Política
Acuerdan crear Comisión de Antejuicio contra el diputado Arturo Magaña
Los diputados que integran la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa comunicaron que tras conocer la solicitud del Fiscal General de la República, en la que se formula denuncia de antejuicio, petición de desafuero y que se declare ha lugar a formación de causa, en contra del diputado Arturo Simeón Magaña Azmitia, por atribuírsele la presunta comisión del delito de homicidio culposo; la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consideró que tal requerimiento cumple con los requisitos legales y emitió dictamen para que el Pleno considere abrir o no el debido proceso de antejuicio.
De acuerdo con los diputados, el requerimiento cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 294 del Código Procesal Penal: Generalidades del imputado, relación circunstanciada del hecho con indicación, indicación de los anticipos de prueba, estimación del plazo necesario para la instrucción, petición de todo lo que se considere pertinente para el ejercicio efectivo de la acción civil; actos urgentes de comprobación que requieran autorización judicial y cualquier diligencia necesaria para averiguación de la verdad, entre otros.
Según el presidente en funciones de la comisión, diputado Ricardo Velasquez Parker (ARENA), “la votación fue por unanimidad de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, habiendo encontrado que todos los elementos formales del requerimiento del fiscal están cumplidos y, por lo tanto, será la comisión que se conformará para establecer el antejuicio la que podrá venir a ponderar cuáles son los elementos de prueba que vienen anexos en el requerimiento”.
El dictamen emitido será conocido por el Pleno de la Asamblea Legislativa y si lo considera oportuno declarará abierto el proceso y elegirá de su seno una comisión especial de antejuicio, compuesta por un número de integrantes proporcional a la cantidad de diputados de cada Grupo Parlamentario, según el artículo 126 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. La misma podría ser conformada por un presidente, un secretario, un relator y los demás miembros tendrán la calidad de vocales, todos deberán ser juramentados en el transcurso de una Sesión Plenaria.
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El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
