Política
Presidente Bukele busca suprimir 694 plazas que rondan los $11.3 millones al año

El presidente de la República, Nayib Bukele envió la semana pasada, a través del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, una propuesta de modificación a la Asamblea Legislativa de la Ley de Salarios de Casa Presidencial donde se contempla la supresión de 694 plazas de varias dependencias que tienen un costo anual de $11.3 millones.
En el documento enviado por Bukele se contempla la supresión de las secretarías de Asuntos Legislativos y Jurídicos; secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Secretaría de Gobernabilidad; Secretaría de Inclusión Social y el programa Ciudad Mujer; secretaría Técnica y de Planificación y sus tres dependencias y por último la división de Asistencia Alimentaria.
En la Ley de Salarios vigente (la que dejó el gobierno de Salvador Sánchez Cerén), la dependencia de CAPRES que más empleados tenía era la Secretaría de Inclusión Social (SIS), con 110 personas trabajando que representan un gasto salarial de $132,882.36. Esta tenía dos dependencias, una era la división de asistencia alimentaria y la otra el programa Ciudad Mujer.
Ciudad Mujer tenía en planilla a 197 personas para diferentes rubros. Bukele dijo que continuaría y que se iba a asignar a otro ministerio, pero por lo pronto aparece dentro de la lista para suprimir. Los 197 empleados de Ciudad Mujer representan una erogación mensual de $222,044.82
La otra dependencia de Inclusión Social era la división de Asistencia Alimentaria, que según se lee en la página de la SIS, se encargaba de “operativizar políticas de asistencia alimentaria y nutrición para apoyar grupos vulnerables”. Esta tenía 120 personas trabajando para ganar $86,676.96. La supresión de Inclusión Social y de Ciudad Mujer trajo consigo varias críticas al mandatario.
Bukele dijo que Inclusión Social se iría para el Ministerio de Cultura, pero por el momento también aparece dentro de los que se van a suprimir.
Luego aparece la secretaría Técnica y de Planificación, que tiene 63 empleados en distintos cargos y que de ella dependen tres unidades como la de Planificación del Desarrollo, Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional y Transformación del Órgano Legislativo. La propia Secretaría tiene 63 empleados, Planificación 16, Coordinación de Gobierno 19 y Transformación otros 34, totalizando 132 empleados para un gasto total de $298,241.16.
La siguiente es la secretaría de Transparencia, que tenía a cargo Marcos Rodríguez y tenía 65 empleados con un total mensual de $86,920. Le sigue la secretaría de Gobernabilidad con 49 empleados y $68,091.87 y finalmente la secretaría más pequeña de CAPRES, la de Asuntos Legislativos que se pagaba $49,352 mensual por sus 21 empleados.
Una suma entre los salarios mensuales anteriormente dichos da como resultado: la SIS con $132,882.36, Ciudad Mujer con $222,044.82, Asistencia Alimentaria con $86,676.96, la secretaría Técnica con $298,241.16, Transparencia con $86,920, Gobernabilidad con $68,091.87 y asuntos legislativos con $49,352 totalizan un coste mensual de $944,209, por lo que multiplicado por los 12 meses del año totaliza $11,330,510.16.
Los reclamos del FMLN
Luego de presentada la iniciativa a la Asamblea Legislativa, esta se sometió a votación para que pudiera ser enviada a la comisión y que se empezara con el análisis. La pieza pasó pero el FMLN no dio los votos y montó una conferencia de prensa para explicar su rechazo a la nueva normativa.
El partido, encabezado por su jefa de fracción, Nidia Díaz y por la encargada de temas de Hacienda, Yanci Urbina, explicó que además de estar suprimiendo los beneficios que se lograron con Ciudad Mujer y la secretaría de Inclusión Social se estaba dejando sin trabajo a 694 personas y afectado a la misma cantidad de familias.
“Adolece de legalidad desde el principio en el sentido de que no son explícitas las razones que justifican la supresión de las plazas que, al compararlas con la Ley de Salarios, representa el 52% del personal asignado a esa cartera de Estado. No hace ningún tratamiento especial al programa Ciudad Mujer, que conocimos por los medios de comunicación que tendría un traslado a otra dependencia”, dijo Yanci Urbina.
Urbina dijo que la supresión incluía plazas de ordenanzas, motoristas, plazas de técnicos de diferentes niveles. Agregó que la iniciativa pasada por alto las disposiciones del Servicio Civil.
“La posición del FMLN es un rechazo total y absoluto a los despidos, sobre todo aquellos injustificados y por supuesto a todo aquello que amenace contra la estabilidad laboral, nosotros lo rechazamos, porque no solo trae desempleo y hambre, sino que también inseguridad en las familias y violenta el derecho al trabajo y a los ingresos que todo ser humano tiene derecho”, indicó Nidia Díaz.
Por lo pronto, la pieza siguió su curso de ley y se encuentra en manos de la comisión de Hacienda de la Asamblea, donde puede haber un acuerdo sin los votos del FMLN y llegar al pleno, donde también fue ser aprobada a pesar de la oposición del Frente.
Por: El Salvador Times.
Nacionales
Manuel “El Chino” Flores critica falta de protestas contra el actual Gobierno

El secretario general del FMLN, Manuel “El Chino” Flores, cuestionó a la población por no manifestarse en las calles como lo hacían durante las administraciones de su partido.
Durante una transmisión en vivo, Flores instó a la ciudadanía a “dejar de esconder sus sentimientos” y a “llamar a su valentía interna”.
“Así como se atrevían muchos sindicatos de maestras, de maestros y todo, a salir a protestar contra el FMLN ¡Salgan! ¡Salgamos ahora!”, expresó el dirigente de izquierda.
Política
Aprueban fondos para agricultores

La Asamblea Legislativa reformó la Ley del presupuesto del Estado para incorporar $6 millones al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), con el objetivo de financiar el programa «Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol».
Con la anuencia de 59 diputados, fue aprobado el respectivo decreto legislativo, durante la sesión plenaria ordinaria 73.
Los recursos provienen de un financiamiento interno que hizo el CDCA con el Banco de Fomento Agropecuario, para contribuir con el incremento de la producción y productividad en El Salvador.
El decreto aprobado explica que los fondos serán destinados a la tecnificación y mecanización del proceso agrícola, lo cual contribuirá a dinamizar la economía local.
La iniciativa del Ejecutivo fue analizada por la comisión de hacienda y especial del presupuesto, tomando en cuenta la opinión de la subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, quien fue recibida durante la sesión de trabajo del lunes pasado.
Estos recursos permitirán lograr una modernización de las cadenas productivas por medio de la aplicación de estrategias de transformación eficientes, indicó Arce.
La funcionaria mencionó que otros de los beneficios esperados son: mejorar el rendimiento por manzana, logrando mejores cosechas y un incremento en la producción y rentabilidad; así como el incremento de la oferta que satisfaga la creciente demanda interna.
Política
Asamblea aprueba la 42ª prórroga del régimen de excepción

La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.