Nacionales
Si se impone cárcel a una persona que bota 2 libras de basura, ¿qué sucederá con un alcalde que arroja 500 toneladas de basura del municipio?
Un medio constató, como consecuencia de una denuncia ciudadana, que la municipalidad de San Vicente, dirigida por el alcalde José Roberto Barrientos, se encuentra utilizando un predio que no cuenta con permisos ambientales, para depositar la basura que los camiones recolectores recogen en el municipio.
El sitio que se ha convertido en un botadero a cielo abierto se encuentra ubicado en el kilómetro 69 de la carretera que de San Vicente conduce hacia Zacatecoluca, en el lugar se verificó que hasta el día de ayer se habían arrojado en el inmueble unas 500 toneladas de basura aproximadamente, lo que ya representa una grave contaminación ambiental y un foco de insalubridad para los habitantes cercanos al lugar.
Reforma legal declara delito botar más de dos libras de basura en un sitio inapropiado
En noviembre del año recién pasado, la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Penal estableciendo como delito “la disposición indebida de residuos o desechos” consistente en que se comete la infracción penal por cualquier sujeto que arroja basura con peso de más de dos libras en lugares no autorizados, lo que acarrea una pena de prisión de 1 a 3 años.
Sin embargo, lo que está ocurriendo en el municipio de San Vicente, bajo responsabilidad principal del señor alcalde es la contaminación de una zona que tiene un importante valor ambiental y que al no contar con permisos ambientales constituye el delito de contaminación ambiental agravada, conforme lo dispuesto en los arts. 255 y 256 del Código Penal.
Para algunos habitantes del municipio entrevistados por este medio “es vergonzoso que el alcalde municipal esté depositando la basura en un botadero a cielo abierto, provocando contaminación de aguas, cultivos e insalubridad en la zona, cuando para cumplir con el servicio de disposición final de la basura percibe ingresos ya que a todos los habitantes se les cobra una tasa municipal para ese fin, que va cargada en los colectores municipales”.
Municipalidad declaró estado de emergencia para usar sitio sin permisos ambientales
Una fuente interna de la municipalidad que habló con un medio bajo reserva de anonimato por temor a las represalías, relató a este medio que en los primeros días del mes de diciembre del año pasado, el concejo municipal presidido por el señor alcalde Roberto Barrientos, decretó un “Acuerdo de Emergencia”, pese a no existir ninguna causa legal o hecho que la justificara lo que vuelve ese acto nulo.
Con ese acuerdo se contrató a la empresa CONSTRUPER para brindar el servicio, pero la municipalidad está utilizando el inmueble del kilómetro 69, pese a no contar con permisos ambientales, convirtiéndose en un botadero a cielo abierto.
El 28 de diciembre de 2022, la alcaldesa de Soyapango, Nerci Montano fue detenida administrativamente por orden de Fiscalía, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Malversación de Fondos y Apropiación o Retención Indebida de Cuotas Laborales, en medio de una crisis de recolección de la basura.
Ese mismo día el señor presidente de la República, Nayib Bukele, recordó que no se va a tolerar la corrupción y que los alcades deben responder de los delitos que cometan, en igual sentido se pronunció el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, con un mensaje directo: “Quedan avisados todos los alcaldes”.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios durante mayo de 2025. De acuerdo con datos oficiales compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el país suma ya 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes, incluyendo el miércoles 14 de mayo.
La información fue publicada por la institución policial a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde se detalló que no se reportaron asesinatos en ningún punto del territorio nacional durante la jornada del miércoles.
Los días sin homicidios durante mayo, según el registro oficial, corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Además, el país acumula cinco días consecutivos sin hechos violentos letales.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes permanentes y las acciones coordinadas entre la PNC y la Fuerza Armada, como parte de la estrategia de seguridad implementada en el marco del régimen de excepción. El gobierno ha reiterado que estas medidas han posicionado a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
Las cifras forman parte de los reportes diarios que publica la Policía Nacional Civil, como parte del monitoreo del impacto de sus políticas de seguridad y control territorial.
Internacionales
Pandillero de la MS-13 es detenido en Maryland tras ser buscado por la justicia salvadoreña
Joel Armando Mejía Benítez, identificado como integrante de la pandilla MS-13, fue arrestado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. El salvadoreño tenía una notificación roja de Interpol y enfrenta cargos por múltiples delitos cometidos con armas de fuego en El Salvador, además de haber ingresado ilegalmente en varias ocasiones a Estados Unidos.
“El arresto de este violento pandillero de la MS-13 es un paso crucial en nuestra misión continua de proteger a nuestras comunidades”, expresó Nikita Baker, directora interina de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore.
La trayectoria de Mejía Benítez en territorio estadounidense se remonta a noviembre de 2004, cuando fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza en Sullivan City, Texas. Un año después, en diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia. Fue capturado nuevamente en 2006 en el condado de Prince George y deportado a El Salvador el 13 de diciembre de ese año.
Pese a ello, el pandillero regresó a Estados Unidos de forma irregular en una fecha no determinada. El 20 de marzo de 2014, agentes migratorios volvieron a detenerlo en Baltimore y le notificaron la reactivación de la orden de expulsión previamente emitida.
El más reciente arresto se realizó a inicios de este mes. Las autoridades estadounidenses han confirmado que Mejía Benítez no contaba con admisión legal ni permiso de ingreso, por lo que ahora está a la espera de su extradición a El Salvador, donde sería trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del acuerdo bilateral de repatriación de criminales.
En el marco de una ofensiva migratoria, durante los primeros 100 días del gobierno del expresidente Donald Trump, ICE reportó más de 65,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, entre ellos más de 2,000 miembros de estructuras criminales como la MS-13, la pandilla 18 y el grupo venezolano Tren de Aragua.
