Judicial
SENTENCIA: Inspector policial condenado por acoso y agresiones sexuales
El Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador condenó en procedimiento abreviado al inspector de la PNC, Antonio Cruz Preza Sánchez, por los delitos de agresión sexual, acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer, cometidos en perjuicio de tres mujeres.
Los delitos de agresión sexual y acoso sexual fueron cometidos en perjuicio de R. Ramos, por los que fue condenado a tres años de cárcel, en procedimiento abreviado, es decir que el acusado aceptó y confesó los hechos por los que fue acusado, este mecanismo fue solicitado por la parte fiscal y la defensa. Por dicha pena se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento, donde se le impusieron las condiciones siguientes: no cambiar de domicilio, tiene prohibido acercarse, ni tener contacto con la víctima, no consumir bebidas embriagantes ni drogas y presentarse cada tres meses a firmar a la instancia judicial, así como cumplir con un tratamiento terapéutico con un psicológico.
Además en concepto de responsabilidad civil por estos delitos le tendrá que pagar mil dólares a la afectada, para resarcir los daños causados. En caso que desobedezca alguna de las condiciones anteriores, se ordenará la detención.
Con respecto al delito de expresiones de violencia contra la mujer, el cual fue cometido en perjuicio de: R. Ramos, S. Cortez y V. Campos, el cual tiene una sanción de multa, el acusado fue condenado al pago de 400 dólares a cada una de las afectadas, asimismo las condiciones impuestas por los otros delitos.
Los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2013, en la delegación de 911 de Alta Vista, jurisdicción de Tonacatepeque, donde el inspector policial en una de las ocasiones llamo a R. Ramos a su oficina para que le llevara unos libros para firmar, aprovechando cerró la puerta y le mostro un video de índole sexual en la computadora, luego la abrazo con fuerza, dándole besos y tocándole sus partes íntimas, asimismo le dijo que le gustaba y que era bonita, ella se mostró disgustada y salió de la oficina, en ese momento él la siguió y le dijo que se tomara un día libre.
Con respecto al delito de las expresiones de violencia, el acusado en las formaciones generales les decía a las víctimas que no hacían bien su trabajo y que eran “pasmadas”, siendo estas palabras ofensivas, al mismo tiempo que no daban resultados y que solo eran un cargo. Luego que las mujeres denunciaran estos hechos fueron trasladadas a otras delegaciones.
Esta vista pública se repitió luego que la Cámara Cuarta de lo Penal de Santa Tecla ordenara repetir el juicio, ya que la Fiscalía General de la Republica apeló el fallo absolutorio en septiembre de 2014, donde el Tribunal Sexto de Sentencia lo declaró inocente por no contar con pruebas suficientes para culpabilizarlo.
En el presente caso la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que comprobaron la culpabilidad del inspector, quien valiéndose de su cargo agredía a las mujeres. Entre las pruebas estaban los peritajes psicológicos practicados a las tres mujeres.
Será un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena quien garantice que se cumplan las medidas impuestas.
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango
Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.
Judicial
Madre que golpeó brutalmente a su hija de 13 años es obligada a terapia psicológica por orden judicial
Y. E. G. A., de 33 años, fue acusada por el delito de maltrato infantil en perjuicio de su hija de 13 años, luego de un incidente ocurrido el 4 de junio en la colonia San José de Soyapango.
Según el requerimiento fiscal, durante una discusión, la madre reaccionó de forma violenta, jalando del cabello a la menor y propinándole golpes en distintas partes del cuerpo. La niña llamó al sistema de emergencias 911 para denunciar la agresión, y minutos después agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a la mujer en flagrancia.
En la audiencia judicial, el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó una suspensión condicional del procedimiento por un año. Durante este tiempo, la acusada deberá cumplir con varias medidas, entre ellas, abstenerse de agredir física o verbalmente a su hija, residir en el mismo domicilio, no salir del país sin autorización judicial y asistir, junto con la menor, a sesiones de terapia psicológica en el Centro de Atención Psicosocial (CAPS).
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, entre el 1.º de enero y el 31 de mayo de 2025, ha girado 2,648 órdenes de captura en el departamento de San Salvador por los delitos de estafa, hurto informático y estafa agravada. Las autoridades alertan sobre nuevas modalidades que han cobrado fuerza en el país, como las estafas por «likes de YouTube» y el hackeo de cuentas de WhatsApp.
En el caso de los “likes de YouTube”, las víctimas son engañadas con la promesa de generar ingresos por dar «me gusta» a videos. Para continuar ganando, se les solicita realizar pagos, cayendo en la estafa. En la segunda modalidad, los delincuentes suplantan a WhatsApp mediante llamadas y mensajes falsos para obtener los códigos de verificación de las víctimas, con lo que toman el control de las cuentas y se hacen pasar por los afectados para pedir dinero a sus contactos.
Además, cinco extranjeros —cuatro venezolanos y un ecuatoriano— fueron capturados por crear una empresa ficticia llamada Venicars, con la que ofrecían supuestos créditos y planes de financiamiento para vehículos importados. Las víctimas depositaban entre $5,000 y $10,000, pero nunca recibían los autos ni reembolso alguno. Según la FGR, más de 1,500 personas denunciaron haber sido estafadas por esta red, con un perjuicio económico que asciende a $2.5 millones. A los acusados se les congelaron cuentas por más de $800,000 y enfrentan cargos por estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
En 2024, la Fiscalía logró condenas contra al menos 400 personas por casos de estafa a nivel nacional. Las investigaciones continúan.
