Política
Diputado Guillermo Gallegos aduce posible acuerdo entre ARENA y FMLN para no desaforar a Norman Quijano
La solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), contra el diputado de ARENA, Norman Quijano, lleva ya tres semanas en la Asamblea Legislativa, desde su emisión el pasado 27 de enero.
Para el diputado de GANA y vicepresidente del órgano legislativo, Guillermo Gallegos, el tema puede estar retrasándose por un posible “acuerdo” entre los partidos políticos del FMLN y ARENA, para que Quijano no enfrente el antejuicio en las instancias judiciales del país por supuestas reuniones con pandillas previo a las elecciones del 2014.
Para el parlamentario, se ha perdido mucho tiempo en temas “cosméticos” y se han dejado de lado puntos importantes en el seno legislativo.
“Temo que haya acuerdos entre ARENA y el FMLN para tratar de no quitarle el fuero a Norman Quijano, a mi juicio si hay elementos para desaforar”, consideró Gallegos durante una entrevista televisiva.
El análisis del respectivo requerimiento fiscal ha sido retrasado por tres semanas en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Debido a la interpelación que la Asamblea realizó a la ministra de Salud, Ana Orellana y al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, la comisión no se reunió el pasado lunes y no fue convocada tras la finalización del interrogatorio.
En la reunión posterior a la entrega del requerimiento el presidente de la comisión, Mario Tenorio, aseguró que no se analizó el documento porque quería entregarle una copia física a cada fracción.
La semana anterior no se reunieron debido a los inconvenientes ocurridos en Asamblea, con el ingreso del Presidente de la República, Nayib Bukele, acompañado de efectivos militares en el Salón Azul.
Luego de finalizarse la interpelación fueron convocadas algunas comisiones. Sin embargo, la comisión que le corresponde analizar la solicitud de desafuero contra Quijano no fue citada.
Los señalamientos sobre el expresidente de la Asamblea surgen después que un testigo criteriado, del juicio a implicados en el caso conocido como «Operación Cuscatlán», afirmara que varios políticos y otras personas sostuvieron reuniones con pandillas.
Quijano ha negado en reiteradas ocasiones las reuniones y asegura que se debe a una «cortina de humo» lanzada por el Presidente de la República, Nayib Bukele, para «ocultar sus decisiones desacertadas».
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
