Política
Diputados sin protección policial, les retiran agentes PPI asignados; y ARENA le hace un llamado a la FAES
Foto: Raúl Mercado/LPG
Los diputados de la Asamblea Legislativa estarán sin protección policial, luego de que la noche de ayer la Policía Nacional Civil (PNC) ordenó a través de una llamada telefónica, a cada uno de los agentes asignados a los legisladores, a entregar su equipo de trabajo.
Los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) son los encargados de proteger la vida de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, y serán reunidos este sábado en la sede donde funcionaba el Grupo de Reacción Policial (GRP) para tratar dicho tema y darles nuevas asignaciones.
Fuentes policiales confirmaron que la protección de los diputados queda sin efecto a partir de hoy hasta que se indique lo contrario.
Un llamado a mantener la institucionalidad
Por otra parte, el partido ARENA publicó un comunicado haciendo un llamado a la Fuerza Armada «a mantener la institucionalidad ante la crisis que podría afectar el orden constitucional salvadoreño», así como le recordó que el artículo 211 de la Constitución establece que «la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la Nación, es obediente, profesional, apolítica y no deliberante».
Según la exdiputada, Carolina Ramírez, la orden de retirar a los PPI de la protección de los diputados fue dada por el presidente de la República Nayib Bukele, y lamentó que «no sería raro que algún diputado sufra un atentado (en las próximas horas)».
Antes de conocerse la medida, la PNC suspendió las licencias de todo el personal a partir de este sábado desde las 4 de la tarde, en medio de un llamado a la insurrección, según el mandatario, si el parlamento no realiza una sesión plenaria extraordinaria para aprobar un préstamo de $109 millones, para financiar la fase III del Plan Control Territorial.
El préstamo que el mandatario urge para su aprobación será utilizado de la siguiente manera: $25.9 millones para equipos de infraestructura y videovigilancia; $46.9 para movilidad estratégica; $2.6 en equipo, infraestructura y mobiliario médico; $17.4 para equipo táctico; $12.9 de equipo médico y $3.3 millones para administración.
El parlamento, por su parte, convocó a la Comisión de Hacienda para el lunes de la próxima semana a fin de discutir y aprobar el dictamen del préstamo que pide Bukele, y someterlo a votación en la sesión plenaria del jueves. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, consideró que Bukele debe respetar la independencia de poderes.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
