Política
Respaldo a iniciativa que permitirá avanzar construcción del Aeropuerto del Pacífico
“Hemos venido trabajando en etapas la obra de infraestructura más importante en la historia de La Unión. Esto lleva tiempo, lleva recursos”. Así justificó el diputado William Soriano, en la Comisión de Hacienda, la importancia de que la Asamblea Legislativa autorice la incorporación de fondos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que pueda financiar la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en ese departamento oriental.
Este lunes, la mesa legislativa estudió una solicitud del Ministerio de Hacienda para reformar la Ley de Presupuesto, en la parte que corresponde a CEPA, con el objetivo de incorporarle fondos provenientes de años anteriores, por un monto de $19,490,891.
Tras escuchar de representantes de Hacienda el uso que se les dará a los recursos, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que se modifique la normativa y emitieron un dictamen favorable que será llevado a votación en la sesión plenaria N °4.
Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del ministerio, detalló que el dinero proviene de la titularización recibida por la autónoma, durante 2023, y forma parte de las disponibilidades de caja y bancos.
Para el servicio de consultorías, estudios complementarios y obras preliminares se destinarán $18,710,300.72; para el pago del personal destacado en el proyecto se utilizarán $780,596.69.
El proyecto
Desde 2022, cuando el Órgano Legislativo aprobó la Ley para la Construcción, Administración y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, la CEPA formuló el proyecto que tendrá un costo estimado de $335 millones. Este consiste en la construcción y equipamiento de una infraestructura aeroportuaria para atender a entre 350,000 y 500,000 salvadoreños o extranjeros, anualmente. Este monto podría ser mayor en función del aumento de la demanda.
Algunas de las inversiones que se realizarán con el presupuesto solicitado será la construcción de una pista de aterrizaje para atender vuelos de todo el continente americano, calles de rodaje y plataformas de viraje en las pistas; plataformas para estacionamientos de aeronaves y superficies limitadoras de obstáculos. También se realizarán obras de terracería y drenaje, área para instalaciones de combustible, instalaciones para control de tráfico aéreo, alumbrado aeronáutico del aeropuerto y un edificio para servicio de salvamento y extinción de incendios.
Asimismo, se construirá la terminal de pasajeros, la aduana, el área de espera de equipaje, los sanitarios, el estacionamiento, las instalaciones eléctricas, las bodegas, las oficinas administrativas y otras.
Con este ambicioso proyecto de infraestructura, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele busca dotar de una conexión aeroportuaria a la zona oriental de El Salvador, para propiciar el potencial de convertirse en un polo de desarrollo económico, incentivar la creciente demanda de pasajeros, desarrollar el turismo internacional y contribuir a activar el puerto de La Unión.
Se calcula que más de un millón de salvadoreños que residente en la zona oriental verá mejoras en su economía y se crearán 20,000 fuentes de empleos durante la ejecución del proyecto.
“Estamos creando un encadenamiento productivo que refuerce la economía local de La Unión, no solo habrá trabajando personas del departamento de La Unión, sino de oriente”, afirmó el diputado Soriano.
El legislador recordó que La Unión posee “activos productivos” (como sitios turísticos y modernas carreteras) que sirven de fuente para establecer nuevas formas de crecimiento. Agregó que muchos salvadoreños originarios de la zona oriental que residen en el extranjero están regresando al país a hacer inversiones, principalmente en el rubro turístico.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
