Política
Respaldo a iniciativa que permitirá avanzar construcción del Aeropuerto del Pacífico
“Hemos venido trabajando en etapas la obra de infraestructura más importante en la historia de La Unión. Esto lleva tiempo, lleva recursos”. Así justificó el diputado William Soriano, en la Comisión de Hacienda, la importancia de que la Asamblea Legislativa autorice la incorporación de fondos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que pueda financiar la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en ese departamento oriental.
Este lunes, la mesa legislativa estudió una solicitud del Ministerio de Hacienda para reformar la Ley de Presupuesto, en la parte que corresponde a CEPA, con el objetivo de incorporarle fondos provenientes de años anteriores, por un monto de $19,490,891.
Tras escuchar de representantes de Hacienda el uso que se les dará a los recursos, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que se modifique la normativa y emitieron un dictamen favorable que será llevado a votación en la sesión plenaria N °4.
Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del ministerio, detalló que el dinero proviene de la titularización recibida por la autónoma, durante 2023, y forma parte de las disponibilidades de caja y bancos.
Para el servicio de consultorías, estudios complementarios y obras preliminares se destinarán $18,710,300.72; para el pago del personal destacado en el proyecto se utilizarán $780,596.69.
El proyecto
Desde 2022, cuando el Órgano Legislativo aprobó la Ley para la Construcción, Administración y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, la CEPA formuló el proyecto que tendrá un costo estimado de $335 millones. Este consiste en la construcción y equipamiento de una infraestructura aeroportuaria para atender a entre 350,000 y 500,000 salvadoreños o extranjeros, anualmente. Este monto podría ser mayor en función del aumento de la demanda.
Algunas de las inversiones que se realizarán con el presupuesto solicitado será la construcción de una pista de aterrizaje para atender vuelos de todo el continente americano, calles de rodaje y plataformas de viraje en las pistas; plataformas para estacionamientos de aeronaves y superficies limitadoras de obstáculos. También se realizarán obras de terracería y drenaje, área para instalaciones de combustible, instalaciones para control de tráfico aéreo, alumbrado aeronáutico del aeropuerto y un edificio para servicio de salvamento y extinción de incendios.
Asimismo, se construirá la terminal de pasajeros, la aduana, el área de espera de equipaje, los sanitarios, el estacionamiento, las instalaciones eléctricas, las bodegas, las oficinas administrativas y otras.
Con este ambicioso proyecto de infraestructura, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele busca dotar de una conexión aeroportuaria a la zona oriental de El Salvador, para propiciar el potencial de convertirse en un polo de desarrollo económico, incentivar la creciente demanda de pasajeros, desarrollar el turismo internacional y contribuir a activar el puerto de La Unión.
Se calcula que más de un millón de salvadoreños que residente en la zona oriental verá mejoras en su economía y se crearán 20,000 fuentes de empleos durante la ejecución del proyecto.
“Estamos creando un encadenamiento productivo que refuerce la economía local de La Unión, no solo habrá trabajando personas del departamento de La Unión, sino de oriente”, afirmó el diputado Soriano.
El legislador recordó que La Unión posee “activos productivos” (como sitios turísticos y modernas carreteras) que sirven de fuente para establecer nuevas formas de crecimiento. Agregó que muchos salvadoreños originarios de la zona oriental que residen en el extranjero están regresando al país a hacer inversiones, principalmente en el rubro turístico.
La comisión política de la Asamblea Legislativa concluyó ayer la tercera jornada de las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los entrevistados fueron Santos Guerra Grijalva, Karen Yasmín Hernández Salmerón, Marta María Iglesias Majano y José Antonio Martínez. Los candidatos fueron presentados por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes).
También se presentaron Óscar Alberto López Jerez y José Fernando Marroquín Galo, ambos propuestos por el CNJ.
Los seis aspirantes tuvieron la oportunidad de exponer una breve presentación de su trabajo profesional y expresar sus expectativas de trabajo en caso de ser electos para el cargo.
