Política
La fórmula presidencial por VAMOS destacó que una de sus metas es que cada centavo de los salvadoreños esté bien invertido
Transparencia, generación de condiciones para inversión, buen manejo del Estado, combate a la corrupción, seguridad, educación, servicios de calidad y resolver las necesidades de la gente, son algunas de las apuestas de la fórmula presidencial del partido VAMOS.
“Queremos hacer la mayor inversión social en nuestro país porque ahí sabemos que está la solución de los problemas”, dijo Josué Alvarado, candidato a la presidencia, durante el diálogo con los candidatos a la presidencia, organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), a través de su departamento de estudios políticos y la fundación Hanss Seidel.
Los candidatos realizaron sus planteamientos sobre los temas que más impactan a la población y, sobre todo, los aspectos que FRENAN el desarrollo y crecimiento del país.
Según explicó el candidato a la vicepresidencia, Roberto Rivera Ocampo, VAMOS propone un sistema nacional de transparencia y combate a la corrupción en la que una de las medidas principales tiene que ver con la creación de un gobierno digital, “Nos imaginamos un mapa de El Salvador con una infraestructura no solo física sino, también digital. Nosotros proponemos un Gobierno que abra sus puertas, que den la información necesaria sin que los ciudadanos la estén solicitando”, expresó.
Para Rivera Ocampo, también es importante reconocer que el derecho al acceso de información, debería ser casi un derecho constitucional. “Este sistema de transparencia y combate a la corrupción necesita de instituciones fuertes involucradas. Lo que no puede pasar en este país es que desparezca dinero público, robo de millones en nuestras narices y que nadie diga nada”, sostuvo.
En este sentido, dijo que VAMOS va a luchar porque los delitos de corrupción no prescriban y también en realizar una revisión responsable y seria del fuero y cómo se está utilizando.
“Las instituciones tendrán supervisión de parte de nuestro Gobierno, para que hagan lo que les corresponde y no para tapar la corrupción que otros cometan”, manifestó el candidato a la presidencia, Josué Alvarado, y fue enfático al destacar que el interés de VAMOS es sentar un precedente de transparencia. “Todos, desde el presidente y el vicepresidente, deben pasar ese filtro, solo así podemos garantizar la transparencia y llevar a cero la corrupción”, señaló.
La fórmula de VAMOS también se refirió a la seguridad tanto de la población como la seguridad jurídica. Josué Alvarado lamentó que la seguridad en el país es un tema que sólo se aborda en tiempos de campaña. “Lo hemos visto en el pasado: mano dura, mano extra dura. Pero poco ha tenido resultado. Los políticos sólo se enfocan en encontrar un nombre llamativo para resolver este problema, pero no dan una solución real”, manifestó.
El candidato a la presidencia señaló que VAMOS quiere despolitizar el tema de la violencia. “Nosotros VAMOS más allá de eso, VAMOS abordarlo con seriedad, acercarnos a esos territorios, recuperarlos, pero no a base de represión. Llegaremos con los servicios públicos, salud, educación”, manifestó. Además, dentro de su propuesta también se incluye el trabajo con los centros penales para la reinserción. “Proponemos que el sistema penitenciario se transforme en centros de rehabilitación y producción, no en centros de especialización en crímenes”, puntualizó por su parte, Rivera Ocampo.
En cuanto a la seguridad para la inversión, Rivera Ocampo destacó que se debe dar seguridad jurídica a todos los inversionistas para “que puedan venir al país e invertir y asegurarles que las reglas del juego no cambiarán, por lo menos en los próximos 20 años. También es deber del Estado brindarle seguridad física a los inversionistas y a sus trabajadores”, expresó.
Asimismo, los candidatos se refirieron a la necesidad de la modernización y capacitación constante de los cuerpos de seguridad para atender las condiciones actuales que son distintas a las que había en el periodo que fueron creados.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
