Política
ARENA quiere recuperar su relevancia en la Asamblea Legislativa
El partido ARENA quiere recobrar la gobernabilidad de la que anteriormente gozaba por la cantidad de diputados que tenía en la Asamblea Legislativa, pero que perdió en las elecciones del 28 de febrero de 2021, cuando fue despreciado por el pueblo salvadoreño, que prefirió al partido Nuevas Ideas.
Con sus diputados, el partido tricolor dio, en parte, gobernabilidad al último gobierno del FMLN, liderado por Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero que al término de su gestión huyó a Nicaragua, donde se nacionalizó para evitar la justicia salvadoreña por actos de corrupción con fondos públicos.
En 2016, cuando el Gobierno farabundista de Sánchez Cerén enfrentó problemas financieros, ARENA aceptó darle los votos para que el Estado emitiera $500 millones en bonos, pero lo chantajeó con que a cambio debía aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Dicha normativa fue aprobada en la Asamblea Legislativa, pero el tricolor se retractó y solo dio los votos para la mitad del dinero, es decir, $250 millones.
En ese momento, ARENA tenía la «llave» de los votos en la Asamblea Legislativa porque disponía de 35 diputados, mientras que los partidos FMLN, PCN, PDC y CD sumaban 49. O sea, para llegar a cualquier acuerdo —como la adquisición de préstamos— estos cuatro partidos juntos necesitaban la mayoría calificada, que solo se lograba en acuerdo con ARENA.
Tener esa gobernabilidad o correlación legislativa le sirvió al tricolor para canjear la elección de funcionarios de segundo grado. Por ejemplo, el partido GANA (ahora aliado del Gobierno) denunció que ARENA le dio los votos al FMLN para que se eligiera como procurador de derechos humanos a Apolonio Serrano, quien fue financista del partido rojo cuando trabajó como asesor en la Asamblea Legislativa.
A cambio, el FMLN votó para elegir como fiscal general de la república a Raúl Melara, quien antes de ocupar ese cargo fue asesor del candidato presidencial de ARENA en los comicios de 2019. Usuarios de redes sociales compartieron, en ese contexto electoral y poselectoral, varias fotos y videos de Melara en actividades proselitistas del tricolor.
ARENA y el FMLN fueron derrotados en las urnas el 28 de febrero de 2021 por Nuevas Ideas y ahora se unen programáticamente para tratar de afectar el trabajo del presidente de la república, Nayib Bukele, quien asumió el Ejecutivo el 1.º de junio de 2019, tras elecciones libres y democráticas.
En la Asamblea, ambos partidos bloquearon, teniendo correlación, el trabajo del Ejecutivo impidiendo, por ejemplo, el financiamiento para la ejecución de las fases II y III del Plan Control Territorial (PCT) y además decidieron, como acto proselitista, interpelar a funcionarios de carteras e instituciones como Salud, la Defensa, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Con la toma de posesión de los nuevos diputados (con la mayoría calificada de Nuevas Ideas), el 1.º de mayo de 2021 concluyó la vieja forma de gobernabilidad del tricolor. Actualmente, el partido cian no depende de otros partidos políticos para aprobar leyes o recursos económicos en favor de los salvadoreños ni para elegir a funcionarios.
Sin embargo, ARENA quiere destruir esa buena gobernabilidad. Carlos Araujo, asesor de ese instituto político, recomendó que los partidos de oposición se enfoquen en obtener en 2024 el mayor número de diputaciones para reducir los 56 que actualmente tiene el partido cian y de esa manera afectar el trabajo del presidente Nayib Bukele.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
