Política
Quijano advierte que cambiará chapas a diputados salientes del FMLN que no quieren entregar oficinas
El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, advirtió que tiene pensado cambiar cerraduras de las oficinas de los diputados salientes del FMLN que no las quieren entregar.
Quijano denunció que “el FMLN tiene ocho oficinas que no quiere entregar y que hacen falta porque hay diputados nuevos que ya me han hecho saber que no tienen oficinas”.
El funcionario recordó que “el FMLN pasó de tener 31 diputados a 23 y hay ocho oficinas de sus diputados que las tienen que entregar”.
“Voy a mandar a cambiar la cerraduras si es preciso”, señaló el presidente entrante, quien ha comenzado a lidiar con los problemas administrativos de la Asamblea.
Según la nueva correlación que tomó posesión el pasado martes, las oficinas de los diputados que salen del Frente serían distribuidas: dos para ARENA, tres para PCN, dos para PDC, una para CD y otra para el diputado no partidario.
Quijano también señaló que hay siete diputados de ARENA que le han manifestado no tener oficina y recordó lo que sucedió en la legislatura pasada: “Yo quedé arrimado a Rodrigo Ávila en el área de directivos, pero no es algo cómodo”.
El FMLN estaría reacomodando sus oficinas y al parecer no quiere entregarlas porque varios de sus diputados ahora serán asesores de la fracción, esto según lo confirmado por la jefa de fracción, Nidia Díaz.
Blandino Nerio, Rolando Mata, Misael Mejía y Zoila Quijada han sido contratados por la fracción como asesores en las diferentes comisiones en las que van a trabajar.
Gastos en remodelaciones
Asimismo, Quijano consideró que las administraciones anteriores se excedían en los montos asignados a cada diputado para remodelar las oficinas, y estimó que en la última transición que se tuvo (2015-2018) se gastaron $300,000.
“$15,000 para remodelar oficinas es un gasto desmesurado, y cada tres años se gastan miles de dólares en rremodelaciones. Voy a pedir reconsiderar esas cifras, que las oficinas se queden como están o tal vez una remodelación de $200”.
Quijano señaló la necesidad de la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea remarcando que “esto no se tuviera si habría un edificio con 84 oficinas, 83 iguales y una de la presidencia”.
De igual gorma, consideró que su antecesor, Guillermo Gallegos, no ejecutó esta obra debido al temor por críticas, no obstante remarcó que “la Asamblea reparte millones, la Corte Suprema de Justicia construye edificios en todo el país”.
De igual manera subrayó que “el edificio de la Asamblea es un lugar extremadamente peligroso, trabajan más de tres mil personas en él”.
Quijano rindió estas declaraciones en la entrevista Frente a Frente de TCS.
Por: El Salvador Times.
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.





