Política
Asamblea Legislativa nombrará de su pleno a diputado defensor de Norman Quijano
Ante la incomparecencia del diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el procedimiento de antejuicio contra él, los diputados acordaron por unanimidad solicitar a la Junta Directiva que sea el pleno quien designe a un legislador para que lo defienda.
El plazo para que el diputado, acusado por la Fiscalía General de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, se presentara ante la Comisión Especial o enviara a sus abogados se venció este 11 de noviembre, explicó el presidente de la mesa de trabajo, Raúl Castillo.
Es por ello que los legisladores consensuaron hacer cumplir el artículo 127 del Reglamento Interno del Órgano Legislativa, el cual establece que el denunciado podrá defenderse personalmente o nombrar a un defensor del seno de la Asamblea, o externo a ella para que lo represente. Agrega que si el denunciado no nombra a un abogado, ni desea defenderse personalmente, la institución le designará uno.
Se espera que la elección de la persona que desempeñará el rol de defensor se realice durante la sesión plenaria de la próxima semana.
El pasado 3 de noviembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó al Órgano Legislativo una solicitud para que al arenero —quien desde hace varios meses se encuentra en Honduras — se le haga un proceso de antejuicio y se le retire el fuero constitucional para que pueda enfrentar un proceso judicial, como una persona común, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Las investigaciones del Ministerio Público indican que Quijano habría hecho negociaciones con pandillas a cambio de apoyo electoral para las elecciones de 2014, en las que él aspiraba a convertirse en presidente de El Salvador.
“Como legisladores, tenemos la responsabilidad de respetar las garantías constitucionales para que el proceso no sea viciado. Estamos comprometidos con el pueblo para llegar a la verdad”, expresó el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz.
El presidente de la Comisión Especial detalló que una vez que se le asigne un abogado a Quijano se le entregará toda la información recabada en la investigación. Además, reiteró que se realizará un trabajo serio y apegado a la ley.
“Posteriormente, ejecutaremos las siguientes etapas del proceso, como la apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos por parte de los fiscales y defensa y el análisis de las pruebas, discusión y emisión del dictamen”, señaló el legislador.
En la sesión de trabajo, el diputado Carlos Bruch recalcó que, en el pasado, “hubo dos grandes grupos” que generaron violencia en el país, se jactaron de ella y no han enfrentado la justicia.
En el mismo sentido se pronunció Marcela Pineda, quien se desempeña como fiscal del caso. Ella aseguró que se llegarán hasta las últimas consecuencias para que prevalezca la justicia y que los responsables de crear mecanismos de corrupción sean castigados
“Su prioridad no eran los salvadoreños, sino mantener los mecanismos de corrupción que les permitieran seguirse beneficiando a costa del dolor de los salvadoreños”, reprochó la legisladora.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
