Nacionales
UCA afirma que FGR quiere policía para proteger a exfiscales y no un grupo de investigación
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en su editorial de este lunes confirma que la Fiscalía General de la República (FGR) necesita de reformas, pero no las que quiere el fiscal General de la República, Raúl Melara.
La UCA resalta el nombramiento de Melara que fue un nombramiento político y que la institución tiene unas grandes deficiencias en la investigación y sobre las pocas condenas que consiguen en los tribunales, por lo que impera la impunidad por el centralismo autoritario, como también la mala relación que la FGR tiene con la Policía Nacional Civil (PNC) en casos de suma importancia.
De igual forma la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos.
Según la UCA, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores.
En esa misma línea se dice que si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas.
Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación.
En el editorial la UCA también señala la pretensión del fiscal general de subir a tres años el plazo de imposición de medidas, pero quien va a indemnizar a los que resulten inocentes y hayan estado tres años presos ¿Será que el fiscal general va a indemnizar a los que resulten inocentes? Por lo que la pronta justicia como mandato constitucional no parece interesarle en absoluto a la FGR.
Por lo cual la UCA hace un llamado a la Asamblea Legislativa que sea sensible a los derechos constitucionales sobre la “disparatadas” reformas fiscales que se están proponiendo.
Una pareja fue detenida el pasado 23 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron una alerta de que, sobre la 29 calle oriente y décima avenida norte, en San Salvador, se encontraba una pareja aparentemente consumiendo droga.
Al llegar al lugar, los agentes observaron a los imputados con una actitud sospechosa y nerviosa, razón por la cual les practicaron una requisa personal, en la que se les encontraron dos porciones de material vegetal al interior de bolsas de plástico con cierre hermético.
La prueba de campo realizada arrojó resultado positivo a marihuana, con pesajes de 5.2 y 5.1 gramos.
Por estos hechos los sujetos identificados como Carlos Jefferson Jule Mulato, de 44 años, y Denisse Rubí Méndez Serrano, de 24 años, fueron acusados del delito de posesión y tenencia.
En la audiencia inicial, la jueza consideró que existe prueba indiciaria suficiente sobre la existencia del delito y la probable participación de los procesados, por lo que les decretó detención provisional y el caso continuará a la etapa de instrucción.
Una mujer resultó lesionada luego de caerse de un microbús de la ruta 42, el cual se desplazaba presuntamente a excesiva velocidad, según testigos.
El incidente se registra esta tarde sobre Calle Delgado y 14 Avenida Sur, en San Salvador, detallaron las autoridades que acudieron a la escena.
Socorristas de Comandos de Salvamento fueron alertados de la emergencia y al llegar al lugar brindaron atenciones a la víctima, quien fue identificada como Yansi Peña, de 42 años.
Luego de las evaluaciones prehospitalarias, el cuerpo de socorro informó que la víctima presentaba diferentes traumas producto de la caída.
Las personas que deseen enterrar a su mascota con dignidad, en un espacio donde pueden llegar a colocar flores y detalles, ahora lo podrán hacer en uno de los camposantos más antiguos y reconocidos de San Salvador: La Bermeja
Lo anterior se debe a que el concejo municipal de San Salvador aprobó una reforma que autoriza el entierro de mascotas en un área especial del cementerio.
La ordenanza municipal establece dos categorías para la inhumación de mascotas. Una de ellas permite el entierro mediante el pago de determinadas tarifas municipales, mientras que la otra habilita el servicio de forma gratuita; aunque la ordenanza no detalla los criterios que se utilizarán para definir cuándo un entierro será pagado o gratuito, ni tampoco especifica si existen diferencias en el tipo de servicio que se brinda en cada caso.
En el caso de pago, las tarifas dependerán del tipo de fosa —porque pueden ser de diferentes dimensiones—. La disposición contempla nichos con costos entre $40 y $70, según el tamaño de la mascota. Además, se contemplan cobros adicionales relacionados con la conservación de restos, ya sea mediante una prórroga anual en osario por $5.15 o en el mismo puesto por $14.90.
