Política
Presidente Bukele busca suprimir 694 plazas que rondan los $11.3 millones al año
El presidente de la República, Nayib Bukele envió la semana pasada, a través del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, una propuesta de modificación a la Asamblea Legislativa de la Ley de Salarios de Casa Presidencial donde se contempla la supresión de 694 plazas de varias dependencias que tienen un costo anual de $11.3 millones.
En el documento enviado por Bukele se contempla la supresión de las secretarías de Asuntos Legislativos y Jurídicos; secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Secretaría de Gobernabilidad; Secretaría de Inclusión Social y el programa Ciudad Mujer; secretaría Técnica y de Planificación y sus tres dependencias y por último la división de Asistencia Alimentaria.
En la Ley de Salarios vigente (la que dejó el gobierno de Salvador Sánchez Cerén), la dependencia de CAPRES que más empleados tenía era la Secretaría de Inclusión Social (SIS), con 110 personas trabajando que representan un gasto salarial de $132,882.36. Esta tenía dos dependencias, una era la división de asistencia alimentaria y la otra el programa Ciudad Mujer.
Ciudad Mujer tenía en planilla a 197 personas para diferentes rubros. Bukele dijo que continuaría y que se iba a asignar a otro ministerio, pero por lo pronto aparece dentro de la lista para suprimir. Los 197 empleados de Ciudad Mujer representan una erogación mensual de $222,044.82
La otra dependencia de Inclusión Social era la división de Asistencia Alimentaria, que según se lee en la página de la SIS, se encargaba de “operativizar políticas de asistencia alimentaria y nutrición para apoyar grupos vulnerables”. Esta tenía 120 personas trabajando para ganar $86,676.96. La supresión de Inclusión Social y de Ciudad Mujer trajo consigo varias críticas al mandatario.
Bukele dijo que Inclusión Social se iría para el Ministerio de Cultura, pero por el momento también aparece dentro de los que se van a suprimir.
Luego aparece la secretaría Técnica y de Planificación, que tiene 63 empleados en distintos cargos y que de ella dependen tres unidades como la de Planificación del Desarrollo, Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional y Transformación del Órgano Legislativo. La propia Secretaría tiene 63 empleados, Planificación 16, Coordinación de Gobierno 19 y Transformación otros 34, totalizando 132 empleados para un gasto total de $298,241.16.
La siguiente es la secretaría de Transparencia, que tenía a cargo Marcos Rodríguez y tenía 65 empleados con un total mensual de $86,920. Le sigue la secretaría de Gobernabilidad con 49 empleados y $68,091.87 y finalmente la secretaría más pequeña de CAPRES, la de Asuntos Legislativos que se pagaba $49,352 mensual por sus 21 empleados.
Una suma entre los salarios mensuales anteriormente dichos da como resultado: la SIS con $132,882.36, Ciudad Mujer con $222,044.82, Asistencia Alimentaria con $86,676.96, la secretaría Técnica con $298,241.16, Transparencia con $86,920, Gobernabilidad con $68,091.87 y asuntos legislativos con $49,352 totalizan un coste mensual de $944,209, por lo que multiplicado por los 12 meses del año totaliza $11,330,510.16.
Los reclamos del FMLN
Luego de presentada la iniciativa a la Asamblea Legislativa, esta se sometió a votación para que pudiera ser enviada a la comisión y que se empezara con el análisis. La pieza pasó pero el FMLN no dio los votos y montó una conferencia de prensa para explicar su rechazo a la nueva normativa.
El partido, encabezado por su jefa de fracción, Nidia Díaz y por la encargada de temas de Hacienda, Yanci Urbina, explicó que además de estar suprimiendo los beneficios que se lograron con Ciudad Mujer y la secretaría de Inclusión Social se estaba dejando sin trabajo a 694 personas y afectado a la misma cantidad de familias.
“Adolece de legalidad desde el principio en el sentido de que no son explícitas las razones que justifican la supresión de las plazas que, al compararlas con la Ley de Salarios, representa el 52% del personal asignado a esa cartera de Estado. No hace ningún tratamiento especial al programa Ciudad Mujer, que conocimos por los medios de comunicación que tendría un traslado a otra dependencia”, dijo Yanci Urbina.
Urbina dijo que la supresión incluía plazas de ordenanzas, motoristas, plazas de técnicos de diferentes niveles. Agregó que la iniciativa pasada por alto las disposiciones del Servicio Civil.
“La posición del FMLN es un rechazo total y absoluto a los despidos, sobre todo aquellos injustificados y por supuesto a todo aquello que amenace contra la estabilidad laboral, nosotros lo rechazamos, porque no solo trae desempleo y hambre, sino que también inseguridad en las familias y violenta el derecho al trabajo y a los ingresos que todo ser humano tiene derecho”, indicó Nidia Díaz.
Por lo pronto, la pieza siguió su curso de ley y se encuentra en manos de la comisión de Hacienda de la Asamblea, donde puede haber un acuerdo sin los votos del FMLN y llegar al pleno, donde también fue ser aprobada a pesar de la oposición del Frente.
Por: El Salvador Times.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
