Judicial
SENTENCIA: Inspector policial condenado por acoso y agresiones sexuales
El Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador condenó en procedimiento abreviado al inspector de la PNC, Antonio Cruz Preza Sánchez, por los delitos de agresión sexual, acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer, cometidos en perjuicio de tres mujeres.
Los delitos de agresión sexual y acoso sexual fueron cometidos en perjuicio de R. Ramos, por los que fue condenado a tres años de cárcel, en procedimiento abreviado, es decir que el acusado aceptó y confesó los hechos por los que fue acusado, este mecanismo fue solicitado por la parte fiscal y la defensa. Por dicha pena se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento, donde se le impusieron las condiciones siguientes: no cambiar de domicilio, tiene prohibido acercarse, ni tener contacto con la víctima, no consumir bebidas embriagantes ni drogas y presentarse cada tres meses a firmar a la instancia judicial, así como cumplir con un tratamiento terapéutico con un psicológico.
Además en concepto de responsabilidad civil por estos delitos le tendrá que pagar mil dólares a la afectada, para resarcir los daños causados. En caso que desobedezca alguna de las condiciones anteriores, se ordenará la detención.
Con respecto al delito de expresiones de violencia contra la mujer, el cual fue cometido en perjuicio de: R. Ramos, S. Cortez y V. Campos, el cual tiene una sanción de multa, el acusado fue condenado al pago de 400 dólares a cada una de las afectadas, asimismo las condiciones impuestas por los otros delitos.
Los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2013, en la delegación de 911 de Alta Vista, jurisdicción de Tonacatepeque, donde el inspector policial en una de las ocasiones llamo a R. Ramos a su oficina para que le llevara unos libros para firmar, aprovechando cerró la puerta y le mostro un video de índole sexual en la computadora, luego la abrazo con fuerza, dándole besos y tocándole sus partes íntimas, asimismo le dijo que le gustaba y que era bonita, ella se mostró disgustada y salió de la oficina, en ese momento él la siguió y le dijo que se tomara un día libre.
Con respecto al delito de las expresiones de violencia, el acusado en las formaciones generales les decía a las víctimas que no hacían bien su trabajo y que eran “pasmadas”, siendo estas palabras ofensivas, al mismo tiempo que no daban resultados y que solo eran un cargo. Luego que las mujeres denunciaran estos hechos fueron trasladadas a otras delegaciones.
Esta vista pública se repitió luego que la Cámara Cuarta de lo Penal de Santa Tecla ordenara repetir el juicio, ya que la Fiscalía General de la Republica apeló el fallo absolutorio en septiembre de 2014, donde el Tribunal Sexto de Sentencia lo declaró inocente por no contar con pruebas suficientes para culpabilizarlo.
En el presente caso la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que comprobaron la culpabilidad del inspector, quien valiéndose de su cargo agredía a las mujeres. Entre las pruebas estaban los peritajes psicológicos practicados a las tres mujeres.
Será un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena quien garantice que se cumplan las medidas impuestas.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
