Judicial
SENTENCIA: Inspector policial condenado por acoso y agresiones sexuales
El Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador condenó en procedimiento abreviado al inspector de la PNC, Antonio Cruz Preza Sánchez, por los delitos de agresión sexual, acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer, cometidos en perjuicio de tres mujeres.
Los delitos de agresión sexual y acoso sexual fueron cometidos en perjuicio de R. Ramos, por los que fue condenado a tres años de cárcel, en procedimiento abreviado, es decir que el acusado aceptó y confesó los hechos por los que fue acusado, este mecanismo fue solicitado por la parte fiscal y la defensa. Por dicha pena se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento, donde se le impusieron las condiciones siguientes: no cambiar de domicilio, tiene prohibido acercarse, ni tener contacto con la víctima, no consumir bebidas embriagantes ni drogas y presentarse cada tres meses a firmar a la instancia judicial, así como cumplir con un tratamiento terapéutico con un psicológico.
Además en concepto de responsabilidad civil por estos delitos le tendrá que pagar mil dólares a la afectada, para resarcir los daños causados. En caso que desobedezca alguna de las condiciones anteriores, se ordenará la detención.
Con respecto al delito de expresiones de violencia contra la mujer, el cual fue cometido en perjuicio de: R. Ramos, S. Cortez y V. Campos, el cual tiene una sanción de multa, el acusado fue condenado al pago de 400 dólares a cada una de las afectadas, asimismo las condiciones impuestas por los otros delitos.
Los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2013, en la delegación de 911 de Alta Vista, jurisdicción de Tonacatepeque, donde el inspector policial en una de las ocasiones llamo a R. Ramos a su oficina para que le llevara unos libros para firmar, aprovechando cerró la puerta y le mostro un video de índole sexual en la computadora, luego la abrazo con fuerza, dándole besos y tocándole sus partes íntimas, asimismo le dijo que le gustaba y que era bonita, ella se mostró disgustada y salió de la oficina, en ese momento él la siguió y le dijo que se tomara un día libre.
Con respecto al delito de las expresiones de violencia, el acusado en las formaciones generales les decía a las víctimas que no hacían bien su trabajo y que eran “pasmadas”, siendo estas palabras ofensivas, al mismo tiempo que no daban resultados y que solo eran un cargo. Luego que las mujeres denunciaran estos hechos fueron trasladadas a otras delegaciones.
Esta vista pública se repitió luego que la Cámara Cuarta de lo Penal de Santa Tecla ordenara repetir el juicio, ya que la Fiscalía General de la Republica apeló el fallo absolutorio en septiembre de 2014, donde el Tribunal Sexto de Sentencia lo declaró inocente por no contar con pruebas suficientes para culpabilizarlo.
En el presente caso la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que comprobaron la culpabilidad del inspector, quien valiéndose de su cargo agredía a las mujeres. Entre las pruebas estaban los peritajes psicológicos practicados a las tres mujeres.
Será un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena quien garantice que se cumplan las medidas impuestas.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
