Política
Asamblea Legislativa nombrará de su pleno a diputado defensor de Norman Quijano
Ante la incomparecencia del diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el procedimiento de antejuicio contra él, los diputados acordaron por unanimidad solicitar a la Junta Directiva que sea el pleno quien designe a un legislador para que lo defienda.
El plazo para que el diputado, acusado por la Fiscalía General de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, se presentara ante la Comisión Especial o enviara a sus abogados se venció este 11 de noviembre, explicó el presidente de la mesa de trabajo, Raúl Castillo.
Es por ello que los legisladores consensuaron hacer cumplir el artículo 127 del Reglamento Interno del Órgano Legislativa, el cual establece que el denunciado podrá defenderse personalmente o nombrar a un defensor del seno de la Asamblea, o externo a ella para que lo represente. Agrega que si el denunciado no nombra a un abogado, ni desea defenderse personalmente, la institución le designará uno.
Se espera que la elección de la persona que desempeñará el rol de defensor se realice durante la sesión plenaria de la próxima semana.
El pasado 3 de noviembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó al Órgano Legislativo una solicitud para que al arenero —quien desde hace varios meses se encuentra en Honduras — se le haga un proceso de antejuicio y se le retire el fuero constitucional para que pueda enfrentar un proceso judicial, como una persona común, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Las investigaciones del Ministerio Público indican que Quijano habría hecho negociaciones con pandillas a cambio de apoyo electoral para las elecciones de 2014, en las que él aspiraba a convertirse en presidente de El Salvador.
“Como legisladores, tenemos la responsabilidad de respetar las garantías constitucionales para que el proceso no sea viciado. Estamos comprometidos con el pueblo para llegar a la verdad”, expresó el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz.
El presidente de la Comisión Especial detalló que una vez que se le asigne un abogado a Quijano se le entregará toda la información recabada en la investigación. Además, reiteró que se realizará un trabajo serio y apegado a la ley.
“Posteriormente, ejecutaremos las siguientes etapas del proceso, como la apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos por parte de los fiscales y defensa y el análisis de las pruebas, discusión y emisión del dictamen”, señaló el legislador.
En la sesión de trabajo, el diputado Carlos Bruch recalcó que, en el pasado, “hubo dos grandes grupos” que generaron violencia en el país, se jactaron de ella y no han enfrentado la justicia.
En el mismo sentido se pronunció Marcela Pineda, quien se desempeña como fiscal del caso. Ella aseguró que se llegarán hasta las últimas consecuencias para que prevalezca la justicia y que los responsables de crear mecanismos de corrupción sean castigados
“Su prioridad no eran los salvadoreños, sino mantener los mecanismos de corrupción que les permitieran seguirse beneficiando a costa del dolor de los salvadoreños”, reprochó la legisladora.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
