Política
Hacienda reporta 95.6 % de ejecución de los ingresos 2023
El Ministerio de Hacienda envió a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa el informe de cuenta del último presupuesto y estado de la situación del tesoro público y patrimonio fiscal de 2023 del país, del cual fue presentado ayer un informe técnico en la sesión del grupo de trabajo legislativo.
«El documento muestra datos relevantes sobre los porcentajes de ejecución de ingresos y gastos obtenidos durante el pasado ejercicio fiscal», se indica.
Son dos los apartados que desglosan la información fiscal: el Presupuesto General del Estado, que detalla, entre otros, una ejecución del 95.6 % de los ingresos, lo que corresponde a $9,290.3 millones; y el de Presupuestos Especiales, que aglutina ingresos y gastos de 87 instituciones descentralizadas no empresariales.
Además, se incluyen en el informe técnico a «12 entidades (institutos, consejos y fondos) que no se encuentran comprendidas dentro del alcance de la Ley de Presupuesto 2023, ya que sus respectivos presupuestos son aprobados mediante otros instrumento legales».
La principal fuente de recursos en el presupuesto nacional del año pasado fueron los ingresos corrientes, de los cuales se ejecutaron $7,112 millones; estos «provienen principalmente de la operatividad de la hacienda pública en lo referente a la recaudación de tributos», que totalizaron $6,770.2 millones.
Entre los ingresos tributarios ejecutados principales están el IVA ($3,176.6 millones), la Renta ($2,833.7 millones), y el Impuesto Sobre el Comercio Exterior ($494 millones).
«Originalmente en el presupuesto votado 2023 se había considerado ingresos tributarios por $6,327 millones; sin embargo, durante la ejecución presupuestaria real se captaron $6,770.2 millones, quedando un porcentaje de ejecución con respeto al presupuesto votado del 107 %.
Dicha mejora en la recaudación obedece a las estrategias de control tributario y a los programas de combate a la evasión y elusión implementadas por el Ministerio de Hacienda», se consigna en el informe expuesto en la comisión.
Agrega que «el Plan Antievasión fue una de las herramientas claves en la recuperación de ingresos, a través de acciones conjuntas con la Fiscalía General de la República».
En cuanto a los gastos, se resume que «para el ejercicio fiscal 2023 el monto votado fue de $8,902.7 millones… El monto modificado llegó a la cifra de $9,716.9 millones, de cuyo valor se lograron ejecutar $8,866.5 millones (91.2 %).
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
