Política
Respaldo a iniciativa para declarar Día Nacional del Inspector Técnico de Salud Ambiental
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente dictaminó a favor de declarar el 27 de julio de cada año se conmemore el Día Nacional del Inspector Técnico de Salud Ambiental, con el objetivo de dignificar a este personal del sistema de salud.
Durante la discusión de la iniciativa, los parlamentarios resaltaron la labor que los inspectores técnicos de salud ambiental realizan en el país, como por ejemplo, ejecutar soluciones técnicas sobre el medio ambiente a través de la programación de actividades, para evitar así el mayor deterioro de la salud y del ambiente biofísico salvadoreño.
Además, se encargan de verificar la aplicación, cumplimento de las normas y reglamentos ambientales, medidas de bioseguridad en establecimientos públicos formales e informales y realizan labores constantes de desinfección y sanitización. También, vigilan el manejo de desechos bioinfecciosos, el cumplimiento de protocolos ante casos sospechosos, confirmados y defunciones por COVID-19, con el compromiso de mantener la salud de las personas, la familia y toda la comunidad.
El diputado Ricardo Rivas explicó que este sector no había sido tomado en cuenta para ser dignificado a través de un día especial; y sostuvo que el trabajo que ejecutan los técnicos en salud ambiental ayudan a cumplir la visión del Presidente Nayib Bukele en materia de salud.
Son más de 700 técnicos a nivel nacional y a pesar de que no tenían su día ellos lo celebran. Dignificarlos los motivará para que puedan hacer un mejor trabajo y que nuestro país siga avanzando y cumpliendo con la visión del presidente”, expresó Rivas.
Según el proyecto de decreto, con el apoyo de los técnicos la Dirección Ambiental ha hecho campañas de vacunación felina y antirrábica canina, cuya efectividad ha hecho que El Salvador no registre ningún caso de rabia humana desde hace 13 años.
El diputado Saúl Mancía resaltó la labor del personal, especialmente durante la emergencia actual por dengue. Él aseguró que son los inspectores técnicos quienes día y noche han realizado jornadas de fumigación y de concientización.
“Quiero agradecerles a estas 700 personas que, día con día, están tratando en estas comunidades para tener un país con más condiciones saludables. Desde el primer nivel de atención comienza la calidad de vida no podemos permitir que un caso que se puede prevenir se complique”, apuntó Mancía.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
