Judicial
Más irregularidades de fabricación comprobadas por un especialista en el Caso Corruptela que involucran a Douglas Meléndez y Jorge Cortez
En 2016 inició el proceso en contra del empresario salvadoreño Enrique Rais y el exfiscal general de la República, Luis Martínez y otros 27 acusados en el caso Corruptela; sin embargo, abogados recriminan que el expediente inicial 28-UIF-2016 inicia exclusivamente en contra del Banco Promérica.
La investigación en contra del Banco Promérica se realizó luego de una auditoría pormenorizada en donde a dicha institución bancaria se le acusa de una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de graves delitos. Dicho expediente 28-UIF-2016 nació de una denuncia de la Superintendencia del Sistema Financiero en contra del citado Banco Promérica, sin embargo, sin explicaciones de ninguna autoridad respectiva, casi por «arte de magia», la denuncia desaparece. Jorge Cortez no hizo ninguna imputación en contra de Promérica en aquel entonces.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promérica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
Absolutamente nada tenía que ver en la Noticia Criminis
Ni el ex presidente Funes
Ni Ex Fiscal Luis Martinez
Ni Enrique Rais… y mucho menos alguno de los 28 imputados por la FGR.
De forma inexplicable el expediente que denunciaba al Banco Promérica, cuando fue llegó a Requerimiento Fiscal presentado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez, increíblemente, ni siquiera mencionan al Banco mencionado, por lo que esto se convierte en un
Grave Fraude Procesal que deberán explicar ante los tribunales “
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia del Sistema Financiero también detectó que la referida institución bancaria mantenía desactivado el sistema monitor de Alerta de transferencias mayores de $50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la Unidad de Investigación Financiera.
Sin embargo, a pesar que el requerimiento fiscal inicial solamente incluía al citado banco, el exfiscal general Douglas Meléndez y Jorge Cortez exjefe de la UIF habrían buscado incriminar a toda costa al empresario Enrique Rais y al exfiscal Martínez y dejado de lado los delitos que el banco podría haber cometido, lo que significaría por parte de Meléndez y Cortez un grave fraude procesal que tendrían que explicar en los tribunales.
Con anterioridad, el exfiscal Douglas Meléndez ha sido acusado penalmente de coacción para que fiscales y empleados administrativos fabricaran pruebas falsas en contra del empresario Rais y del expresidente Funes. La abogada Tania Pastor, defensora de uno de los imputados en el caso “Destape a la Corrupción” presentó una denuncia penal contra Meléndez por someter a torturas a su representado para que declarara contra de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
LA DENUNCIA CONTRA PROMÉRICA
La FGR hace constar en su requerimiento inicial contra Rais-Martínez vinculando al juicio la existencia de un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, en el que esa institución denuncia, mediante el memorándum DR-08637, firmado por la directora de riesgos Lic. Genara Marleni de Rodríguez, al banco Promerica a quien, después de una auditoría pormenorizada, se le acusa de una serie de irregularidades constitutivas de delito.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promérica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades, tales como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia también detectó que el banco Promerica mantenía desactivado el sistema monitor de Alerta de transferencia mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la UIF.
Otro de los supuestos hallazgos del Sistema Financiero en dicho reporte, asegura que Promérica no investigaba a personas vinculadas a la lista Clinton, como lo ordena la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
Según Oficio No. 846/JEF/DIPDDF/PNC/2016, suscrito por aún comisionado Ines ALFREDO Mancia, jefe de la división investigación patrimonial de extinción de dominio, los datos fueron proporcionados por un informante que no quiso identificarse por motivos de seguridad .
Aquí cabe preguntarnos: porqué no aparece el Banco Promerica en el requerimiento Fiscal Contra Rais y Martínez, siendo el primer indiciado?. Lo que sí sabemos es que, sería bueno que el actual fiscal, Raul Melara, nos diera la versión oficial del porqué dicho banco no ha sido enjuiciado.
A estas alturas todos los jueces del país conocen las prácticas delincuenciales con que el ex fiscal Douglas Moreno “armó” el caso Rais-Martínez. Ningún juez que se precie de serlo, puede pasar por alto que cuando las dudas son más fuertes y más frecuentes que las supuestas verdades en un juicio, lo que se impone es la aplicación del indubio, cuyo principio obliga al juez a resolver a favor del reo.
Ante la falta de pruebas, lagunas fácticas y legislativas, negligencia policial, ministerial o judicial e interpretación de leyes contradictorias debe resolverse a favor de lo que resulte mas favorable al procesado. Los jueces no pueden evadir el cumplimiento de este principio, pues puede llevarlos a perjudicar a inocentes.
Como ya hemos dicho, este 25 de agosto se cumplen tres años desde que el ex fiscal Douglas Meléndez “armó” el caso Rais Martínez. Esperamos que a esas alturas el empresario Enrique Rais ya se encuentre en el país junto a su familia para atender sus negocios. Esperamos también, que el también ex fiscal Luis Martínez, haya abandonado la injusta cárcel que valientemente ha soportado todos estos años y pueda rehacer su vida familiar y profesional. La hora de la verdad se acerca.
Recientemente el abogado del empresario salvadoreño Enrique Rais también presentó una demanda penal en contra de Meléndez por los presuntos cometimientos de cuatro delitos que incluyen: fraude procesal, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y utilización ilegal de escuchas telefónicas.
Funes por su parte también ha demandado a Meléndez torturar testigos para que lo incriminaran en delitos que no cometió
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
