Política
Asamblea Legislativa nombrará de su pleno a diputado defensor de Norman Quijano
Ante la incomparecencia del diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el procedimiento de antejuicio contra él, los diputados acordaron por unanimidad solicitar a la Junta Directiva que sea el pleno quien designe a un legislador para que lo defienda.
El plazo para que el diputado, acusado por la Fiscalía General de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, se presentara ante la Comisión Especial o enviara a sus abogados se venció este 11 de noviembre, explicó el presidente de la mesa de trabajo, Raúl Castillo.
Es por ello que los legisladores consensuaron hacer cumplir el artículo 127 del Reglamento Interno del Órgano Legislativa, el cual establece que el denunciado podrá defenderse personalmente o nombrar a un defensor del seno de la Asamblea, o externo a ella para que lo represente. Agrega que si el denunciado no nombra a un abogado, ni desea defenderse personalmente, la institución le designará uno.
Se espera que la elección de la persona que desempeñará el rol de defensor se realice durante la sesión plenaria de la próxima semana.
El pasado 3 de noviembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó al Órgano Legislativo una solicitud para que al arenero —quien desde hace varios meses se encuentra en Honduras — se le haga un proceso de antejuicio y se le retire el fuero constitucional para que pueda enfrentar un proceso judicial, como una persona común, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Las investigaciones del Ministerio Público indican que Quijano habría hecho negociaciones con pandillas a cambio de apoyo electoral para las elecciones de 2014, en las que él aspiraba a convertirse en presidente de El Salvador.
“Como legisladores, tenemos la responsabilidad de respetar las garantías constitucionales para que el proceso no sea viciado. Estamos comprometidos con el pueblo para llegar a la verdad”, expresó el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz.
El presidente de la Comisión Especial detalló que una vez que se le asigne un abogado a Quijano se le entregará toda la información recabada en la investigación. Además, reiteró que se realizará un trabajo serio y apegado a la ley.
“Posteriormente, ejecutaremos las siguientes etapas del proceso, como la apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos por parte de los fiscales y defensa y el análisis de las pruebas, discusión y emisión del dictamen”, señaló el legislador.
En la sesión de trabajo, el diputado Carlos Bruch recalcó que, en el pasado, “hubo dos grandes grupos” que generaron violencia en el país, se jactaron de ella y no han enfrentado la justicia.
En el mismo sentido se pronunció Marcela Pineda, quien se desempeña como fiscal del caso. Ella aseguró que se llegarán hasta las últimas consecuencias para que prevalezca la justicia y que los responsables de crear mecanismos de corrupción sean castigados
“Su prioridad no eran los salvadoreños, sino mantener los mecanismos de corrupción que les permitieran seguirse beneficiando a costa del dolor de los salvadoreños”, reprochó la legisladora.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
