Política
ARENA quiere recuperar su relevancia en la Asamblea Legislativa
El partido ARENA quiere recobrar la gobernabilidad de la que anteriormente gozaba por la cantidad de diputados que tenía en la Asamblea Legislativa, pero que perdió en las elecciones del 28 de febrero de 2021, cuando fue despreciado por el pueblo salvadoreño, que prefirió al partido Nuevas Ideas.
Con sus diputados, el partido tricolor dio, en parte, gobernabilidad al último gobierno del FMLN, liderado por Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero que al término de su gestión huyó a Nicaragua, donde se nacionalizó para evitar la justicia salvadoreña por actos de corrupción con fondos públicos.
En 2016, cuando el Gobierno farabundista de Sánchez Cerén enfrentó problemas financieros, ARENA aceptó darle los votos para que el Estado emitiera $500 millones en bonos, pero lo chantajeó con que a cambio debía aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Dicha normativa fue aprobada en la Asamblea Legislativa, pero el tricolor se retractó y solo dio los votos para la mitad del dinero, es decir, $250 millones.
En ese momento, ARENA tenía la «llave» de los votos en la Asamblea Legislativa porque disponía de 35 diputados, mientras que los partidos FMLN, PCN, PDC y CD sumaban 49. O sea, para llegar a cualquier acuerdo —como la adquisición de préstamos— estos cuatro partidos juntos necesitaban la mayoría calificada, que solo se lograba en acuerdo con ARENA.
Tener esa gobernabilidad o correlación legislativa le sirvió al tricolor para canjear la elección de funcionarios de segundo grado. Por ejemplo, el partido GANA (ahora aliado del Gobierno) denunció que ARENA le dio los votos al FMLN para que se eligiera como procurador de derechos humanos a Apolonio Serrano, quien fue financista del partido rojo cuando trabajó como asesor en la Asamblea Legislativa.
A cambio, el FMLN votó para elegir como fiscal general de la república a Raúl Melara, quien antes de ocupar ese cargo fue asesor del candidato presidencial de ARENA en los comicios de 2019. Usuarios de redes sociales compartieron, en ese contexto electoral y poselectoral, varias fotos y videos de Melara en actividades proselitistas del tricolor.
ARENA y el FMLN fueron derrotados en las urnas el 28 de febrero de 2021 por Nuevas Ideas y ahora se unen programáticamente para tratar de afectar el trabajo del presidente de la república, Nayib Bukele, quien asumió el Ejecutivo el 1.º de junio de 2019, tras elecciones libres y democráticas.
En la Asamblea, ambos partidos bloquearon, teniendo correlación, el trabajo del Ejecutivo impidiendo, por ejemplo, el financiamiento para la ejecución de las fases II y III del Plan Control Territorial (PCT) y además decidieron, como acto proselitista, interpelar a funcionarios de carteras e instituciones como Salud, la Defensa, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Con la toma de posesión de los nuevos diputados (con la mayoría calificada de Nuevas Ideas), el 1.º de mayo de 2021 concluyó la vieja forma de gobernabilidad del tricolor. Actualmente, el partido cian no depende de otros partidos políticos para aprobar leyes o recursos económicos en favor de los salvadoreños ni para elegir a funcionarios.
Sin embargo, ARENA quiere destruir esa buena gobernabilidad. Carlos Araujo, asesor de ese instituto político, recomendó que los partidos de oposición se enfoquen en obtener en 2024 el mayor número de diputaciones para reducir los 56 que actualmente tiene el partido cian y de esa manera afectar el trabajo del presidente Nayib Bukele.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
