Política
Respaldo a iniciativa que permitirá avanzar construcción del Aeropuerto del Pacífico
“Hemos venido trabajando en etapas la obra de infraestructura más importante en la historia de La Unión. Esto lleva tiempo, lleva recursos”. Así justificó el diputado William Soriano, en la Comisión de Hacienda, la importancia de que la Asamblea Legislativa autorice la incorporación de fondos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que pueda financiar la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en ese departamento oriental.
Este lunes, la mesa legislativa estudió una solicitud del Ministerio de Hacienda para reformar la Ley de Presupuesto, en la parte que corresponde a CEPA, con el objetivo de incorporarle fondos provenientes de años anteriores, por un monto de $19,490,891.
Tras escuchar de representantes de Hacienda el uso que se les dará a los recursos, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que se modifique la normativa y emitieron un dictamen favorable que será llevado a votación en la sesión plenaria N °4.
Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del ministerio, detalló que el dinero proviene de la titularización recibida por la autónoma, durante 2023, y forma parte de las disponibilidades de caja y bancos.
Para el servicio de consultorías, estudios complementarios y obras preliminares se destinarán $18,710,300.72; para el pago del personal destacado en el proyecto se utilizarán $780,596.69.
El proyecto
Desde 2022, cuando el Órgano Legislativo aprobó la Ley para la Construcción, Administración y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, la CEPA formuló el proyecto que tendrá un costo estimado de $335 millones. Este consiste en la construcción y equipamiento de una infraestructura aeroportuaria para atender a entre 350,000 y 500,000 salvadoreños o extranjeros, anualmente. Este monto podría ser mayor en función del aumento de la demanda.
Algunas de las inversiones que se realizarán con el presupuesto solicitado será la construcción de una pista de aterrizaje para atender vuelos de todo el continente americano, calles de rodaje y plataformas de viraje en las pistas; plataformas para estacionamientos de aeronaves y superficies limitadoras de obstáculos. También se realizarán obras de terracería y drenaje, área para instalaciones de combustible, instalaciones para control de tráfico aéreo, alumbrado aeronáutico del aeropuerto y un edificio para servicio de salvamento y extinción de incendios.
Asimismo, se construirá la terminal de pasajeros, la aduana, el área de espera de equipaje, los sanitarios, el estacionamiento, las instalaciones eléctricas, las bodegas, las oficinas administrativas y otras.
Con este ambicioso proyecto de infraestructura, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele busca dotar de una conexión aeroportuaria a la zona oriental de El Salvador, para propiciar el potencial de convertirse en un polo de desarrollo económico, incentivar la creciente demanda de pasajeros, desarrollar el turismo internacional y contribuir a activar el puerto de La Unión.
Se calcula que más de un millón de salvadoreños que residente en la zona oriental verá mejoras en su economía y se crearán 20,000 fuentes de empleos durante la ejecución del proyecto.
“Estamos creando un encadenamiento productivo que refuerce la economía local de La Unión, no solo habrá trabajando personas del departamento de La Unión, sino de oriente”, afirmó el diputado Soriano.
El legislador recordó que La Unión posee “activos productivos” (como sitios turísticos y modernas carreteras) que sirven de fuente para establecer nuevas formas de crecimiento. Agregó que muchos salvadoreños originarios de la zona oriental que residen en el extranjero están regresando al país a hacer inversiones, principalmente en el rubro turístico.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
