Política
Sigue la incertidumbre por saber dónde se realizará el acto de toma de posesión presidencial el próximo 1 de junio
La Asamblea Legislativa no ha tenido ninguna comunicación con el gobierno saliente ni con el entrante para la programación de la sesión plenaria solemne del 1 de junio, día en que debe pronunciar una protesta o promesa pública Nayib Bukele como presidente de la República.
La falta de comunicación impide que la junta directiva de la Asamblea programe la plenaria para la toma de posesión del nuevo mandatario.
Norman Quijano, diputado de Arena y presidente del órgano legislativo, dijo que la directiva sigue esperando que la representación de los gobiernos saliente y entrante se pongan de acuerdo en la ceremonia de toma de posesión y en el lugar que se haría la plenaria solemne.
“Estoy esperando comunicación para trasladarla a la junta directiva y tomar una decisión (lugar para hacer plenaria) pero no existe la más mínima comunicación, ni de parte de Cancillería ni del señor Bukele”, declaró el presidente de la Asamblea.
El presidente legislativo adelantó que la Asamblea convocará para el 1 de junio la plenaria en donde tomará la protesta al próximo mandatario, como le ordena la Constitución y el reglamento interior de la Asamblea. Si el gobierno saliente y el entrante no se ponen de acuerdo en el lugar para la plenaria, la junta directiva convocará a sesión en el Salón Azul del Palacio Legislativo. “La Asamblea planifica una sesión solemne el 1 de junio, eso es inamovible, ahora, el lugar y la hora es lo que vamos a decidir en la junta directiva”, manifestó.
La Asamblea Legislativa está lista desde el 27 de febrero para iniciar los preparativos, ya que informó al gobierno entrante y saliente que Eduardo Cálix, director general de Protocolo, y Noel Orellana, gerente de Operaciones Legislativa, son los enlaces para planificar dicha plenaria.
Cálix confirmó que ni una de las dos partes ha convocado a una reunión de preparación de la plenaria solemne.
El presidente electo dijo el 27 de marzo que el Gobierno suspendió una reunión, algo que el Gobierno negó. El 28 de marzo, Bukele dijo en Twitter: “He instruido a nuestras delegadas a suspender todo contacto con el Gobierno”.
El 27 de febrero, la Asamblea informó al Gobierno entrante y saliente que está lista para preparar plenaria de toma de posesión.
En las últimas horas el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aseguró que el presidente electo tiene todo el aval para que pueda tomar posesión el próximo el 1 de junio en el centro histórico de la capital, si así lo desea Nayib Bukele.
Sus palabras fueron vertidas anoche en el acto de presentación del proyecto de revitalizará del Centro Histórico de San Salvador, donde la comuna capitalina pretende aportar $11 millones para la ejecución del proyecto, junto a una economía mixta, con la que llegarán a los $180 millones. USAID también aportará
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
