Política
Presidente Bukele le regresa la seguridad a diputados en medio de presión de crédito para beneficiar a policías y soldados
Luego de un par de horas de haberles retirado los agentes de Protección a Personalidades Importantes (PPI), el presidente de la República, Nayib Bukele, anuló la medida.
La orden de suspender el trabajo de los PPI fue girada en la noche del viernes, lo que fue confirmado por una circular que fue publicada en redes sociales.
De acuerdo al memorándum, las licencias y permisos para policías fueron suspendidas para disponer de todo el personal para “reforzar el plan de prevención territorial”.
Esta acción se de en marco, entre la disputa que se tiene el Ejecutivo con el Legislativo, porque el presidente Bukele ordena que se apruebe el préstamo de $109 millones que ha otorgado el BCIE para el financiamiento de la fase III del Plan Control Territorial, pero los parlamentarios son del pensamiento que se deben esclarecer algunos puntos antes de su aprobación.
En este sentido, varios parlamentarios han considerado que es una forma de presión política del Ejecutivo que les hayan retirado a los agentes PPI.
Otra acción de parte del presidente salvadoreño, que ha generado tensión entre los dos Órganos de Estado, es que en el articulo 167, numeral 7 de la Constitución que ordena las formación de una Comisión de Ministros para convocar a sesión extraordinaria a los diputados para abordar un tema de urgencia nacional, para el mandatario el tema de emergencia es la aprobación del préstamo.
Por lo tanto, Bukele convocó a los diputados a una sesión plenaria el día domingo a las 3 de la tarde.
Esta convocatoria no fue aceptada por los diputados, que de inmediato hicieron su respectivo estudio con el equipo de asesores, para refutar las pretensiones del Ejecutivo.
Además, otra acción del mandatario que está generando controversia es la invocatoria del artículo 87 de la Constitución, que da la potestad de la insurrección a la población salvadoreña.
En este sentido, ha convocado al “pueblo salvadoreño” a que se presente mañana al parlamenteo como medida de presión para que llegue el Parlamento Salvadoreño y “ser testigos de la sesión extraordinaria para la votación sobre el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial”.
En las afueras de la Asamblea hay un grupo de militares que dan custodia y personas han construido una tarima donde presume se reunirán los manifestantes,
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
