Judicial
Más irregularidades de fabricación comprobadas por un especialista en el Caso Corruptela que involucran a Douglas Meléndez y Jorge Cortez
En 2016 inició el proceso en contra del empresario salvadoreño Enrique Rais y el exfiscal general de la República, Luis Martínez y otros 27 acusados en el caso Corruptela; sin embargo, abogados recriminan que el expediente inicial 28-UIF-2016 inicia exclusivamente en contra del Banco Promérica.
La investigación en contra del Banco Promérica se realizó luego de una auditoría pormenorizada en donde a dicha institución bancaria se le acusa de una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de graves delitos. Dicho expediente 28-UIF-2016 nació de una denuncia de la Superintendencia del Sistema Financiero en contra del citado Banco Promérica, sin embargo, sin explicaciones de ninguna autoridad respectiva, casi por «arte de magia», la denuncia desaparece. Jorge Cortez no hizo ninguna imputación en contra de Promérica en aquel entonces.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promérica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
Absolutamente nada tenía que ver en la Noticia Criminis
Ni el ex presidente Funes
Ni Ex Fiscal Luis Martinez
Ni Enrique Rais… y mucho menos alguno de los 28 imputados por la FGR.
De forma inexplicable el expediente que denunciaba al Banco Promérica, cuando fue llegó a Requerimiento Fiscal presentado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez, increíblemente, ni siquiera mencionan al Banco mencionado, por lo que esto se convierte en un
Grave Fraude Procesal que deberán explicar ante los tribunales “
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia del Sistema Financiero también detectó que la referida institución bancaria mantenía desactivado el sistema monitor de Alerta de transferencias mayores de $50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la Unidad de Investigación Financiera.
Sin embargo, a pesar que el requerimiento fiscal inicial solamente incluía al citado banco, el exfiscal general Douglas Meléndez y Jorge Cortez exjefe de la UIF habrían buscado incriminar a toda costa al empresario Enrique Rais y al exfiscal Martínez y dejado de lado los delitos que el banco podría haber cometido, lo que significaría por parte de Meléndez y Cortez un grave fraude procesal que tendrían que explicar en los tribunales.
Con anterioridad, el exfiscal Douglas Meléndez ha sido acusado penalmente de coacción para que fiscales y empleados administrativos fabricaran pruebas falsas en contra del empresario Rais y del expresidente Funes. La abogada Tania Pastor, defensora de uno de los imputados en el caso “Destape a la Corrupción” presentó una denuncia penal contra Meléndez por someter a torturas a su representado para que declarara contra de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
LA DENUNCIA CONTRA PROMÉRICA
La FGR hace constar en su requerimiento inicial contra Rais-Martínez vinculando al juicio la existencia de un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, en el que esa institución denuncia, mediante el memorándum DR-08637, firmado por la directora de riesgos Lic. Genara Marleni de Rodríguez, al banco Promerica a quien, después de una auditoría pormenorizada, se le acusa de una serie de irregularidades constitutivas de delito.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promérica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades, tales como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia también detectó que el banco Promerica mantenía desactivado el sistema monitor de Alerta de transferencia mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la UIF.
Otro de los supuestos hallazgos del Sistema Financiero en dicho reporte, asegura que Promérica no investigaba a personas vinculadas a la lista Clinton, como lo ordena la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
Según Oficio No. 846/JEF/DIPDDF/PNC/2016, suscrito por aún comisionado Ines ALFREDO Mancia, jefe de la división investigación patrimonial de extinción de dominio, los datos fueron proporcionados por un informante que no quiso identificarse por motivos de seguridad .
Aquí cabe preguntarnos: porqué no aparece el Banco Promerica en el requerimiento Fiscal Contra Rais y Martínez, siendo el primer indiciado?. Lo que sí sabemos es que, sería bueno que el actual fiscal, Raul Melara, nos diera la versión oficial del porqué dicho banco no ha sido enjuiciado.
A estas alturas todos los jueces del país conocen las prácticas delincuenciales con que el ex fiscal Douglas Moreno “armó” el caso Rais-Martínez. Ningún juez que se precie de serlo, puede pasar por alto que cuando las dudas son más fuertes y más frecuentes que las supuestas verdades en un juicio, lo que se impone es la aplicación del indubio, cuyo principio obliga al juez a resolver a favor del reo.
Ante la falta de pruebas, lagunas fácticas y legislativas, negligencia policial, ministerial o judicial e interpretación de leyes contradictorias debe resolverse a favor de lo que resulte mas favorable al procesado. Los jueces no pueden evadir el cumplimiento de este principio, pues puede llevarlos a perjudicar a inocentes.
Como ya hemos dicho, este 25 de agosto se cumplen tres años desde que el ex fiscal Douglas Meléndez “armó” el caso Rais Martínez. Esperamos que a esas alturas el empresario Enrique Rais ya se encuentre en el país junto a su familia para atender sus negocios. Esperamos también, que el también ex fiscal Luis Martínez, haya abandonado la injusta cárcel que valientemente ha soportado todos estos años y pueda rehacer su vida familiar y profesional. La hora de la verdad se acerca.
Recientemente el abogado del empresario salvadoreño Enrique Rais también presentó una demanda penal en contra de Meléndez por los presuntos cometimientos de cuatro delitos que incluyen: fraude procesal, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y utilización ilegal de escuchas telefónicas.
Funes por su parte también ha demandado a Meléndez torturar testigos para que lo incriminaran en delitos que no cometió
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
