Opinet
¿Quién le asigna el valor a tu profesión?
Por: Lisandro Prieto Femenía
«Debemos preguntarnos si el mercado asigna los salarios de manera justa o si simplemente reflejan una distribución arbitraria de oportunidades»: Michael Sandel
Siguiendo el hilo de nuestra reflexión anterior, titulada «¿Debemos confiar nuestra vida cívica al mercado», hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre una entrevista complementaria a Michael Sandel, titulada «¿Vale más Neymar que un maestro?», en la cual nuestro filósofo expone cuestiones fundamentales sobre el valor económico de las profesiones, la meritocracia y la justicia en la creación y distribución de recursos en nuestras sociedades. Su posicionamiento cuestiona la lógica con la que se suelen asignar los salarios y el prestigio social a distintos trabajos, invitándonos a una reflexión más profunda sobre los principios éticos que guían nuestras economías.
En primer lugar, Sandel plantea una pregunta provocadora, puesto que una filosofía que no provoca al indagar, no sólo no sirve para nada, sino que es nociva y servil a la industria cultural de la moda de turno: ¿Por qué un futbolista gana millones de dólares mientras que un docente, cuya labor es esencial para cualquier sociedad, recibe un salario indigno? Este interrogante nos lleva a pensar en la distinción filosófica entre valor económico y valor moral, algo que no es común debatir en ningún medio masivo de comunicación en nuestros días.
«Debemos preguntarnos si el mercado asigna los salarios de manera justa o si simplemente reflejan una distribución arbitraria de oportunidades»
Recordemos brevemente que Aristóteles, en su «Ética a Nicómaco», diferenciaba entre el valor de uso y el valor de cambio, señalando que «el dinero no es más que un medio de intercambio y no debe ser el fin último de la vida» (Ética a Nicómaco, Libro V). Asimismo, en misma obra, Aristóteles también distingue entre justicia distributiva y conmutativa, haciendo foco en el aspecto particular de la implicancia de la primera, que busca asignar recursos de acuerdo con el mérito y la contribución a la polis. Desde esta perspectiva, podríamos preguntarnos si la asignación de ingresos en el mercado sigue esta lógica o si, por el contrario, se basa en factores individuales y arbitrarios, como la demanda y la rentabilidad del entretenimiento.
Por su parte, y en el mismo sentido, Karl Marx analizó cómo el capitalismo asigna valor de acuerdo con la lógica del mercado y no según la importancia social del trabajo, afirmando que «el valor de una mercancía es determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla» (El Capital, Tomo I). En síntesis, Marx está criticando cómo en el capitalismo el valor de los bienes y servicios no se relaciona con su utilidad social real, sino con la acumulación misma de capital, motivo por el cual introduce la idea de «fetichismo de la mercancía» para explicar cómo en el capitalismo, las relaciones sociales entre personas se ocultan detrás de las relaciones entre cosas. Es decir, en lugar de reconocer que los bienes y servicios son el resultado del trabajo humano y de las estructuras sociales, el mercado los presenta como si su valor fuera intrínseco y determinado por una lógica impersonal.
«A los ojos de los hombres, las relaciones sociales de su propio trabajo adquieren la forma fantasmagórica de una relación entre cosas» (El Capital, Tomo I, Capítulo 1).
Este concepto nos permitiría entender cómo el salario de un futbolista se percibe como el reflejo de su «valor de mercado», sin cuestionar las estructuras sociales que permiten esta disparidad pornográfica. En este sentido, el fetichismo de la mercancía contribuye a la naturalización masiva de la desigualdad, ya que oculta el hecho de que el mercado no es un mecanismo neutral, sino un sistema construido sobre decisiones políticas y económicas que favorecen ciertas actividades sobre otras. Así, el valor económico no sólo se aparta del valor moral, tal como señala Sandel, sino que también se presenta como una realidad objetiva cuando, en el plano de lo fáctico, es el resultado de relaciones de poder de unos pocos sobre unos muchos.
Ahora bien, desde una perspectiva contemporánea, podríamos cuestionar si el mercado realmente se toma el trabajo de reflejar nuestras prioridades como sociedad o si, por el contrario, impone valores que terminan desdibujando nuestra concepción de lo justo y lo necesario. En este punto, entonces, cabe preguntarse: ¿Debería haber un mecanismo para equilibrar la distribución del valor económico en función del impacto social de las profesiones? o, más claro aún ¿debería existir una reestructuración del valor basada en la contribución social en lugar de en la lógica de la mano invisible del mercado?