Los parlamentarios indagaron si los aspirantes mantienen afiliación partidaria, acerca de la perspectiva sobre las funciones del Órgano Judicial y su visión sobre posibles reformas.
Este proceso en la comisión política continuará el lunes 2 y 9 de septiembre, hasta completar las entrevistas de los 30 candidatos propuestos.
La comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea Legislativa empezó ayer el estudio de una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que busca crear más tribunales contra el crimen organizado.
Para ello, propone enmendar la ley orgánica judicial relacionada con la conversión, supresión, creación y ampliación de competencias de las sedes judiciales en los departamentos de Santa Ana, San Salvador y San Miguel.
La iniciativa ingresó a la Asamblea Legislativa a finales de julio y plantea que los juzgados de Paz y de Instrucción en varios distritos de los tres departamentos mencionados se conviertan en tribunales contra el crimen organizado.
«Se advierte que para mejorar la calidad del servicio de la administración de justicia es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta de los tribunales contra el crimen organizado», consideró la CSJ.
En San Salvador, los tribunales a reconvertir son el Juzgado de Instrucción de Mejicanos, el Juzgado Tercero de Paz de Ciudad Delgado, el Juzgado de Paz de Rosario de Mora, el Juzgado de Instrucción de Ilopango y el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque.
Mientras que en Santa Ana serían el Juzgado de Paz de Santa Rosa Guachipilín y el Juzgado de Paz de Masahuat.
La CSJ finalmente pidió que en el departamento de San Miguel los juzgados Segundo de Paz de Chinameca y Ciudad Barrios se conviertan en tribunales contra el crimen organizado.
Luego de que los funcionarios que velan por la seguridad nacional solicitaran a la Asamblea Legislativa la extensión del régimen de excepción, por 30 días, 57 diputados aprobaron la petición.
El fin de extender, del 9 de agosto hasta el 7 de septiembre, la implementación de esta importante herramienta de seguridad es para continuar protegiendo la vida y los bienes de la población salvadoreña.
“Hasta este momento tenemos más de 80 mil personas capturadas, 678 días sin homicidios en la gestión del Presidente Nayib Bukele, de los cuales 565 han sido durante el régimen de excepción”, aseguró el parlamentario Raúl Chamagua. “En este mes de agosto, llevamos cuatro días sin homicidios y en el 2024 un total de 160 días sin que se haya registrado un asesinato”, agregó.
En la sesión plenaria número 14, algunos legisladores de Nuevas Ideas retomaron una publicación realizada por el mandatario Nayib Bukele en su cuenta de X: “En el primer período presidencial, nos dieron absoluta confianza y con la ayuda de Dios, logramos un milagro que ha dejado al mundo perplejo…”.
Al respecto, el diputado Walter Coto destacó que se ha realizado un importante trabajo en el tema de la seguridad por parte de las instituciones estatales.
“Ha habido un cambio sustancial en materia de seguridad. Desde junio de 2019, con el Plan Control Territorial el presidente Bukele comenzó a atacar un fenómeno criminal tan organizado, que tenía tanto control en los territorios y hasta con un grado de jerarquización”, afirmó el parlamentario.
De acuerdo a Coto, las pandillas intentaron que dicho plan no funcionara e incluso ha habido entidades que, hoy por hoy, protegen a los delincuentes. Es por eso que se necesitó agilizar un proceso de captura de miembros de pandillas y es cuando se implementó el régimen de excepción.
El aplicación de esta medida se basa en el artículo 29 de la Constitución de la República, el cual faculta al Gobierno a establecer un régimen de excepción en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones al orden público.
“Este es un mecanismo constitucional y que ha traído tantos beneficios a los salvadoreños, porque hoy los jóvenes y sus padres no tienen temor por la paz y tranquilidad que tenemos. De a poco se ha ido consiguiendo lo que denominados ‘el milagro de El Salvador’”, expresó el diputado Coto.
