Política
ARENA quiere recuperar su relevancia en la Asamblea Legislativa
El partido ARENA quiere recobrar la gobernabilidad de la que anteriormente gozaba por la cantidad de diputados que tenía en la Asamblea Legislativa, pero que perdió en las elecciones del 28 de febrero de 2021, cuando fue despreciado por el pueblo salvadoreño, que prefirió al partido Nuevas Ideas.
Con sus diputados, el partido tricolor dio, en parte, gobernabilidad al último gobierno del FMLN, liderado por Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero que al término de su gestión huyó a Nicaragua, donde se nacionalizó para evitar la justicia salvadoreña por actos de corrupción con fondos públicos.
En 2016, cuando el Gobierno farabundista de Sánchez Cerén enfrentó problemas financieros, ARENA aceptó darle los votos para que el Estado emitiera $500 millones en bonos, pero lo chantajeó con que a cambio debía aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Dicha normativa fue aprobada en la Asamblea Legislativa, pero el tricolor se retractó y solo dio los votos para la mitad del dinero, es decir, $250 millones.
En ese momento, ARENA tenía la «llave» de los votos en la Asamblea Legislativa porque disponía de 35 diputados, mientras que los partidos FMLN, PCN, PDC y CD sumaban 49. O sea, para llegar a cualquier acuerdo —como la adquisición de préstamos— estos cuatro partidos juntos necesitaban la mayoría calificada, que solo se lograba en acuerdo con ARENA.
Tener esa gobernabilidad o correlación legislativa le sirvió al tricolor para canjear la elección de funcionarios de segundo grado. Por ejemplo, el partido GANA (ahora aliado del Gobierno) denunció que ARENA le dio los votos al FMLN para que se eligiera como procurador de derechos humanos a Apolonio Serrano, quien fue financista del partido rojo cuando trabajó como asesor en la Asamblea Legislativa.
A cambio, el FMLN votó para elegir como fiscal general de la república a Raúl Melara, quien antes de ocupar ese cargo fue asesor del candidato presidencial de ARENA en los comicios de 2019. Usuarios de redes sociales compartieron, en ese contexto electoral y poselectoral, varias fotos y videos de Melara en actividades proselitistas del tricolor.
ARENA y el FMLN fueron derrotados en las urnas el 28 de febrero de 2021 por Nuevas Ideas y ahora se unen programáticamente para tratar de afectar el trabajo del presidente de la república, Nayib Bukele, quien asumió el Ejecutivo el 1.º de junio de 2019, tras elecciones libres y democráticas.
En la Asamblea, ambos partidos bloquearon, teniendo correlación, el trabajo del Ejecutivo impidiendo, por ejemplo, el financiamiento para la ejecución de las fases II y III del Plan Control Territorial (PCT) y además decidieron, como acto proselitista, interpelar a funcionarios de carteras e instituciones como Salud, la Defensa, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Con la toma de posesión de los nuevos diputados (con la mayoría calificada de Nuevas Ideas), el 1.º de mayo de 2021 concluyó la vieja forma de gobernabilidad del tricolor. Actualmente, el partido cian no depende de otros partidos políticos para aprobar leyes o recursos económicos en favor de los salvadoreños ni para elegir a funcionarios.
Sin embargo, ARENA quiere destruir esa buena gobernabilidad. Carlos Araujo, asesor de ese instituto político, recomendó que los partidos de oposición se enfoquen en obtener en 2024 el mayor número de diputaciones para reducir los 56 que actualmente tiene el partido cian y de esa manera afectar el trabajo del presidente Nayib Bukele.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
