Judicial
VIOLENCIA: Pandilleros emboscaron a un soldado en Soyapango y ahora enfrentan la justicia
Se espera que el Tribunal realice el juicio en contra de uno de los cuatro pandilleros en agosto de 2019.
Pandilleros matan a joven militar de Morazán para robarle el arma y su madre se entera por redes sociales
Su sueño era convertirse en un gran militar, pero todo esto se desmoronó cuando cuatro pandilleros le arrebataron la vida para robarle el arma en la urbanización Bosques de Prusia, en Soyapango. El joven era originario de Morazán y se había puesto a prueba en unos exámenes de la milicia.
Cuando Óscar Eligio Reyes fue asesinado tenía 20 años de edad. Muchos eran sus sueños y uno de ellos era ser un militar de alto rango, tal como lo dijo su madre. Con su título de bachiller en mano, decidió entrar a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) a los 18 años y realizó sus primeras prácticas en el Destacamento Militar 4 en San Francisco Gotera, en Morazán.
Reyes bajó de las montañas de un pueblo llamado San Isidro en ese mismo departamento con una población que no sobrepasa las 2,084 personas, según el último censo realizado en 2007. Debido a sus responsabilidades militares había sido enviado a tomar un curso en una base militar ubicada en San Juan Opico, en La Libertad, y se estaba quedando en una casa en Bosques de Prusia.
El 6 de abril de 2018 a eso de las 12:30 del medio día, Reyes regresaba de hacer unas diligencias personales cerca de esa colonia. Todo marchaba con normalidad, pero el panorama cambió cuando un grupo de cuatro pandilleros le salieron al paso para asaltarlo. Ellos no sabía que él era un estudiante militar ni mucho menos que cargaba un arma de fuego.
Según la relación de los hechos del expediente judicial, los hombres fueron identificados como Christian Javier S., de 22 años; Edwin Oswaldo L., de 27; Gerson E., de 24, y otro sujeto que hasta la fecha no se ha logrado individualizar. Todos ellos perfilados como miembros de la pandilla MS de la zona.
Cuando Reyes se encontró con ellos en uno de los pasajes de la colonia, supo que las cosas no saldrían bien por lo que decidió abrirse paso entre ellos y salir corriendo para salvar su vida. Sin embargo, los hombres lo persiguieron y, como un cazador a su presa, lograron acorralarlo en el rincón de una casa.
Era pleno medio día y al ver esto muchas de las personas que se encontraban en la zona decidieron cerrar sus locales y refugiarse en sus casas para no ser testigo de lo que se veía venir.
Los sujetos intercambiaron unas palabras con su víctima cuando de pronto estas se convirtieron en golpes y patadas. Gerson era el encargado de ese trabajo, mientras que Christian sacaba una navaja que andaba entre sus ropas. La sangre comenzó a correr por el rostro de joven militar, fueron tres puñaladas en la cabeza que lo dejaron inconsciente. Reyes cayó al suelo boca abajo.
El otro compinche que los acompañaba sacó una pistola que cargaba en una cangurera, la direccionó en contra del joven y jaló del gatillo en cuatro ocasiones para rematarlo.
Una vez hecho el crimen, los sujetos comenzaron a registrar sus cosas y fue ahí que encontraron su pistola del servicio militar. Al ver lo que encontraron, se lo guardaron para sí y salieron corriendo de la escena antes de que llegaran los policías.
Lo que ellos no sabían es que desde a unos escasos seis metros una persona los observaba. Fue días después que los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron localizarla para que identificara a todos los que participaron en el hecho criminal. De los cuatro, solo se logró capturar a dos de ellos.
En Morazán
Su madre estaba confiada que todo le saldría bien a su hijo y como toda una católica levantaba oraciones para su protección.
Ese 6 de abril, ella regresaba de la alcaldía de San Isidro cuando al llegar a su casa se encontró con un grupo de gente llorando. No sabía lo que realmente pasaba, no fue hasta que una de sus amigas se le acercó, la abrazó y entre lágrimas le dijo que Reyes había sido asesinado. Sintió que el corazón se le hacía añicos.
Lejos de su hijo, y sin saber qué hacer, comenzó a buscar información sin encontrar una respuesta no fue hasta que una publicación le brindó lo que andaba buscando.
El caso ha llegado al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien será el responsable de juzgar a Gerson L., mejor conocido como «El Chanx». Se espera que la Fiscalía General dela República (FGR) lleve a declarar a sus testigo principal y llegar a condenarlo por el delito de homicidio agravado en contra del militar.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
