Judicial
Exesposa de Mauricio Funes, «Tía Bubu», confesará para reducir pena
Regina Cañas, mejor conocida en la televisión salvadoreña como «Tía Bubu», confesará su participación en el caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, por lo que se entregará para reducir su pena.
La expresentadora de televisión, quien tiene una orden vigente de captura, iniciará un proceso abreviado a través de su confesión en la participación de los casos de corrupción del gobierno de Funes, indicó el fiscal general, Raúl Melara.
«La Señora Regina Cañas se somete a un proceso abreviado. Va a ser condenada y también devolverá el dinero al Estado. Estamos haciendo que devuelvan lo robado», indicó Melara.
El fiscal no detalló la cantidad monetaria que estaría regresando al estado la excónyuge de Funes, que posteriormente tomará la figura de testigo ante este caso.
La acusada simuló recibir un «préstamo» por $95 mil dólares, que se los entregaría a Diego Funes, hijo que tiene en común con el exmandatario, para tratar de justificar los raros movimientos.
El expresidente de la República, junto a su hijo , Diego, tendrán que restituir al Estado alrededor de $419 mil, lo cual no han podido demostrar su procedencia hasta el momento.
Diego Funes viajó al exterior en 63 ocasiones, con dinero del estado, la fiscalía los clasificó como «viajes de placer», gastando en su totalidad $102 mil.
Regina cañas trabajó en la televisión salvadoreña desde finales de los ochenta, en el 2018 últimamente laboró para Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Extradición de suegro actual de Mauricio Funes.
El 1 de abril del 2019, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), capturó en Costa Rica al señor Juan Carlos Guzmán Berdugo, progenitor de Ada Mitchell Guzmán, actual pareja sentimental del expresidente prófugo, Mauricio Funes Cartagena; cumpliendo con la orden de captura internacional.
Guzmán de 53 años, tenía en ese entonces orden de captura internacional por el delito de lavado de dinero y activos previsto y sancionado en el Art.4 de la Ley en perjuicio del orden socioeconómico.
Durante noviembre del 2019, Guzmán interpuso un recurso ante la fiscalía de ese país, en el que solicitaba revertir la resolución, lo que atrasó aún más el proceso de extradición.
“Se concede la extradición de Juan Guzmán Berdugo, por el delito de Legitimación de Capitales y deberá cumplir al Estado Requirente las promesas dadas con respecto al juzgamiento de esta persona. El extraditado será puesto a disposición de las autoridades de la República de El Salvador a fin de que lleve a cabo el trámite de salida del país”, se lee en el documento legal.
Costa Rica confiere el plazo de un mes para que El Salvador realice los tramites requeridos, para que el suegro de Funes sea juzgado en el país.
Se espera que se haga efectiva, dicha extradición, los próximos días.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