Estos interrogantes se pueden tamizar claramente en la entrevista a Sandel, cuando cuestiona la lógica que rige la asignación de valor económico a las profesiones, y un ejemplo paradigmático de esta problemática es la labor de los docentes. A pesar de ser los pilares sobre los cuales se erige el conocimiento de todas las demás profesiones, su trabajo suele ser infravalorado tanto en términos económicos como en reconocimiento social.
Al respecto, es interesante recuperar el aporte de Hannah Arendt en «La crisis de la educación» (1954), donde afirmaba que la educación es el punto en el que decidimos si amamos lo suficiente al mundo como para asumir la responsabilidad de él. A pesar de ello, nuestra sociedad ha decidido desatender a quienes cumplen esta función esencial, al punto de atomizarla, degradarla, licuarla y convertirla en lo que es hoy, un producto básico y mediocre para quienes no pueden pagar, y un producto de lujo y complejidad para quien sí pueda pagar. Así nos va…
En este aspecto, John Dewey, en «Democracia y educación», nos advertía que una sociedad que descuida la formación de sus ciudadanos está condenada a reproducir desigualdades y carencias estructurales. Si la educación es la base del desarrollo de cualquier nación, entonces los docentes no sólo deberían recibir salarios dignos, sino que su profesión debería ser reconocida como la condición de posibilidad de todas las demás. Sin ellos, amigos míos, no existirían médicos, ingenieros, filósofos, artistas ni economistas. Sandel nos está invitando a reconsiderar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar un modelo que margina a quienes sostienen el futuro intelectual y moral de nuestras sociedades: si la educación es un derecho fundamental, pues su preservación y fortalecimiento deberían estar en el centro de nuestras decisiones políticas y económicas.
Otro punto central en la entrevista precitada es la crítica que Sandel realiza sobre la idea de la meritocracia. En principio, este concepto sugiere que el esfuerzo y el talento individuales determinan el éxito de una persona. Sin embargo, esta visión ignora completamente que las condiciones iniciales no son equitativas para todos: la familia en la que se nace, la educación recibida, el acceso a recursos y redes de apoyo juegan un papel determinante en las oportunidades que cada individuo tiene. En otras palabras, queridos lectores, nadie llega a ningún lado sólo por su esfuerzo y sus condiciones, es necesario el aporte de una familia, una comunidad y una nación, los cuales sientan las bases de las condiciones necesarias para prosperar o fracasar.
«La idea de que el éxito es exclusivamente fruto del esfuerzo individual o personal , es una falacia, pues ignora las condiciones de origen y las oportunidades desiguales»
En criollo, amigos míos, lo que Sandel nos está indicando es que nadie llega a grande solito. El discurso liberal nos quiere hacer creer que un día nos levantamos en la mañana y, por nuestro esfuerzo en soledad, hemos conseguido todo lo que tenemos. Patrañas, que sólo pueden ser verosímiles y creíbles para una masa social totalmente adormecida y carente de cualquier atisbo de pensamiento y crítica: hay que decirlo sin tapujos, las desigualdades estructurales moldean el futuro de las personas, antes incluso de que puedan hacer uso de su supuesto mérito.
«La herencia social influye profundamente en la capacidad de una persona para acumular capital económico, social y cultural» (Bourdieu, «La distinción», 1979).
Más aún, cuando Sandel retoma esta crítica y la aplica al contexto postmoderno nos dice con claridad que el problema de la meritocracia no sólo radica en la falsa creencia de que el esfuerzo es el único factor del éxito, sino también en el desprecio que genera hacia quienes no logran ascender socialmente. Como él mismo señala en su obra «La tiranía del mérito», la meritocracia moderna fomenta un sentimiento de arrogancia entre los «ganadores» y de humillación entre los «perdedores», cuando en realidad el destino de cada individuo está fuertemente condicionado por factores externos. Fuera de lo teórico, quién no ha conocido en su vida algún que otro cabeza de termo moralista que habla con asco de quienes no tienen lo que él sí, por «no haberse esforzado lo suficiente», mientras que este Juan Pérez nació en la comodidad de un hogar donde no faltaba absolutamente nada, y aquél Mengano a quien él critica se crió en una familia en la cual la madre simulaba dolor de estómago a la hora de la cena, para que alcance para todos.
