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Capturan en Colombia a ‘El Costeño’, quinto sospechoso del atentado contra Miguel Uribe
Las autoridades colombianas han logrado un avance significativo en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al capturar a Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘el Costeño’.
Este arresto representa la detención del quinto sospechoso relacionado con el grave ataque ocurrido hace un mes en Bogotá, que mantiene al político de 39 años en estado crítico.
La detención de Arteaga Hernández se produjo en tiempo récord, menos de 24 horas después de que la Interpol emitiera una notificación roja de busca y captura internacional. El operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía se ejecutó en la localidad bogotana de Engativá, el mismo lugar donde Uribe Turbay fue gravemente herido el pasado 7 de junio durante un mitin político.
Según el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana, ‘el Costeño’ habría sido el encargado de inducir y utilizar al menor de edad de 15 años que ejecutó los disparos contra el senador. Los cargos que pesan sobre Arteaga incluyen homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además del uso de menores de edad para la comisión de delitos. Por su captura se había ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos colombianos, equivalente a aproximadamente 75.000 dólares.
El atentado ocurrió a plena luz del día cuando Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático, se dirigía a un grupo de seguidores en un parque de Modelia como parte de sus actividades preelectorales para las presidenciales de 2026. El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, permaneciendo desde entonces en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido sometido a múltiples cirugías, incluyendo una intervención de emergencia por edema cerebral el 16 de junio.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la reducción inexplicable del esquema de seguridad de Uribe Turbay el mismo día del atentado. El presidente Gustavo Petro reveló que la protección del senador fue disminuida extrañamente de siete a tres personas justo antes del ataque, un hecho que ha generado graves cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional.
La familia del político ha presentado una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio del Interior, alegando negligencia en las peticiones de refuerzo de seguridad. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, reveló que durante 2025 se realizaron más de 23 solicitudes de refuerzo de protección, siendo la última presentada el 5 de junio. Las respuestas de la UNP, según Mosquera, se basaban en un ‘copy-paste’ que descartaba sistemáticamente los refuerzos solicitados.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha despertado los fantasmas del pasado en Colombia, reavivando el temor a regresar a los oscuros años del siglo pasado cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. Muchos analistas consideran este ataque como un retroceso de tres décadas en materia de violencia política, recordando los asesinatos de Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro durante la campaña electoral de 1990, época en la que Colombia enfrentaba la violencia del narcotráfico y grupos guerrilleros como las FARC.
La gravedad de la situación ha llevado a nueve partidos políticos colombianos, principalmente de derecha, a anunciar su intención de acudir a instancias internacionales para garantizar la equidad en el proceso electoral. En un comunicado conjunto, estas fuerzas políticas expresaron su preocupación por la falta de garantías y los presuntos sesgos del gobierno contra la oposición, solicitando condiciones de equidad que consideran les están siendo negadas a nivel nacional.
La investigación continúa desarrollándose con el menor de 15 años que ejecutó los disparos bajo custodia policial, cuyo testimonio resulta clave para esclarecer completamente la red criminal detrás del atentado. Con cinco arrestos realizados hasta la fecha, las autoridades siguen trabajando para desmantelar completamente la organización criminal responsable de este grave ataque contra la democracia colombiana.
El impactante colapso de una carretera en el distrito indonesio de Bener Meriah quedó registrado en un video sembrando el pánico entre los residentes.
El derrumbe ocurrió cuando un socavón, formado por la intensa erosión del agua, cedió por completo bajo la fuerza del paso hidráulico.
En las imágenes se aprecia cómo el asfalto se quiebra y se desploma en cuestión de segundos, mientras los vecinos observan sin poder creer lo que estaba sucediendo.
El episodio tuvo lugar en un contexto de graves inundaciones que continúan devastando amplias zonas de la isla de Sumatra.
El balance oficial es estremecedor: al menos 770 personas fallecieron y hay centenares de desaparecidos.
Fuentes de inteligencia penitenciaria y un explosivo dossier internacional confirman que Jorge Alberto Gaitán Castro, el polémico empresario guatemalteco acusado de liderar una red transnacional de fraude millonario y blanqueo de capitales, estaría ejecutando un sofisticado plan de fuga desde el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), donde disfruta de privilegios que ningún reo común siquiera sueña.
Gaitán Castro, detenido desde marzo de 2025 y con orden de extradición activa a El Salvador además de alerta roja de Interpol por vínculos con fugitivos estadounidenses, lleva meses pagando 5.000 dólares mensuales a estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada organización terrorista.
Ese dinero, según documentos filtrados, garantiza “protección interna” y, lo más alarmante, la preparación de una evasión espectacular. Cualquier pago a pandillas terroristas es catalogado automáticamente como acto de terrorismo. Entonces, ¿Por qué este sujeto sigue en una celda VIP en lugar de pudrirse en el infierno de Pavoncito?Privilegios que gritan corrupción a los cuatro vientosEn mayo de 2025 una requisa encontró un celular de alta gama escondido en su celda.
En agosto y septiembre del mismo año tres órdenes judiciales de traslado a Pavoncito fueron ignoradas con el pretexto de “seguridad”. Mientras tanto, Gaitán recibe reuniones familiares dentro del penal, visitas de lujo y acceso irrestricto a abogados que arrastran escándalos por todo Centroamérica.
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El cerebro jurídico detrás de este blindaje incluye nombres que congelan la sangre: Julio Taracena, abogado de cabecera de la magistrada Elia Raquel Perdomo; Gustavo Juárez, histórico defensor de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, condenada por corrupción; y las hermanas Piedad Isabel Soberanis Alonzo y Marla Janet Ruiz Alonzo, señaladas en múltiples expedientes por representar estructuras terroristas y facilitar fugas de alto perfil.
Este empresario está acusado de pertenecer a un cartel financiero que, junto a socios de TPG Peppertree y otros fondos buitre, hundía empresas centroamericanas para saquear sus activos. El esquema dejó miles de desempleados en Guatemala y El Salvador, y hoy Gaitán es uno de los últimos eslabones visibles antes de que la extradición lo siente frente a jueces que no se venden tan fácil.
Autoridades consultadas en reserva advierten: “Si Gaitán logra fugarse, será el golpe más duro al sistema penitenciario desde la época de ‘El Rey del Pavón’”.
La extradición puede ejecutarse en cualquier momento y cada día que pasa con él en Mariscal Zavala es un día que le regalan a un hombre que ya demostró que puede comprar guardias, pandillas y hasta órdenes judiciales.La pregunta que retumba en todo Guatemala es una sola: ¿Quién responde si mañana amanecemos con la noticia de que Jorge Alberto Gaitán Castro voló de la cárcel como tantos otros antes que él?
La ciudadanía exige traslado INMEDIATO a Pavoncito, investigación exhaustiva a directivos penitenciarios y corte total de privilegios y comunicaciones.
Porque mientras un narcoempresario sigue manejando su escape desde una celda con WiFi, la justicia guatemalteca vuelve a sangrar por la herida que nunca cierra.
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Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, realizaba un ejercicio de ‘press’ de banca cuando la barra cayó sobre su pecho y le provocó la muerte.
El hecho ocurrió el pasado lunes y fue registrado por las cámaras de seguridad en un centro de entrenamiento en Olinda, Brasil.
El caso se está tratando como una muerte accidental y la policía está investigando el equipo y las circunstancias del entrenamiento.
Ronald era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes en Olinda y era reconocido por su labor con las tradiciones culturales de la ciudad.
