Ante la incomparecencia del diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el procedimiento de antejuicio contra él, los diputados acordaron por unanimidad solicitar a la Junta Directiva que sea el pleno quien designe a un legislador para que lo defienda.

El plazo para que el diputado, acusado por la Fiscalía General de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, se presentara ante la Comisión Especial o enviara a sus abogados se venció este 11 de noviembre, explicó el presidente de la mesa de trabajo, Raúl Castillo. 

Es por ello que los legisladores consensuaron hacer cumplir el artículo 127 del Reglamento Interno del Órgano Legislativa, el cual establece que el denunciado podrá defenderse personalmente o nombrar a un defensor del seno de la Asamblea, o externo a ella para que lo represente. Agrega que si el denunciado no nombra a un abogado, ni desea defenderse personalmente, la institución le designará uno.

Se espera que la elección de la persona que desempeñará el rol de defensor se realice durante la sesión plenaria de la próxima semana.

El pasado 3 de noviembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó al Órgano Legislativo una solicitud para que al arenero —quien desde hace varios meses se encuentra en Honduras — se le haga un proceso de antejuicio y se le retire el fuero constitucional para que pueda enfrentar un proceso judicial, como una persona común, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Las investigaciones del Ministerio Público indican que Quijano habría hecho negociaciones con pandillas a cambio de apoyo electoral para las elecciones de 2014, en las que él aspiraba a convertirse en presidente de El Salvador.  

“Como legisladores, tenemos la responsabilidad de respetar las garantías constitucionales para que el proceso no sea viciado. Estamos comprometidos con el pueblo para llegar a la verdad”, expresó el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz.

El presidente de la Comisión Especial detalló que una vez que se le asigne un abogado a Quijano se le entregará toda la información recabada en la investigación. Además, reiteró que se realizará un trabajo serio y apegado a la ley.

“Posteriormente, ejecutaremos las siguientes etapas del proceso, como la apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos por parte de los fiscales y defensa y el análisis de las pruebas, discusión y emisión del dictamen”, señaló el legislador.

En la sesión de trabajo, el diputado Carlos Bruch recalcó que, en el pasado, “hubo dos grandes grupos” que generaron violencia en el país, se jactaron de ella y no han enfrentado la justicia.

En el mismo sentido se pronunció Marcela Pineda, quien se desempeña como fiscal del caso. Ella aseguró que se llegarán hasta las últimas consecuencias para que prevalezca la justicia y que los responsables de crear mecanismos de corrupción sean castigados

“Su prioridad no eran los salvadoreños, sino mantener los mecanismos de corrupción que les permitieran seguirse beneficiando a costa del dolor de los salvadoreños”, reprochó la legisladora.