Política
Presidente Bukele prepara nuevo decreto para enfrentar el Covid-19
La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, confirmó que el Presidente de la República, Nayib Bukele y su equipo jurídico de Casa Presidencial está trabajando en la construcción de un nuevo decreto para dotar al Gobierno de las herramientas necesarias para enfrentar y combatir la pandemia del coronavirus o COVID-19.
“De manera responsable ese documento será enviado en las próximas horas a la Asamblea Legislativa, porque el Presidente mantiene una posición firme de defensa de la vida y por ese motivo se va a presentar la nueva iniciativa a los parlamentarios”, dijo la funcionaria.
La comisionada espera que el Congreso cumpla las disposiciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se ponga de acuerdo con el Ejecutivo y asuma su responsabilidad ante los salvadoreños que sufre los efectos de la pandemia del COVID-19.
Hasta la madrugada de este miércoles, las autoridades del Ministerio de Salud reportaban el fallecimiento de 119 personas por coronavirus, y se contabilizan 5,150 casos en todo El Salvador.
“No podemos estar hablando de leyes y situaciones ortodoxas en cuanto a la aplicación y concepción de las mismas, si no se sitúa en eso. La Sala, al declarar inconstitucionales los decretos ejecutivos, deja al Presidente sin las herramientas robustas para implementar la cuarentena. No sé si ellos están viendo la muerte y el dolor”, expresó.
“Tenemos un enorme vacío jurídico provocado por la falta de colaboración entre los órganos del Estado, y un Ejecutivo sin las herramientas sólidas para combatir la pandemia. Mientras los otros dos poderes se tiran la pelota”, explicó.
En ese sentido, la funcionaria adjudicó estas actitudes a una prioridad de los legisladores por los comicios de 2021.
“No podemos estar ubicados en un calendario electorero. De lo que tenemos que hablar es de la defensa de la vida, cuántas personas tienen que morir para que los tres poderes se pongan de acuerdo”, remarcó Carolina Recinos.
Aseguró que la petición del Presidente para poder dirigir una cuarentena no tiene como intención generar malestar en los salvadoreños. Dijo que, aunque la medida sanitaria puede cortar planes y ocasionar incomodidad, no existe otra estrategia en el mundo que haya dado resultados positivos en el manejo de la enfermedad.
“Las medidas que el Presidente ha solicitado para aplicar con más disciplina la cuarentena, se deben a que es difícil contener los flujos humanos. En los países de la región que tomaron la decisión temprana de reabrir la economía, han tenido que cerrarla, porque el COVID-19 es una enfermedad que desconocemos, ha ido mutando y causado rebrotes”, aseveró.
La comisionada insistió, que la restricción de derechos en el marco de una cuarentena es momentánea para preservar el derecho que se ubica por encima del resto, que es la defensa de la vida. El resto de derechos se podrán ejercer una vez terminada la emergencia.
En otro tema, la comisionada señaló que la Asamblea Legislativa no ha ratificado los fondos que el Gobierno ha gestionado como parte del fideicomiso administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), que va a servir para brindar soporte a las empresas en el pago de sus compromisos.
Explicó que de los $3,000 millones del fideicomiso, $1,009 ya fueron tramitados por el Gobierno y están en el Congreso a la espera de su aprobación. Además, están a la espera de ratificación $389 millones aprobados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), $500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De ratificarse estos fondos, luego de pasar por los tres candados puestos por los legisladores, el Gobierno podrá poner en marcha el apoyo para que las empresas paguen planilla y otras deudas. la emergencia.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
