Judicial
SENTENCIA: Inspector policial condenado por acoso y agresiones sexuales
El Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador condenó en procedimiento abreviado al inspector de la PNC, Antonio Cruz Preza Sánchez, por los delitos de agresión sexual, acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer, cometidos en perjuicio de tres mujeres.
Los delitos de agresión sexual y acoso sexual fueron cometidos en perjuicio de R. Ramos, por los que fue condenado a tres años de cárcel, en procedimiento abreviado, es decir que el acusado aceptó y confesó los hechos por los que fue acusado, este mecanismo fue solicitado por la parte fiscal y la defensa. Por dicha pena se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento, donde se le impusieron las condiciones siguientes: no cambiar de domicilio, tiene prohibido acercarse, ni tener contacto con la víctima, no consumir bebidas embriagantes ni drogas y presentarse cada tres meses a firmar a la instancia judicial, así como cumplir con un tratamiento terapéutico con un psicológico.
Además en concepto de responsabilidad civil por estos delitos le tendrá que pagar mil dólares a la afectada, para resarcir los daños causados. En caso que desobedezca alguna de las condiciones anteriores, se ordenará la detención.
Con respecto al delito de expresiones de violencia contra la mujer, el cual fue cometido en perjuicio de: R. Ramos, S. Cortez y V. Campos, el cual tiene una sanción de multa, el acusado fue condenado al pago de 400 dólares a cada una de las afectadas, asimismo las condiciones impuestas por los otros delitos.
Los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2013, en la delegación de 911 de Alta Vista, jurisdicción de Tonacatepeque, donde el inspector policial en una de las ocasiones llamo a R. Ramos a su oficina para que le llevara unos libros para firmar, aprovechando cerró la puerta y le mostro un video de índole sexual en la computadora, luego la abrazo con fuerza, dándole besos y tocándole sus partes íntimas, asimismo le dijo que le gustaba y que era bonita, ella se mostró disgustada y salió de la oficina, en ese momento él la siguió y le dijo que se tomara un día libre.
Con respecto al delito de las expresiones de violencia, el acusado en las formaciones generales les decía a las víctimas que no hacían bien su trabajo y que eran “pasmadas”, siendo estas palabras ofensivas, al mismo tiempo que no daban resultados y que solo eran un cargo. Luego que las mujeres denunciaran estos hechos fueron trasladadas a otras delegaciones.
Esta vista pública se repitió luego que la Cámara Cuarta de lo Penal de Santa Tecla ordenara repetir el juicio, ya que la Fiscalía General de la Republica apeló el fallo absolutorio en septiembre de 2014, donde el Tribunal Sexto de Sentencia lo declaró inocente por no contar con pruebas suficientes para culpabilizarlo.
En el presente caso la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que comprobaron la culpabilidad del inspector, quien valiéndose de su cargo agredía a las mujeres. Entre las pruebas estaban los peritajes psicológicos practicados a las tres mujeres.
Será un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena quien garantice que se cumplan las medidas impuestas.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
