Judicial
Más irregularidades de fabricación comprobadas por un especialista en el Caso Corruptela que involucran a Douglas Meléndez y Jorge Cortez
En 2016 inició el proceso en contra del empresario salvadoreño Enrique Rais y el exfiscal general de la República, Luis Martínez y otros 27 acusados en el caso Corruptela; sin embargo, abogados recriminan que el expediente inicial 28-UIF-2016 inicia exclusivamente en contra del Banco Promérica.
La investigación en contra del Banco Promérica se realizó luego de una auditoría pormenorizada en donde a dicha institución bancaria se le acusa de una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de graves delitos. Dicho expediente 28-UIF-2016 nació de una denuncia de la Superintendencia del Sistema Financiero en contra del citado Banco Promérica, sin embargo, sin explicaciones de ninguna autoridad respectiva, casi por «arte de magia», la denuncia desaparece. Jorge Cortez no hizo ninguna imputación en contra de Promérica en aquel entonces.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promérica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
Absolutamente nada tenía que ver en la Noticia Criminis
Ni el ex presidente Funes
Ni Ex Fiscal Luis Martinez
Ni Enrique Rais… y mucho menos alguno de los 28 imputados por la FGR.
De forma inexplicable el expediente que denunciaba al Banco Promérica, cuando fue llegó a Requerimiento Fiscal presentado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez, increíblemente, ni siquiera mencionan al Banco mencionado, por lo que esto se convierte en un
Grave Fraude Procesal que deberán explicar ante los tribunales “
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia del Sistema Financiero también detectó que la referida institución bancaria mantenía desactivado el sistema monitor de Alerta de transferencias mayores de $50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la Unidad de Investigación Financiera.
Sin embargo, a pesar que el requerimiento fiscal inicial solamente incluía al citado banco, el exfiscal general Douglas Meléndez y Jorge Cortez exjefe de la UIF habrían buscado incriminar a toda costa al empresario Enrique Rais y al exfiscal Martínez y dejado de lado los delitos que el banco podría haber cometido, lo que significaría por parte de Meléndez y Cortez un grave fraude procesal que tendrían que explicar en los tribunales.
Con anterioridad, el exfiscal Douglas Meléndez ha sido acusado penalmente de coacción para que fiscales y empleados administrativos fabricaran pruebas falsas en contra del empresario Rais y del expresidente Funes. La abogada Tania Pastor, defensora de uno de los imputados en el caso “Destape a la Corrupción” presentó una denuncia penal contra Meléndez por someter a torturas a su representado para que declarara contra de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
LA DENUNCIA CONTRA PROMÉRICA
La FGR hace constar en su requerimiento inicial contra Rais-Martínez vinculando al juicio la existencia de un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, en el que esa institución denuncia, mediante el memorándum DR-08637, firmado por la directora de riesgos Lic. Genara Marleni de Rodríguez, al banco Promerica a quien, después de una auditoría pormenorizada, se le acusa de una serie de irregularidades constitutivas de delito.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promérica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades, tales como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia también detectó que el banco Promerica mantenía desactivado el sistema monitor de Alerta de transferencia mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la UIF.
Otro de los supuestos hallazgos del Sistema Financiero en dicho reporte, asegura que Promérica no investigaba a personas vinculadas a la lista Clinton, como lo ordena la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
Según Oficio No. 846/JEF/DIPDDF/PNC/2016, suscrito por aún comisionado Ines ALFREDO Mancia, jefe de la división investigación patrimonial de extinción de dominio, los datos fueron proporcionados por un informante que no quiso identificarse por motivos de seguridad .
Aquí cabe preguntarnos: porqué no aparece el Banco Promerica en el requerimiento Fiscal Contra Rais y Martínez, siendo el primer indiciado?. Lo que sí sabemos es que, sería bueno que el actual fiscal, Raul Melara, nos diera la versión oficial del porqué dicho banco no ha sido enjuiciado.
A estas alturas todos los jueces del país conocen las prácticas delincuenciales con que el ex fiscal Douglas Moreno “armó” el caso Rais-Martínez. Ningún juez que se precie de serlo, puede pasar por alto que cuando las dudas son más fuertes y más frecuentes que las supuestas verdades en un juicio, lo que se impone es la aplicación del indubio, cuyo principio obliga al juez a resolver a favor del reo.
Ante la falta de pruebas, lagunas fácticas y legislativas, negligencia policial, ministerial o judicial e interpretación de leyes contradictorias debe resolverse a favor de lo que resulte mas favorable al procesado. Los jueces no pueden evadir el cumplimiento de este principio, pues puede llevarlos a perjudicar a inocentes.
Como ya hemos dicho, este 25 de agosto se cumplen tres años desde que el ex fiscal Douglas Meléndez “armó” el caso Rais Martínez. Esperamos que a esas alturas el empresario Enrique Rais ya se encuentre en el país junto a su familia para atender sus negocios. Esperamos también, que el también ex fiscal Luis Martínez, haya abandonado la injusta cárcel que valientemente ha soportado todos estos años y pueda rehacer su vida familiar y profesional. La hora de la verdad se acerca.
Recientemente el abogado del empresario salvadoreño Enrique Rais también presentó una demanda penal en contra de Meléndez por los presuntos cometimientos de cuatro delitos que incluyen: fraude procesal, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y utilización ilegal de escuchas telefónicas.
Funes por su parte también ha demandado a Meléndez torturar testigos para que lo incriminaran en delitos que no cometió
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
