Política
Presidente Bukele le regresa la seguridad a diputados en medio de presión de crédito para beneficiar a policías y soldados
Luego de un par de horas de haberles retirado los agentes de Protección a Personalidades Importantes (PPI), el presidente de la República, Nayib Bukele, anuló la medida.
La orden de suspender el trabajo de los PPI fue girada en la noche del viernes, lo que fue confirmado por una circular que fue publicada en redes sociales.
De acuerdo al memorándum, las licencias y permisos para policías fueron suspendidas para disponer de todo el personal para “reforzar el plan de prevención territorial”.
Esta acción se de en marco, entre la disputa que se tiene el Ejecutivo con el Legislativo, porque el presidente Bukele ordena que se apruebe el préstamo de $109 millones que ha otorgado el BCIE para el financiamiento de la fase III del Plan Control Territorial, pero los parlamentarios son del pensamiento que se deben esclarecer algunos puntos antes de su aprobación.
En este sentido, varios parlamentarios han considerado que es una forma de presión política del Ejecutivo que les hayan retirado a los agentes PPI.
Otra acción de parte del presidente salvadoreño, que ha generado tensión entre los dos Órganos de Estado, es que en el articulo 167, numeral 7 de la Constitución que ordena las formación de una Comisión de Ministros para convocar a sesión extraordinaria a los diputados para abordar un tema de urgencia nacional, para el mandatario el tema de emergencia es la aprobación del préstamo.
Por lo tanto, Bukele convocó a los diputados a una sesión plenaria el día domingo a las 3 de la tarde.
Esta convocatoria no fue aceptada por los diputados, que de inmediato hicieron su respectivo estudio con el equipo de asesores, para refutar las pretensiones del Ejecutivo.
Además, otra acción del mandatario que está generando controversia es la invocatoria del artículo 87 de la Constitución, que da la potestad de la insurrección a la población salvadoreña.
En este sentido, ha convocado al “pueblo salvadoreño” a que se presente mañana al parlamenteo como medida de presión para que llegue el Parlamento Salvadoreño y “ser testigos de la sesión extraordinaria para la votación sobre el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial”.
En las afueras de la Asamblea hay un grupo de militares que dan custodia y personas han construido una tarima donde presume se reunirán los manifestantes,
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
