Política
Presidente Bukele prepara nuevo decreto para enfrentar el Covid-19
La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, confirmó que el Presidente de la República, Nayib Bukele y su equipo jurídico de Casa Presidencial está trabajando en la construcción de un nuevo decreto para dotar al Gobierno de las herramientas necesarias para enfrentar y combatir la pandemia del coronavirus o COVID-19.
“De manera responsable ese documento será enviado en las próximas horas a la Asamblea Legislativa, porque el Presidente mantiene una posición firme de defensa de la vida y por ese motivo se va a presentar la nueva iniciativa a los parlamentarios”, dijo la funcionaria.
La comisionada espera que el Congreso cumpla las disposiciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se ponga de acuerdo con el Ejecutivo y asuma su responsabilidad ante los salvadoreños que sufre los efectos de la pandemia del COVID-19.
Hasta la madrugada de este miércoles, las autoridades del Ministerio de Salud reportaban el fallecimiento de 119 personas por coronavirus, y se contabilizan 5,150 casos en todo El Salvador.
“No podemos estar hablando de leyes y situaciones ortodoxas en cuanto a la aplicación y concepción de las mismas, si no se sitúa en eso. La Sala, al declarar inconstitucionales los decretos ejecutivos, deja al Presidente sin las herramientas robustas para implementar la cuarentena. No sé si ellos están viendo la muerte y el dolor”, expresó.
“Tenemos un enorme vacío jurídico provocado por la falta de colaboración entre los órganos del Estado, y un Ejecutivo sin las herramientas sólidas para combatir la pandemia. Mientras los otros dos poderes se tiran la pelota”, explicó.
En ese sentido, la funcionaria adjudicó estas actitudes a una prioridad de los legisladores por los comicios de 2021.
“No podemos estar ubicados en un calendario electorero. De lo que tenemos que hablar es de la defensa de la vida, cuántas personas tienen que morir para que los tres poderes se pongan de acuerdo”, remarcó Carolina Recinos.
Aseguró que la petición del Presidente para poder dirigir una cuarentena no tiene como intención generar malestar en los salvadoreños. Dijo que, aunque la medida sanitaria puede cortar planes y ocasionar incomodidad, no existe otra estrategia en el mundo que haya dado resultados positivos en el manejo de la enfermedad.
“Las medidas que el Presidente ha solicitado para aplicar con más disciplina la cuarentena, se deben a que es difícil contener los flujos humanos. En los países de la región que tomaron la decisión temprana de reabrir la economía, han tenido que cerrarla, porque el COVID-19 es una enfermedad que desconocemos, ha ido mutando y causado rebrotes”, aseveró.
La comisionada insistió, que la restricción de derechos en el marco de una cuarentena es momentánea para preservar el derecho que se ubica por encima del resto, que es la defensa de la vida. El resto de derechos se podrán ejercer una vez terminada la emergencia.
En otro tema, la comisionada señaló que la Asamblea Legislativa no ha ratificado los fondos que el Gobierno ha gestionado como parte del fideicomiso administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), que va a servir para brindar soporte a las empresas en el pago de sus compromisos.
Explicó que de los $3,000 millones del fideicomiso, $1,009 ya fueron tramitados por el Gobierno y están en el Congreso a la espera de su aprobación. Además, están a la espera de ratificación $389 millones aprobados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), $500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De ratificarse estos fondos, luego de pasar por los tres candados puestos por los legisladores, el Gobierno podrá poner en marcha el apoyo para que las empresas paguen planilla y otras deudas. la emergencia.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
