Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes en el país.

«Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán», publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

La medida comenzará a regir el 21 de enero y tendrá duración indefinida, según informó la cadena Fox News.

De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso Fox News Digital, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visa bajo la legislación vigente mientras el organismo revisa en profundidad los procedimientos de selección y verificación. El objetivo oficial es reforzar los criterios para impedir el ingreso de extranjeros que eventualmente dependan de asistencia estatal.

La lista de países afectados incluye, además de varias naciones de América Latina y el Caribe, a Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros. Según la cadena estadounidense, las excepciones a la suspensión serán «muy limitadas» y solo se permitirán una vez que los solicitantes superen la evaluación vinculada a la condición de carga pública.

Otros países del continente americano que sufren esta suspensión son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

La decisión se apoya en una interpretación estricta de la llamada cláusula de «carga pública» de la ley migratoria estadounidense. Un cable enviado en noviembre de 2025 a consulados de todo el mundo ya había anticipado el giro: ordenaba aplicar reglas más severas para evaluar a los solicitantes, teniendo en cuenta factores como edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.

Según Fox News, el nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido en el pasado ayudas económicas del Estado o hayan sido internadas.

«El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense», afirmó el vocero del organismo, Tommy Pigott, en un comunicado citado por la cadena. «La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar», agregó.

El endurecimiento se produce en un contexto de refuerzo general de la política migratoria del segundo mandato de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense revocó más de 100.000 visas, una cifra récord, según datos oficiales. En paralelo, se ampliaron los controles, incluida la revisión de publicaciones en redes sociales de los solicitantes.

La cláusula de «carga pública» existe desde hace décadas, pero su aplicación varió según las administraciones. En 2019, durante su primer mandato, Trump amplió de manera significativa su alcance para incluir una gama más amplia de beneficios sociales, una medida que fue parcialmente bloqueada por los tribunales y luego revertida bajo el gobierno de Joe Biden. En 2022, la administración demócrata había limitado el criterio principalmente a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, excluyendo programas como cupones de alimentos, Medicaid o asistencia para vivienda.

Con esta nueva pausa, la administración Trump vuelve a una interpretación más dura de la norma, en una señal clara de que la política migratoria será uno de los ejes centrales de su agenda en este nuevo período.

A continuación, la lista completa de las 75 naciones con suspensión de visas: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

La directora general de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), Adriana Larín, indicó ayer que San Salvador continúa su proceso de transformación urbana que incluye un importante desarrollo habitacional, esto como parte de los esfuerzos por revitalizar el área y promover que más familias habiten en la zona.

«La dinámica en el Centro Histórico está abierta para diferentes rubros, para el comercio minorista y manufactura menor, hay una amplia variedad; esto no es solo con el fin de turismo y cultura. Se comenzó a trabajar el componente habitacional», aseguró Larín en la entrevista La Tribu FM.

De acuerdo con la directora de la Aplan, fuera de las 80 manzanas limitadas por las instituciones como zona céntrica se construyen cinco torres con 36 apartamentos cada una, que en total suman 180; además de otros seis proyectos habitacionales con cooperación.

«El componente vivienda lo vemos de diferentes aspectos, no solo de instancia corta de turismo. También tenemos de cooperativa de ayuda mutua. Van seis proyectos del Ministerio de Vivienda con cooperación italiana», señaló.

Larin acentuó que dichos proyectos brindarán oportunidades a los salvadoreños para acceder a una vivienda digna.

«Los proyectos habitacionales con [el ministerio] con cooperativa de ayuda mutua se están creando para que las personas que no tienen acceso a una vivienda digna sea su primer hogar. Lo importante de estos proyectos es que el título de la casa pasa a la jefa de hogar», explicó.

Agregó que otro proyecto en el Centro Histórico que se encuentra en proceso este año es el Cine Libertad, que calificó como un «espacio que podrán disfrutar las familias salvadoreñas y los visitantes».

Asimismo, comentó que brindarán capacitaciones financieras para que todo negocio pueda tener una inclusión en dicho rubro. «Otro proyecto es uno relacionado con la inclusión financiera para personas que nunca han tenido una cuenta; estamos brindando modalidades de recepción de pagos y eso es para que no se limiten a recibir efectivo, porque hay personas que solo portan tarjeta», señaló.

También dijo que la recuperación y el proceso de ordenamiento del Centro Histórico de San Salvador ha sido insigne para otros países. «Nos están buscando de otros centros históricos de otros países para que los asesoremos con nuestros procesos», apuntó.

Larín señaló que como institución continúan con «la meta inicial de intervenir 80 manzanas, que es el área que se ha definido y se busca rehabilitarla.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Cristian Ernesto Pérez por el delito de extorsión agravada.

«El 30 de septiembre de 2020, un sujeto miembro de una estructura terrorista visitó el negocio de la víctima, ubicado en San Salvador, donde le dejó un número telefónico. Posteriormente, al establecer contacto, le exigieron $150 mensuales, a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, y permitirle continuar con su actividad comercial», indicó el fiscal del caso.

La fuente detalló que la víctima intentó negociar una reducción del monto exigido, debido a la disminución de ventas ocasionada por la pandemia del Covid-19; sin embargo, los pandilleros no accedieron. Ante esta situación, decidió interponer la denuncia correspondiente.

El 8 de octubre de 2020, mediante una entrega controlada, las autoridades lograron identificar a los involucrados y determinaron que Cristian Ernesto Pérez fue quien realizó la exigencia económica vía telefónica.

En otro caso, el pasado 12 de enero, Juan Miguel Navarro Pérez fue condenado a 16 años de prisión por el delito de extorsión.

«La víctima denunció que, el 23 de noviembre del año 2024, comenzó a recibir mensajes vía la aplicación Whatsapp, donde le exigían diferentes cantidades de dinero a cambio de no hacerle daño», explicó el fiscal.

Cristian Ernesto Pérez condenado a 12 años de prisión por el delito de extorsión.
El 31 de enero del 2025 se logró detener en flagrancia a Navarro Pérez mientras pretendía recoger parte del dinero exigido. Esta captura se realizó en la residencial Brisas del Bulevar, del distrito de Soyapango, San Salvador Este.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales, por lo que decidió, además, condenarlo a pagar $300 en concepto de responsabilidad civil.