto real”, afirmó Melgar, quien explicó que el mecanismo permite la participación de pequeños inversionistas a partir de 1,000 dólares.
Los representantes de CIGSA consideran que factores como la saturación de corredores marítimos internacionales, las limitaciones para la expansión portuaria en Estados Unidos y los desafíos operativos que enfrenta el Canal de Panamá generan oportunidades para nuevas rutas logísticas en la región.
A diferencia del Canal de Panamá, el Corredor Interoceánico de Guatemala será una infraestructura terrestre que incluirá vías férreas, carreteras para el transporte de mercancías, sistemas de tuberías para hidrocarburos y zonas francas distribuidas a lo largo del recorrido.
Sus promotores sostienen que el proyecto no busca competir con el Canal de Panamá, sino complementarlo mediante una alternativa logística adaptada a distintas necesidades del comercio internacional.
Melgar aseguró además que el sector exportador salvadoreño ha mostrado interés en la iniciativa y señaló que el corredor podría reducir hasta un 30 % los costos de transporte de carga en comparación con otras rutas terrestres utilizadas actualmente.

Empresarios presentaron en San Salvador el proyecto ciudad portuaria San Jorge.
Internacionales
Presidente Paz decreta estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen su renuncia.
Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para exigir al Gobierno soluciones a la crisis económica, considerada la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad, situación que generó malestar general.
Aunque el viernes el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros afines a Morales decidieron mantener los bloqueos de carreteras.
Ante la falta de acuerdos, los sectores movilizados incorporaron la demanda de renuncia presidencial y extendieron los bloqueos a nivel nacional. Asimismo, durante varios días se registraron enfrentamientos con la Policía en La Paz, ciudad que junto con su vecina El Alto enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó Paz durante un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno. El mandatario sostuvo además que la medida responde a “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
El Gobierno de centroderecha de Paz, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales de impulsar las protestas y de utilizar recursos provenientes del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas. Morales permanece oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor, acusación que niega. También ha rechazado los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
En su mensaje, Paz informó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.
El decreto, publicado posteriormente en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, establece que los ministerios de Gobierno y Defensa podrán emitir resoluciones conjuntas para restringir, cuando sea necesario, los derechos de circulación, locomoción y reunión. La medida deberá ser ratificada por el Congreso, que convocará reuniones en las próximas horas.
La declaración del estado de excepción se produjo un día después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la COB. Mario Argollo, máximo dirigente de la organización sindical, anunció el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional y destacó el compromiso gubernamental de cumplir de forma inmediata lo acordado.
Paz celebró el entendimiento alcanzado con la central sindical y afirmó que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.
Durante la semana pasada, el Gobierno instaló mesas de trabajo con dirigentes sindicales y ministros para negociar una salida al conflicto. Entre los acuerdos alcanzados figura el estudio de la liberación de personas detenidas durante las marchas en La Paz y los bloqueos de carreteras. La Defensoría del Pueblo reportó más de un centenar de arrestados.
Asimismo, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, una de las principales demandas de los sindicatos.
Sin embargo, tras conocerse el acuerdo, organizaciones campesinas y cocaleras anunciaron que mantendrían las medidas de presión. El dirigente campesino Antonio Mallku aseguró que se determinó radicalizar los grupos de huelga en las carreteras.
Por su parte, los cocaleros informaron en un comunicado difundido por una radio de su propiedad que mantendrán la movilización y los bloqueos de caminos, al tiempo que calificaron la firma del convenio entre el Gobierno y la COB como una “traición”.
Internacionales
Brote de ébola en RDC infecta a 75 médicos desde mayo
Una alta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que trabajadores de la salud estuvieron entre las primeras personas infectadas durante el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).
La directora de Emergencias de la OMS, Marie Roseline Belizaire, señaló mediante videoconferencia desde el oriente de la RDC que, oficialmente, desde que se declaró el brote el 15 de mayo, 75 trabajadores sanitarios contrajeron ébola y 17 de ellos fallecieron.
“Es un precio verdaderamente elevado el que el sistema, el sistema de salud, está pagando porque no tenemos suficientes trabajadores sanitarios en RDC”, afirmó la funcionaria.
En respuesta a consultas de periodistas, Belizaire explicó que cerca del 90 % de los pacientes con ébola no presentaron inicialmente síntomas hemorrágicos. Debido a ello, muchas personas permanecieron en sus hogares automedicándose o buscaron atención con sanadores tradicionales. Asimismo, indicó que el cuerpo de una persona fallecida por ébola es más contagioso que cuando la persona estaba viva.
La directora de Emergencias de la OMS enfatizó que, aunque el brote de ébola continúa siendo una preocupación importante, otras enfermedades, especialmente la malaria, representan desafíos sanitarios significativos y no deben ser descuidadas.
Belizaire también informó que China desplegó un equipo médico para fortalecer los esfuerzos de respuesta ante la emergencia, mientras que Uganda se prepara para enviar otro contingente de apoyo.
La funcionaria advirtió que la situación sigue siendo grave y continúa evolucionando. Agregó que todavía se reportan nuevos casos en múltiples regiones, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener y acelerar las medidas de respuesta.
Hasta este viernes, la República Democrática del Congo confirmó 896 casos de ébola y 232 fallecimientos distribuidos en 33 zonas sanitarias de tres provincias.