En este sentido, el mercado, al premiar desproporcionadamente ciertos talentos sobre otros (como los futbolistas sobre los maestros), refuerza desigualdades que no dependen en absoluto del esfuerzo personal. Por ello, según Sandel, la meritocracia no sólo es un mito, sino que sirve como mecanismo perverso de legitimación de la desigualdad, al hacer parecer naturales y justas diferencias que en realidad son producto de estructuras económicas y sociales que deben ser cuestionadas. En modo meme: Ricardo expresa «éstos vagos se quejan, pero no se han esforzado lo suficiente». Ricardo: jamás trabajó ni en un quiosco y vive de la totalidad de la herencia recibida por sus padres. ¿Realmente recompensamos el esfuerzo y el talento, o simplemente perpetuamos estructuras de privilegio?
Finalmente, Sandel nos convoca a pensar en el papel que tiene la filosofía en la discusión sobre la economía y la justicia. En una era totalmente dominada por criterios de eficiencia, rendimiento y crecimiento, los debates filosóficos sobre qué constituye una distribución justa de los recursos parecen haber quedado en segundo plano. Pues sí, ya que vemos que la gran mayoría de «intelectuales» de la academia, en lugar de estar pensando en que la economía no puede desligarse de cuestiones éticas y políticas, están ocupados defendiendo agendas progres foráneas de minorías que exigen caprichos disfrazados de derechos, mientras alrededor la sociedad padece hambre y sed de justicia en todos los ámbitos de su vida.
El mercado, lejos de ser una entidad etérea y neutral, está construido sobre decisiones morales y políticas concretas. Determinar qué trabajos son los más valiosos y cómo se distribuyen los beneficios de la producción es, en última instancia, una cuestión de justicia. En este sentido, la filosofía que no es progre ni servicial a los gobiernos corruptos de turno y sus patéticas agendas culturales, tiene el poder de cuestionar y reformular los principios que rigen nuestras sociedades, proponiendo alternativas más equitativas y humanas que sean, al mismo tiempo, rentables y convenientes.
«Si queremos una sociedad justa, debemos preguntaros no sólo cómo distribuir la riqueza, sino también qué valores queremos que refleje nuestra economía»
En definitiva, la entrevista de Michael Sandel que les he propuesto analizar, abre una discusión fundamental sobre la forma en que valoramos el trabajo y las profesiones, la falacia de la meritocracia y el papel de la filosofía en la crítica a la economía y la política. Al confrontar estas cuestiones, no con el insumo del periodista del prime time del noticiero rentado, sino con el arsenal teórico y práctico del pensamiento occidental, podemos ver que la reflexión sobre la justicia económica no es nueva, pero sigue siendo urgente. Si realmente queremos vivir en sociedades más justas, debemos replantearnos qué valoramos y por qué, asegurando que las decisiones políticas y económicas reflejen verdaderamente los principios éticos que sustentan el ya casi extinto bien común.
Lisandro Prieto Femenía
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina
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Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
Lisandro Prieto Femenía
Preocúpate si te da miedo emitir juicio sobre algo en particular
(No importa cuándo leas ésto)
Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre una teoría puntual, que se ha vuelto clave para comprender el funcionamiento de los mecanismos sociales que sofocan la libre expresión: la espiral del silencio. En 1974, la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann expresó una hipótesis, que parte de una observación inquietante: los individuos, al percibir que su opinión es minoritaria o mal vista socialmente, tienden a guardar silencio por temor al rechazo y/o aislamiento. En sus palabras, sostiene que «la opinión pública es el comportamiento que uno debe mostrar para evitar el aislamiento» (Noelle-Neumann, 1974, p. 50), indicando con esta aparente definición inocente un sofisticado mecanismo de control social, profundamente efectivo, incluso y sobre todo en estos últimos tiempos, en democracias formales.
Lo notable de esta teoría es que describe un mecanismo de censura sin la necesidad de contar con censores. No hace falta que el Estado silencie con violencia a los disidentes con represión directa: basta que la estructura mediática, cultural o política construya una narrativa de consenso incuestionable. Entonces, quienes osen pensar críticamente o disentir, se verán compelidos al silencio, no por coerción externa, sino por el miedo a ser marginados por la agenda imperante de lo políticamente correcto. Así, la censura se vuelve entonces internalizada, más eficaz aún porque las víctimas del silenciamiento lo acatan sin chistar.
