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VAMOS sostiene que abrir empresas en paraísos fiscales donde se evaden impuestos no es algo necesariamente ilegal
El partido VAMOS está recibiendo críticas luego que su diputada en la Asamblea Legislativa (AL), Claudia Ortiz, dijo que tener empresas en paraísos fiscales es una práctica que facilita el cometimiento de delitos pero que, en el caso del expresidente de ARENA Alfredo Cristiani, no necesariamente es algo ilegal.
La filtración de los Pandora Papers apuntó que Cristiani al final de su gestión, en 1995, abrió 16 empresas en la Islas Vírgenes Británicas y Panamá donde los beneficiarios del patrimonio es su grupo familiar.
Sobre estas filtraciones, Ortiz, en el programa Diálogo con Ernesto López, aseguró que para ellos –VAMOS– esos son mecanismos que dan pie para el lavado de dinero y el no pago de impuestos pero eso no quiere decir que Cristiani haya caído en el cometimiento de estos delitos.
“Para nosotros, creemos que lo que la investigación dice es que el expresidente abrió esas 16 empresas en países que son paraísos fiscales y que hizo accionistas a sus familiares. Hizo transferencias de capital a estos países. Son mecanismos que facilitan el lavado de dinero, el no pago de impuestos, algunos hechos ilícitos no necesariamente. Porque la investigación habla que no necesariamente es algo ilegal, pero lo que si hay que dejar claro es que este tipo de mecanismos facilitan estas prácticas”, explicó Ortiz.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
