Política
Respaldo a iniciativa que permitirá avanzar construcción del Aeropuerto del Pacífico
“Hemos venido trabajando en etapas la obra de infraestructura más importante en la historia de La Unión. Esto lleva tiempo, lleva recursos”. Así justificó el diputado William Soriano, en la Comisión de Hacienda, la importancia de que la Asamblea Legislativa autorice la incorporación de fondos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que pueda financiar la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en ese departamento oriental.
Este lunes, la mesa legislativa estudió una solicitud del Ministerio de Hacienda para reformar la Ley de Presupuesto, en la parte que corresponde a CEPA, con el objetivo de incorporarle fondos provenientes de años anteriores, por un monto de $19,490,891.
Tras escuchar de representantes de Hacienda el uso que se les dará a los recursos, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que se modifique la normativa y emitieron un dictamen favorable que será llevado a votación en la sesión plenaria N °4.
Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del ministerio, detalló que el dinero proviene de la titularización recibida por la autónoma, durante 2023, y forma parte de las disponibilidades de caja y bancos.
Para el servicio de consultorías, estudios complementarios y obras preliminares se destinarán $18,710,300.72; para el pago del personal destacado en el proyecto se utilizarán $780,596.69.
El proyecto
Desde 2022, cuando el Órgano Legislativo aprobó la Ley para la Construcción, Administración y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, la CEPA formuló el proyecto que tendrá un costo estimado de $335 millones. Este consiste en la construcción y equipamiento de una infraestructura aeroportuaria para atender a entre 350,000 y 500,000 salvadoreños o extranjeros, anualmente. Este monto podría ser mayor en función del aumento de la demanda.
Algunas de las inversiones que se realizarán con el presupuesto solicitado será la construcción de una pista de aterrizaje para atender vuelos de todo el continente americano, calles de rodaje y plataformas de viraje en las pistas; plataformas para estacionamientos de aeronaves y superficies limitadoras de obstáculos. También se realizarán obras de terracería y drenaje, área para instalaciones de combustible, instalaciones para control de tráfico aéreo, alumbrado aeronáutico del aeropuerto y un edificio para servicio de salvamento y extinción de incendios.
Asimismo, se construirá la terminal de pasajeros, la aduana, el área de espera de equipaje, los sanitarios, el estacionamiento, las instalaciones eléctricas, las bodegas, las oficinas administrativas y otras.
Con este ambicioso proyecto de infraestructura, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele busca dotar de una conexión aeroportuaria a la zona oriental de El Salvador, para propiciar el potencial de convertirse en un polo de desarrollo económico, incentivar la creciente demanda de pasajeros, desarrollar el turismo internacional y contribuir a activar el puerto de La Unión.
Se calcula que más de un millón de salvadoreños que residente en la zona oriental verá mejoras en su economía y se crearán 20,000 fuentes de empleos durante la ejecución del proyecto.
“Estamos creando un encadenamiento productivo que refuerce la economía local de La Unión, no solo habrá trabajando personas del departamento de La Unión, sino de oriente”, afirmó el diputado Soriano.
El legislador recordó que La Unión posee “activos productivos” (como sitios turísticos y modernas carreteras) que sirven de fuente para establecer nuevas formas de crecimiento. Agregó que muchos salvadoreños originarios de la zona oriental que residen en el extranjero están regresando al país a hacer inversiones, principalmente en el rubro turístico.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
