Política
Presidente Bukele busca suprimir 694 plazas que rondan los $11.3 millones al año
El presidente de la República, Nayib Bukele envió la semana pasada, a través del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, una propuesta de modificación a la Asamblea Legislativa de la Ley de Salarios de Casa Presidencial donde se contempla la supresión de 694 plazas de varias dependencias que tienen un costo anual de $11.3 millones.
En el documento enviado por Bukele se contempla la supresión de las secretarías de Asuntos Legislativos y Jurídicos; secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Secretaría de Gobernabilidad; Secretaría de Inclusión Social y el programa Ciudad Mujer; secretaría Técnica y de Planificación y sus tres dependencias y por último la división de Asistencia Alimentaria.
En la Ley de Salarios vigente (la que dejó el gobierno de Salvador Sánchez Cerén), la dependencia de CAPRES que más empleados tenía era la Secretaría de Inclusión Social (SIS), con 110 personas trabajando que representan un gasto salarial de $132,882.36. Esta tenía dos dependencias, una era la división de asistencia alimentaria y la otra el programa Ciudad Mujer.
Ciudad Mujer tenía en planilla a 197 personas para diferentes rubros. Bukele dijo que continuaría y que se iba a asignar a otro ministerio, pero por lo pronto aparece dentro de la lista para suprimir. Los 197 empleados de Ciudad Mujer representan una erogación mensual de $222,044.82
La otra dependencia de Inclusión Social era la división de Asistencia Alimentaria, que según se lee en la página de la SIS, se encargaba de “operativizar políticas de asistencia alimentaria y nutrición para apoyar grupos vulnerables”. Esta tenía 120 personas trabajando para ganar $86,676.96. La supresión de Inclusión Social y de Ciudad Mujer trajo consigo varias críticas al mandatario.
Bukele dijo que Inclusión Social se iría para el Ministerio de Cultura, pero por el momento también aparece dentro de los que se van a suprimir.
Luego aparece la secretaría Técnica y de Planificación, que tiene 63 empleados en distintos cargos y que de ella dependen tres unidades como la de Planificación del Desarrollo, Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional y Transformación del Órgano Legislativo. La propia Secretaría tiene 63 empleados, Planificación 16, Coordinación de Gobierno 19 y Transformación otros 34, totalizando 132 empleados para un gasto total de $298,241.16.
La siguiente es la secretaría de Transparencia, que tenía a cargo Marcos Rodríguez y tenía 65 empleados con un total mensual de $86,920. Le sigue la secretaría de Gobernabilidad con 49 empleados y $68,091.87 y finalmente la secretaría más pequeña de CAPRES, la de Asuntos Legislativos que se pagaba $49,352 mensual por sus 21 empleados.
Una suma entre los salarios mensuales anteriormente dichos da como resultado: la SIS con $132,882.36, Ciudad Mujer con $222,044.82, Asistencia Alimentaria con $86,676.96, la secretaría Técnica con $298,241.16, Transparencia con $86,920, Gobernabilidad con $68,091.87 y asuntos legislativos con $49,352 totalizan un coste mensual de $944,209, por lo que multiplicado por los 12 meses del año totaliza $11,330,510.16.
Los reclamos del FMLN
Luego de presentada la iniciativa a la Asamblea Legislativa, esta se sometió a votación para que pudiera ser enviada a la comisión y que se empezara con el análisis. La pieza pasó pero el FMLN no dio los votos y montó una conferencia de prensa para explicar su rechazo a la nueva normativa.
El partido, encabezado por su jefa de fracción, Nidia Díaz y por la encargada de temas de Hacienda, Yanci Urbina, explicó que además de estar suprimiendo los beneficios que se lograron con Ciudad Mujer y la secretaría de Inclusión Social se estaba dejando sin trabajo a 694 personas y afectado a la misma cantidad de familias.
“Adolece de legalidad desde el principio en el sentido de que no son explícitas las razones que justifican la supresión de las plazas que, al compararlas con la Ley de Salarios, representa el 52% del personal asignado a esa cartera de Estado. No hace ningún tratamiento especial al programa Ciudad Mujer, que conocimos por los medios de comunicación que tendría un traslado a otra dependencia”, dijo Yanci Urbina.
Urbina dijo que la supresión incluía plazas de ordenanzas, motoristas, plazas de técnicos de diferentes niveles. Agregó que la iniciativa pasada por alto las disposiciones del Servicio Civil.
“La posición del FMLN es un rechazo total y absoluto a los despidos, sobre todo aquellos injustificados y por supuesto a todo aquello que amenace contra la estabilidad laboral, nosotros lo rechazamos, porque no solo trae desempleo y hambre, sino que también inseguridad en las familias y violenta el derecho al trabajo y a los ingresos que todo ser humano tiene derecho”, indicó Nidia Díaz.
Por lo pronto, la pieza siguió su curso de ley y se encuentra en manos de la comisión de Hacienda de la Asamblea, donde puede haber un acuerdo sin los votos del FMLN y llegar al pleno, donde también fue ser aprobada a pesar de la oposición del Frente.
Por: El Salvador Times.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
