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Internacionales

Anulan la reelección indefinida y dejó a Evo Morales fuera de los comicios de 2025

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El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) anuló la reelección indefinida en un dictamen que inhabilita al ex presidente Evo Morales a presentarse a los comicios de 2025 al haber ejercido durante tres periodos continuos entre 2006 y 2019.

La sentencia, que a grandes rasgos estipula que la reelección indefinida “no es un derecho humano”, fue emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación, y anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017.

Contrarios al ex mandatario, como la ex presidenta Jeanine Áñez, aplaudieron un dictamen que “pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre”, hizo saber en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, valoró en Facebook la sentencia como un impedimento para que ningún “aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el poder”.

Áñez y Camacho están presos. La primera fue acusada de “terrorismo” por proclamarse presidenta de Bolivia sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores poco después de la renuncia de Morales, que abandonó el cargo en 2019 en medio de una fuerte crisis social, y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.

Camacho, por su parte y por esa misma crisis, está acusado de “terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictiva y uso indebido de deberes y servicios públicos”.

El también ex presidente Jorge Quiroga remarcó en su cuenta en X que “la reelección no es un derecho humano”. “Evo: tenías 3 mandatos, usaste 2, nos debes 1, no MAS, nunca MÁS”, escribió haciendo alusión al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

En tanto, el ex mandatario Carlos Mesa expresó: “Evo Morales y García Linera violaron la Constitución, las normas internacionales, las leyes y la decisión del pueblo cuando impusieron su candidatura en 2019 con la complicidad del TCP. Nos robaron la presidencia con un fraude monumental y corrompieron a la democracia. No puede haber impunidad para quienes hicieron tanto daño al país ni para sus complices”.

En horas de la mañana de este sábado, Evo Morales reaccionó a la decisión del Tribunal. En su cuenta en la red social X, manifestó: “La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana”.

“Como hicieron en 2002 al expulsarnos del Congreso, los neoliberales se unen para tratar de proscribir al MAS-IPSP y eliminarnos política y hasta físicamente. Ningún miedo. ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!”, concluyó.

Un poco de historia
La Constitución boliviana establece que nadie puede gobernar por más de dos periodos consecutivos. En febrero de 2016 hubo un referéndum para aprobar o rechazar el proyecto de modificación y permitir que tanto el presidente como el vice pudieran estar al frente de la nación por más periodos. En dicha consulta, ganó el “No” con un 51,30 % de los votos.

Sin embargo, Evo Morales desconoció el resultado y en 2017 el Tribunal Constitucional lo habilitó para volver a presentarse por considerar que “se violentaba su derecho humano”.

En septiembre pasado, el ex jefe de Estado anunció que quería presentarse a los comicios de 2025 y un congreso de su partido, el MAS, lo había proclamado; pero en noviembre el órgano electoral anuló dicho congreso y decidió que debía realizarse de nuevo.

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca no habían asistido a la cita del MAS al considerar que las organizaciones sociales, que son la base del partido, no estaban debidamente representadas, lo que fue asumido por la facción de Morales como una “autoexpulsión” del partido.

Como respuesta al congreso del MAS, las organizaciones sociales afines al Gobierno de Arce convocaron a una concentración multitudinaria en El Alto que finalizó con una proclama de esos sectores que desconocieron el congreso en Lauca Ñ.

Arce y Morales están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 ante los pedidos del ex mandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ignoró.

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Internacionales

Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen

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Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.

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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.

El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.

Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.

Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.

El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.

El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.

¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?

Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.

En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.

La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.

En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.

En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.

En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.

Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.

El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.

Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.

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Internacionales

La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X

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La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.

«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.

La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.

La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.

A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.

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Venezuela ya exporta Gas Licuado de Petróleo

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.

«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.

La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.

El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.

Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.

Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.

Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.

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