Política
Diputados superan veto presidencial y devuelven facultad a FGR para combatir corrupción
Con los votos de la mayoría de diputados, el Pleno Legislativo superó el veto presidencial a las reformas de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que fueron aprobadas el pasado 20 de julio y que tienen como finalidad darle autonomía al funcionamiento de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía.
Las enmiendas fueron acordadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa como parte del cumplimiento de una serie de recomendaciones por el Grupo Egmont, un ente internacional que comparte información encaminada a facilitar el combate del lavado de dinero y la corrupción; del cual El Salvador es miembro.
La comisión, tras una serie de consultas y análisis, determinó este día la ratificación de la aprobación del Decreto Legislativo No. 57 por medio del cual se reforma el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, decisión que sometió a consideración del Pleno, contando con los votos que estable la Constitución para la superación de un veto presidencial.
La modificación establece que: “La Unidad de Investigación Financiera (UIF), es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Los diputados consideraron que era necesario armonizar los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los principios del Grupo EGMONT de las Unidades de Investigación Financiera, que determinaron la necesidad de dar autonomía funcional y técnica a dicha unidad.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Narcoactividad, diputado Antonio Armendáriz (PCN), se mostró satisfecho tras la votación que mantiene vigente las modificaciones que trabajó la mesa legislativa que dirige : “Agradezco a Dios y a los diputados que han reflexionado para superar este problema que íbamos a enfrentar. Es necesaria para la persecución del delito de narcotráfico y lavado de dinero. Me siento aliviado y le hemos cumplido a El Salvador.”
Pleno supera veto presidencial que mantiene las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía
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— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 18 de octubre de 2018
Mientras que el presidente del Congreso dijo que superar el veto a las reformas es un hecho histórico. Apoyamos la lucha contra la corrupción, subrayó.
Estos son los 56 diputados que invalidaron la decisión presidencial:
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El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