Ahora bien, en las sociedades contemporáneas, este fenómeno se agrava con la lógica de las redes sociales, donde la validación (likes, retuits, seguidores) reemplaza completamente al razonamiento complejo. Al respecto, Byung-Chul Han advirtió que «el infierno de lo igual se impone como la repetición de lo mismo en todas partes» (Han, «La expulsión de lo distinto, 2017, p. 16). En este ecosistema, quien disiente de las corrientes dominantes no sólo es ignorado, sino que es expulsado simbólicamente de la conversación pública, tachado de tóxico, extremista o ignorante. Así, el silencio no representa una pasividad, sino un acto perverso de supervivencia social: la moda te obliga a callar para permanecer entre los demás.
Uno de los mentores ideológicos de la decadencia moral e ideológica reinante de las agendas actuales, Michel Foucault, nos explicó perfectamente cómo el poder moderno no se manifiesta principalmente a través de la represión directa, sino mediante la producción de discursos legítimos y la exclusión de los considerados inaceptables: «No hay enunciado que no esté en relación con un conjunto de reglas que definen lo que es admisible o no en una determinada época» («La arqueología del saber», 1969, p.40). En este sentido, la espiral del silencio opera precisamente en esa frontera: lo dicho se convierte en lo único decible, y lo demás, en tabú.
El resultado de este mecanismo es un escenario donde la libertad de expresión no está formalmente restringida, pero sí está prácticamente anulada. Hannah Arendt sí comprendió con agudeza el valor político real que tiene el discurso público al indicar que «la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y si no se respetan las opiniones divergentes» («La crisis de la cultura», 1961, p. 269). Desde esta perspectiva, la espiral del silencio no elimina la opinión divergente, pero la convierte en un gesto temerario, un riesgo personal que muchos no están dispuestos a correr.
Este fenómeno también fue analizado en detalle por el sociólogo Pierre Bourdieu, quien advirtió que «la opinión pública no existe» en tanto categoría homogénea, sino que se trata de una construcción dominada por quienes tienen el poder de imponer los temas y las formas legítimas de hablar sobre ellos («La opinión pública no existe», en Les temps modernes, n.º 318, 1972). En este marco teórico, la espiral del silencio no revela una mayoría verdadera, sino una clara imposición de un marco de enunciabilidad sostenido por quienes defienden qué puede y qué no puede ser dicho.
En la actualidad, la espiral del silencio se manifiesta en torno a una serie de tabúes sociales que, si bien no está expresamente prohibidos legalmente, se vuelven prácticamente imposibles de expresar sin consecuencias de marginación o linchamiento social. El primero de ellos es la crítica abierta a ciertos consensos progresistas, como cuestionar las políticas de identidad de género, poner en duda el alcance de ciertos movimientos sociales, o expresar reservas sobre cómo algunos gobiernos europeos populistas decadentes están gestionando las migraciones masivas. Incluso plantear matices en temas como el cambio climático, la globalización o modelos económicos imperantes puede colocar a un individuo bajo sospecha moral.
En muchos círculos académicos y mediáticos, cuestionar los discursos dominantes sobre diversidad, inclusión o justicia social se interpreta automáticamente como un acto de violencia simbólica. Como señala el filósofo Mark Lilla, «la política de la identidad anima a los individuos a pensar más en sus heridas particulares que en el bien común» («The Once and Future Liberal, 2017, p. 14.). Quien critique esta tendencia corre el riesgo de ser catalogado retrógrado, insensible, reaccionario, independientemente de la calidad de sus argumentos.
Ahora bien, en el otro extremo del espectro ideológico, sucede lo mismo: en ciertos contextos conservadores o nacionalistas, manifestar apoyo a políticas de inclusión, migración o derechos sociales es también motivo de exclusión o estigmatización. Así, la espiral del silencio no responde únicamente a una única corriente, sino que se adapta camaleónicamente a la hegemonía del entorno en cada momento dado.
Esta situación demuestra que el problema no es el debate entre posturas distintas, sino la clausura anticipada del debate mediante la demonización de ciertas opiniones. Como señaló proféticamente George Orwell en su prefacio censurado de «Rebelión en la granja», «La libertad es derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír» (Orwell, 1945/1972, p.7). Cuando la arquitectura social suprime ese derecho en nombre de cualquier causa- por justa que parezca-, lo que se pierde no es sólo la pluralidad de voces, sino la posibilidad misma de pensar críticamente. Y vaya que es rentable, para dos o tres listillos que manejan los hilos, que seamos cada vez más idiotas.
