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Vicepresidente de la República anuncia que en septiembre 2021 se presentarán estudio sobre la Constitución de la República
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, anunció esta mañana que para septiembre del próximo año presentarán el estudio de la Constitución de la República. “En un año queremos hacer el estudio, todas las consultas”.
Ulloa explicó que no se busca la concentración del poder, ni mucho menos la perpetuación del poder: “Eso ha quedado descartado desde el primer día”. Agregó que tanto él, como el Presidente de la República, Nayib Bukele, son democráticos y están en contra de los regímenes autoritarios.
“La comisión no puede modificar nada, el Presidente no puede modificar nada. El único que puede hacerlo es la Asamblea”. Sin embargo, dentro de sus facultades, como delegado y como parte de la comisión ad-hoc, se encuentran estudiar, evaluar y realizar una propuesta.
También, explicó que al momento de evaluar los artículos referentes a las elecciones indirectas como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República o la Corte de Cuentas de la República, e incluso con relación a los diputados, consultarán con ellos.
“¿Estábamos preparados cuando se hizo la reforma del 1983? ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando haya la voluntad”, afirmó el vicemandatario de la República.
Además, Ulloa dijo que en ningún momento han planteado realizar reuniones a puerta cerrada, sino que es más buscan invitar a la prensa a que presencien las discusiones. “Esto va a ser lo más transparente posible”.
Para el vicepresidente de la República, existen pesos y contrapesos debido a la separación de poderes entre el Órgano Legislativo, Judicial y Ejecutivo del país y se refirió a una anterior reforma constitucional que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Por eso extraña que algunos abogados dicen que el Presidente quiere perpetuarse en el poder”.
El vicemandatario de la República, además, explicó que el tema no debía ser una agenda política, sino más bien un tema de nación. Agregó que los que se oponen a revisar la Constitución de la República son los que están cómodos con cómo están las cosas actualmente.
“La población y los sectores excluidos vulnerables se van a favorecer”, pues además, analizan incluir el derecho al agua como para de los derechos fundamentales.
El estudio de la Constitución de la República, de acuerdo con Ulloa, fue su iniciativa y que el Presidente Nayib Bukele la aceptó, y por ello lo delegó como encargado.
Agregó que al pasar de los años a la carta magna se le han venido haciendo remiendos y que incluso, la Sala de lo Constitucional decidió reformar un artículo, el 85, que era considerado pétreo, para permitir las candidaturas no partidarias.
“¿Qué es mejor, ir modificando la Constitución a golpe de Sala o hacerlo de una manera clara transparente de acuerdo a los nuevos tiempos en un proceso integral?”, cuestionó el vicemandatario de la República.
Además, Ulloa continuó que con el pasar de los años, debido a ciertos vacíos constitucionales, se introdujo la dolarización a pesar que fue considerada en ese tiempo como una clara violación a la carta magna.
“La Ley de Integración Monetaria, que rompe el principio constitucional, donde el Estado, a través del Banco Central de Reserva (BCR), es el único autorizado para elaborar la moneda”. Ahora, El Salvador, el vicepresidente de la República indicó, no emite su propia moneda y no está facultado para controlar, de alguna manera, su economía.
Ulloa, también, indicó que el Gobierno está a favor de la libertad de prensa y que en ningún momento se han planteado aplicar algún tipo de restricción. “Si hay evidencias de esos acosos, ataques, robos de esas laptops a periodistas, no solo son condenables, sino que hay que perseguirlos”, concluyó.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
