Judicial
Más irregularidades de fabricación comprobadas por un especialista en el Caso Corruptela que involucran a Douglas Meléndez y Jorge Cortez
En 2016 inició el proceso en contra del empresario salvadoreño Enrique Rais y el exfiscal general de la República, Luis Martínez y otros 27 acusados en el caso Corruptela; sin embargo, abogados recriminan que el expediente inicial 28-UIF-2016 inicia exclusivamente en contra del Banco Promérica.
La investigación en contra del Banco Promérica se realizó luego de una auditoría pormenorizada en donde a dicha institución bancaria se le acusa de una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de graves delitos. Dicho expediente 28-UIF-2016 nació de una denuncia de la Superintendencia del Sistema Financiero en contra del citado Banco Promérica, sin embargo, sin explicaciones de ninguna autoridad respectiva, casi por «arte de magia», la denuncia desaparece. Jorge Cortez no hizo ninguna imputación en contra de Promérica en aquel entonces.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promérica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
Absolutamente nada tenía que ver en la Noticia Criminis
Ni el ex presidente Funes
Ni Ex Fiscal Luis Martinez
Ni Enrique Rais… y mucho menos alguno de los 28 imputados por la FGR.
De forma inexplicable el expediente que denunciaba al Banco Promérica, cuando fue llegó a Requerimiento Fiscal presentado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez, increíblemente, ni siquiera mencionan al Banco mencionado, por lo que esto se convierte en un
Grave Fraude Procesal que deberán explicar ante los tribunales “
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia del Sistema Financiero también detectó que la referida institución bancaria mantenía desactivado el sistema monitor de Alerta de transferencias mayores de $50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la Unidad de Investigación Financiera.
Sin embargo, a pesar que el requerimiento fiscal inicial solamente incluía al citado banco, el exfiscal general Douglas Meléndez y Jorge Cortez exjefe de la UIF habrían buscado incriminar a toda costa al empresario Enrique Rais y al exfiscal Martínez y dejado de lado los delitos que el banco podría haber cometido, lo que significaría por parte de Meléndez y Cortez un grave fraude procesal que tendrían que explicar en los tribunales.
Con anterioridad, el exfiscal Douglas Meléndez ha sido acusado penalmente de coacción para que fiscales y empleados administrativos fabricaran pruebas falsas en contra del empresario Rais y del expresidente Funes. La abogada Tania Pastor, defensora de uno de los imputados en el caso “Destape a la Corrupción” presentó una denuncia penal contra Meléndez por someter a torturas a su representado para que declarara contra de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
LA DENUNCIA CONTRA PROMÉRICA
La FGR hace constar en su requerimiento inicial contra Rais-Martínez vinculando al juicio la existencia de un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, en el que esa institución denuncia, mediante el memorándum DR-08637, firmado por la directora de riesgos Lic. Genara Marleni de Rodríguez, al banco Promerica a quien, después de una auditoría pormenorizada, se le acusa de una serie de irregularidades constitutivas de delito.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promérica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades, tales como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia también detectó que el banco Promerica mantenía desactivado el sistema monitor de Alerta de transferencia mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la UIF.
Otro de los supuestos hallazgos del Sistema Financiero en dicho reporte, asegura que Promérica no investigaba a personas vinculadas a la lista Clinton, como lo ordena la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
Según Oficio No. 846/JEF/DIPDDF/PNC/2016, suscrito por aún comisionado Ines ALFREDO Mancia, jefe de la división investigación patrimonial de extinción de dominio, los datos fueron proporcionados por un informante que no quiso identificarse por motivos de seguridad .
Aquí cabe preguntarnos: porqué no aparece el Banco Promerica en el requerimiento Fiscal Contra Rais y Martínez, siendo el primer indiciado?. Lo que sí sabemos es que, sería bueno que el actual fiscal, Raul Melara, nos diera la versión oficial del porqué dicho banco no ha sido enjuiciado.
A estas alturas todos los jueces del país conocen las prácticas delincuenciales con que el ex fiscal Douglas Moreno “armó” el caso Rais-Martínez. Ningún juez que se precie de serlo, puede pasar por alto que cuando las dudas son más fuertes y más frecuentes que las supuestas verdades en un juicio, lo que se impone es la aplicación del indubio, cuyo principio obliga al juez a resolver a favor del reo.
Ante la falta de pruebas, lagunas fácticas y legislativas, negligencia policial, ministerial o judicial e interpretación de leyes contradictorias debe resolverse a favor de lo que resulte mas favorable al procesado. Los jueces no pueden evadir el cumplimiento de este principio, pues puede llevarlos a perjudicar a inocentes.
Como ya hemos dicho, este 25 de agosto se cumplen tres años desde que el ex fiscal Douglas Meléndez “armó” el caso Rais Martínez. Esperamos que a esas alturas el empresario Enrique Rais ya se encuentre en el país junto a su familia para atender sus negocios. Esperamos también, que el también ex fiscal Luis Martínez, haya abandonado la injusta cárcel que valientemente ha soportado todos estos años y pueda rehacer su vida familiar y profesional. La hora de la verdad se acerca.
Recientemente el abogado del empresario salvadoreño Enrique Rais también presentó una demanda penal en contra de Meléndez por los presuntos cometimientos de cuatro delitos que incluyen: fraude procesal, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y utilización ilegal de escuchas telefónicas.
Funes por su parte también ha demandado a Meléndez torturar testigos para que lo incriminaran en delitos que no cometió
Judicial
Cárcel para sujeto que asesinó brutalmente asesinó a su hija de 7 años y maltrató a otros tres niños
El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a 59 años de prisión a Neftalí Antonio Martínez Pimentel por feminicidio agravado y maltrato infantil.
La condena incluye 50 años por la muerte de su hija de 7 años, quien fue golpeada violentamente tras un incidente y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Además, fue sentenciado a 9 años por maltratar a sus otros tres hijos.
La Fiscalía detalló que la víctima no recibió atención médica y falleció en la vivienda familiar en Ahuachapán, tras ser abandonada por los adultos responsables. La madrastra ya fue condenada en otro proceso relacionado al caso.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
