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UCA afirma que FGR quiere policía para proteger a exfiscales y no un grupo de investigación
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en su editorial de este lunes confirma que la Fiscalía General de la República (FGR) necesita de reformas, pero no las que quiere el fiscal General de la República, Raúl Melara.
La UCA resalta el nombramiento de Melara que fue un nombramiento político y que la institución tiene unas grandes deficiencias en la investigación y sobre las pocas condenas que consiguen en los tribunales, por lo que impera la impunidad por el centralismo autoritario, como también la mala relación que la FGR tiene con la Policía Nacional Civil (PNC) en casos de suma importancia.
De igual forma la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos.
Según la UCA, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores.
En esa misma línea se dice que si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas.
Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación.
En el editorial la UCA también señala la pretensión del fiscal general de subir a tres años el plazo de imposición de medidas, pero quien va a indemnizar a los que resulten inocentes y hayan estado tres años presos ¿Será que el fiscal general va a indemnizar a los que resulten inocentes? Por lo que la pronta justicia como mandato constitucional no parece interesarle en absoluto a la FGR.
Por lo cual la UCA hace un llamado a la Asamblea Legislativa que sea sensible a los derechos constitucionales sobre la “disparatadas” reformas fiscales que se están proponiendo.
Este jueves fue sepultado el niño de dos años que perdió la vida luego de asfixiarse con unas uvas en el caserío Los Paniaguas, distrito de Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán.
Familiares, vecinos y amigos acompañaron a la familia en el funeral, mientras que en redes sociales se multiplicaron los mensajes de solidaridad y llamados a los padres de familia a extremar precauciones para evitar este tipo de tragedias.
Tragedia en Atiquizaya: niño de 2 años muere tras asfixiarse con uvas
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) desarrolló una nueva jornada de capacitación dirigida a motoristas del transporte público, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y evitar más víctimas por accidentes de tránsito.
En esta ocasión, conductores de la Ruta 101-B participaron en charlas impartidas por técnicos del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conasevi), quienes compartieron herramientas para prevenir percances y socializaron las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, vigentes desde diciembre del año pasado.
El Fonat ofrece capacitaciones gratuitas en movilidad segura a conductores de transporte de pasajeros, carga y empresas privadas. Estas formaciones pueden solicitarse a través del sitio web de la institución para abrir más espacios de educación vial en el país.
Las autoridades de Seguridad y de Vivienda inauguraron este jueves un nuevo y moderno centro policial en el reparto La Campanera, en Soyapango, como parte del plan de transformación de la zona que por años fue controlada por pandillas. La inversión en la nueva sede fue de $400,000 y busca fortalecer la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y la atención a la ciudadanía.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que el inmueble era anteriormente un terreno en licitación del sistema de vivienda, pero fue destinado a la PNC para convertirlo en un espacio funcional y moderno. “Era un deseo del comisionado Arriaza Chicas poder transformar este lugar, y hoy lo vemos hecho realidad”, afirmó.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que la nueva sede servirá como un punto de contacto directo entre la comunidad y la policía, y como un espacio digno para el descanso y abastecimiento de los agentes y soldados en servicio. “Hemos utilizado principios de construcción moderna, desde techos termoacústicos hasta energía solar, en sintonía con las instrucciones del presidente Nayib Bukele”, indicó.
Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, resaltó que contar con instalaciones de primer nivel mejora la operatividad y bienestar de las fuerzas de seguridad. Además, Sol señaló que su ministerio continúa trabajando en la recuperación de espacios públicos en La Campanera, incluyendo la colocación de nomenclaturas, como símbolo de identidad para los habitantes de la zona.