El problema de fondo en esta cuestión no es que ciertos discursos sean rechazados por ser infundados, sino que la presión del entorno es tan fuerte que se termina anulando la posibilidad misma del debate. Esta maquinaria social no requiere de un Estado autoritario ni de leyes mordaza, sino que basta con un conjunto de voces hegemónicas (rentadas, por supuesto), una narrativa dominante y un contexto de temor al aislamiento. Como explicó Noeelle-Neumann, «no es necesario que se reprima a las personas para que ellas se repriman a sí mismas» (1974, p. 52).
Esta autocensura generalizada genera una falsa percepción de consenso que refuerza la hegemonía ideológica y desactiva cualquier atisbo de transformación social real. Las mayorías aparentes se consolidan no por su fuerza argumentativa, sino por el silenciamiento de las disidencias, convirtiendo perversamente a la espiral del silencio en una trampa silenciosa y eficaz que opera bajo la lógica de la persuasión disfrazada de «normalidad», del consentimiento disfrazado de acuerdo espontáneo.
Para concluir, tenemos que resaltar que lo más inquietante de este asunto es que esta estrategia macabra puede ser utilizada por cualquier posicionamiento político o ideología: no es patrimonio de un sector específico, sino que es un dispositivo que sirve tanto al totalitarismo como al progresismo intolerante, tanto al mercado como al nacionalismo conservador. Cuando una sociedad aprende a quedarse callada por temor, el pensamiento crítico se convierte en una actividad clandestina. En nombre de la corrección política, de la salud pública, de la moral o del progreso, la espiral del silencio termina siendo el rostro amable de una sumisión pervertida que no debería suceder en una democracia realmente libre.
Lisandro Prieto Femenía.
Docente. Escritor. Filósofo
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La edición número 11 de la revista Con-Secuencias, publicada por el Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña (FORES) en el período mayo-agosto de 2025, presenta un análisis profundo titulado «El Salvador: El país donde debes invertir». Este artículo examina las condiciones actuales del país para atraer inversión extranjera, destacando tanto los avances como los desafíos en el entorno económico y político salvadoreño.
El artículo inicia destacando los esfuerzos del gobierno salvadoreño por mejorar el clima de inversión. Se enfatiza la implementación de políticas públicas orientadas a la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica, factores clave para atraer capital extranjero.
Se resalta la inversión en infraestructura como un pilar fundamental para el desarrollo económico. Proyectos como la modernización de puertos y la expansión de la red vial son presentados como iniciativas que mejoran la conectividad y facilitan el comercio.
La mejora en los índices de seguridad es otro aspecto destacado. El artículo señala que la reducción de la criminalidad ha generado un ambiente más propicio para los negocios, aunque también advierte sobre la necesidad de mantener el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles.
El autor subraya la importancia de la estabilidad macroeconómica como un atractivo para los inversionistas. Se menciona el control de la inflación y el manejo responsable de las finanzas públicas como señales positivas para el mercado.
Se analiza la reforma del sistema legal y su impacto en la inversión. El artículo destaca la necesidad de un marco jurídico transparente y predecible que brinde confianza a los inversionistas nacionales e internacionales.
La formación de capital humano es presentada como un desafío pendiente. El autor enfatiza la necesidad de invertir en educación y capacitación para contar con una fuerza laboral calificada que responda a las demandas del mercado global.
El artículo aborda la importancia de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Se sugiere la creación de incentivos para la investigación y el desarrollo, así como la promoción de startups y empresas tecnológicas.
Se destaca la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en los proyectos de inversión. El autor señala que la protección del medio ambiente debe ser una prioridad en la agenda económica del país.
El artículo analiza el papel de El Salvador en la integración regional. Se menciona la participación en tratados comerciales y alianzas estratégicas como mecanismos para ampliar los mercados y atraer inversión.
La transparencia y la lucha contra la corrupción son presentadas como elementos esenciales para un entorno de negocios saludable. El autor aboga por fortalecer las instituciones y garantizar la rendición de cuentas.
Para una lectura completa y detallada, puede acceder al texto original: https://revistacon-secuencias.com/index.php/rcs_sv/issue/view/32/46
