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UCA afirma que FGR quiere policía para proteger a exfiscales y no un grupo de investigación
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en su editorial de este lunes confirma que la Fiscalía General de la República (FGR) necesita de reformas, pero no las que quiere el fiscal General de la República, Raúl Melara.
La UCA resalta el nombramiento de Melara que fue un nombramiento político y que la institución tiene unas grandes deficiencias en la investigación y sobre las pocas condenas que consiguen en los tribunales, por lo que impera la impunidad por el centralismo autoritario, como también la mala relación que la FGR tiene con la Policía Nacional Civil (PNC) en casos de suma importancia.
De igual forma la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos.
Según la UCA, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores.
En esa misma línea se dice que si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas.
Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación.
En el editorial la UCA también señala la pretensión del fiscal general de subir a tres años el plazo de imposición de medidas, pero quien va a indemnizar a los que resulten inocentes y hayan estado tres años presos ¿Será que el fiscal general va a indemnizar a los que resulten inocentes? Por lo que la pronta justicia como mandato constitucional no parece interesarle en absoluto a la FGR.
Por lo cual la UCA hace un llamado a la Asamblea Legislativa que sea sensible a los derechos constitucionales sobre la “disparatadas” reformas fiscales que se están proponiendo.
Usuarios de las redes sociales, han señalado a un anciano de ser el responsable del asesinato de Melvin Wilfredo Rodas, de 59 años, en el cantón El Espino, del distrito de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán Norte
Rodas, quien se dedicaba al transporte selectivo en UBER, fue atacado a machetazos y murió de manera inmediata en un predio cercano a la Iglesia Evangélica El Salvador para las Naciones filial El Espino.
De acuerdo con la información de medios locales, la víctima habría sido atacada por otro hombre. Por lo tanto, cibernautas habrían encontrado al responsable y difundieron su fotografía en las plataformas digitales.
El presunto atacante huyó de la escena y sobre este se dijo que era conocido de la víctima y que incluso le había dado donde vivir en un predio cercano a una iglesia; sin embargo, los usuarios de las redes no brindan detalles del nombre del presunto agresor.
Por el momento, la Policía Nacional Civil detalló que «trabajan para encontrar al responsable».
Principal
Modernización y nuevas herramientas buscan agilizar la formalización de las MYPE en El Salvador
El Gobierno de El Salvador, a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), presentó junto al Centro Nacional de Registros (CNR), la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), cuatro iniciativas orientadas a modernizar y agilizar los procesos de formalización de las micro y pequeñas empresas del país.
Estas acciones forman parte de la Política de Integración Económica para la Microempresa, una estrategia diseñada para promover la articulación institucional y el cumplimiento de compromisos establecidos en la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la MYPE.
La política impulsa un trabajo interinstitucional que permite ejecutar estrategias conjuntas en beneficio del sector.
El esfuerzo coordinado ha consolidado un mecanismo que fomenta la cooperación y mejora la implementación de las líneas estratégicas destinadas a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.
Las iniciativas se enfocan especialmente en los Ejes Estratégicos 2 y 3 de la política.
En el Eje 2, orientado a la modernización y reducción de trámites, se destacan tres acciones: la presentación del nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Pequeños Comercios regulados por la SRS; la actualización de la plataforma SIMEJORA, que integra los trámites empresariales de distintas instituciones públicas; y el relanzamiento del régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), impulsado por el CNR, que ofrece una vía más ágil para constituir formalmente un negocio.
En el Eje 3, centrado en la gestión del conocimiento para fortalecer la cultura empresarial, CONAMYPE presentó el diplomado “Ruta hacia la Formalización”. Esta formación está diseñada para orientar a los emprendedores sobre los beneficios y el proceso de formalizar un negocio. El programa incluye tres módulos: “Conociendo la Formalización”, “Paso a Paso hacia la Formalización” y “Ruta Práctica hacia la Formalización”.
Con estas acciones, las instituciones participantes buscan crear un entorno más favorable para la inversión, el crecimiento y la competitividad de las MYPE, a la vez que CONAMYPE reafirma su compromiso de acompañar al ecosistema emprendedor en su desarrollo y consolidación.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Kevin Alexander C. S., de 28 años, por el delito de homicidio culposo en perjuicio de una mujer embarazada. Además, se le atribuyen los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores.
De acuerdo con información fiscal, el hecho ocurrió el 16 de noviembre de 2025, en el kilómetro 59 de la carretera antigua que de Santa Ana conduce a San Salvador, a la altura de la colonia La Providencia. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al llegar tras recibir aviso sobre un accidente con personas lesionadas y una mujer embarazada fallecida.
En la escena se encontraba el imputado, cuando las autoridades conversaron con él, y fue evidente su halitosis alcohólica, por lo que se le practicó la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 105 mg/dl, confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol. Además, se verificó que no posee licencia de conducir.
Según las investigaciones, el acusado realizó una maniobra para adelantarse e invadió el carril contrario, impactando primero con un vehículo, resultando lesionadas las dos ocupantes, y posteriormente chocando con la motocicleta conducida por H. U. S. K., de 33 años, quien resultó lesionado. En el lugar falleció la acompañante del motociclista, quien tenía 32 semanas de gestación
