Política
Diputados sin protección policial, les retiran agentes PPI asignados; y ARENA le hace un llamado a la FAES
Foto: Raúl Mercado/LPG
Los diputados de la Asamblea Legislativa estarán sin protección policial, luego de que la noche de ayer la Policía Nacional Civil (PNC) ordenó a través de una llamada telefónica, a cada uno de los agentes asignados a los legisladores, a entregar su equipo de trabajo.
Los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) son los encargados de proteger la vida de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, y serán reunidos este sábado en la sede donde funcionaba el Grupo de Reacción Policial (GRP) para tratar dicho tema y darles nuevas asignaciones.
Fuentes policiales confirmaron que la protección de los diputados queda sin efecto a partir de hoy hasta que se indique lo contrario.
Un llamado a mantener la institucionalidad
Por otra parte, el partido ARENA publicó un comunicado haciendo un llamado a la Fuerza Armada «a mantener la institucionalidad ante la crisis que podría afectar el orden constitucional salvadoreño», así como le recordó que el artículo 211 de la Constitución establece que «la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la Nación, es obediente, profesional, apolítica y no deliberante».
Según la exdiputada, Carolina Ramírez, la orden de retirar a los PPI de la protección de los diputados fue dada por el presidente de la República Nayib Bukele, y lamentó que «no sería raro que algún diputado sufra un atentado (en las próximas horas)».
Antes de conocerse la medida, la PNC suspendió las licencias de todo el personal a partir de este sábado desde las 4 de la tarde, en medio de un llamado a la insurrección, según el mandatario, si el parlamento no realiza una sesión plenaria extraordinaria para aprobar un préstamo de $109 millones, para financiar la fase III del Plan Control Territorial.
El préstamo que el mandatario urge para su aprobación será utilizado de la siguiente manera: $25.9 millones para equipos de infraestructura y videovigilancia; $46.9 para movilidad estratégica; $2.6 en equipo, infraestructura y mobiliario médico; $17.4 para equipo táctico; $12.9 de equipo médico y $3.3 millones para administración.
El parlamento, por su parte, convocó a la Comisión de Hacienda para el lunes de la próxima semana a fin de discutir y aprobar el dictamen del préstamo que pide Bukele, y someterlo a votación en la sesión plenaria del jueves. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, consideró que Bukele debe respetar la independencia de poderes.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
