Política
Michelle Bachelet pide a los diputados de El Salvador no dar amnistía a los criminales que violaron los derechos humanos durante la guerra
EL Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió a la Asamblea Legislativa abstenerse de apoyar la propuesta de Ley de Amnistía que concedería una “amnistía absoluta e incondicional” a las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado (1980-1992).
En un comunicado difundido en la cuenta oficial del organismo internacional, Bachelet dijo que conceder el perdón absoluto iría en contra de las leyes internacionales. La propuesta ha sido realizada por el diputado del PDC Rodolfo Parker y ha sido muy criticada.
“Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y reputación y eso sería un grave revés para El Salvador. Las amnistías para los delitos más serios, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son contrarias a la ley internacional”, escribió Bachelet en el comunicado.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la anterior ley de Amnistía y mandó a los legisladores a hacer una nueva ley que garantice que se conozca la verdad, que haya justicia y reparaciones para las víctimas, pero la OACNUDH señaló que la propuesta de Parker no va en ese sentido.
“En lugar de lograr estos objetivos cruciales, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan. Y al lograr impunidad a los autores de delitos muy graves, aumentaría la probabilidad de que estos se repitiesen”, agregó la expresidenta.
De acuerdo a la misiva, algunos de los puntos propuestos en el proyecto buscan impedir la investigación y la sanción de los grandes delitos cometidos en el contexto de la guerra y de esta manera los responsables no irían a prisión.
“Exhorto a los legisladores a que aprovechen la oportunidad histórica de crear condiciones para la reconciliación, mediante la aprobación de una ley que permita la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en beneficio de las víctimas”, añadió.
Bachelet señaló que la OACNUDH está en la completa disposición de dar asistencia técnica a los legisladores para elaborar una ley que cumpla con el mandato otorgado por la Sala en julio de 2016.
Actualmente, la propuesta de ley de Parker es la única que ha llegado a la comisión Ad Hoc de la Asamblea, pero el FMLN anunció que presentará un proyecto en las próximas semanas.
Bachelet fue una de las principales voces en Chile para llevar ante la justicia al exdictador de Chile, Augusto Pinochet en la época de los 80s e inicios de los 90s.
Con información de El Salvador Times
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
