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Si se impone cárcel a una persona que bota 2 libras de basura, ¿qué sucederá con un alcalde que arroja 500 toneladas de basura del municipio?
Un medio constató, como consecuencia de una denuncia ciudadana, que la municipalidad de San Vicente, dirigida por el alcalde José Roberto Barrientos, se encuentra utilizando un predio que no cuenta con permisos ambientales, para depositar la basura que los camiones recolectores recogen en el municipio.
El sitio que se ha convertido en un botadero a cielo abierto se encuentra ubicado en el kilómetro 69 de la carretera que de San Vicente conduce hacia Zacatecoluca, en el lugar se verificó que hasta el día de ayer se habían arrojado en el inmueble unas 500 toneladas de basura aproximadamente, lo que ya representa una grave contaminación ambiental y un foco de insalubridad para los habitantes cercanos al lugar.
Reforma legal declara delito botar más de dos libras de basura en un sitio inapropiado
En noviembre del año recién pasado, la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Penal estableciendo como delito “la disposición indebida de residuos o desechos” consistente en que se comete la infracción penal por cualquier sujeto que arroja basura con peso de más de dos libras en lugares no autorizados, lo que acarrea una pena de prisión de 1 a 3 años.
Sin embargo, lo que está ocurriendo en el municipio de San Vicente, bajo responsabilidad principal del señor alcalde es la contaminación de una zona que tiene un importante valor ambiental y que al no contar con permisos ambientales constituye el delito de contaminación ambiental agravada, conforme lo dispuesto en los arts. 255 y 256 del Código Penal.
Para algunos habitantes del municipio entrevistados por este medio “es vergonzoso que el alcalde municipal esté depositando la basura en un botadero a cielo abierto, provocando contaminación de aguas, cultivos e insalubridad en la zona, cuando para cumplir con el servicio de disposición final de la basura percibe ingresos ya que a todos los habitantes se les cobra una tasa municipal para ese fin, que va cargada en los colectores municipales”.
Municipalidad declaró estado de emergencia para usar sitio sin permisos ambientales
Una fuente interna de la municipalidad que habló con un medio bajo reserva de anonimato por temor a las represalías, relató a este medio que en los primeros días del mes de diciembre del año pasado, el concejo municipal presidido por el señor alcalde Roberto Barrientos, decretó un “Acuerdo de Emergencia”, pese a no existir ninguna causa legal o hecho que la justificara lo que vuelve ese acto nulo.
Con ese acuerdo se contrató a la empresa CONSTRUPER para brindar el servicio, pero la municipalidad está utilizando el inmueble del kilómetro 69, pese a no contar con permisos ambientales, convirtiéndose en un botadero a cielo abierto.
El 28 de diciembre de 2022, la alcaldesa de Soyapango, Nerci Montano fue detenida administrativamente por orden de Fiscalía, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Malversación de Fondos y Apropiación o Retención Indebida de Cuotas Laborales, en medio de una crisis de recolección de la basura.
Ese mismo día el señor presidente de la República, Nayib Bukele, recordó que no se va a tolerar la corrupción y que los alcades deben responder de los delitos que cometan, en igual sentido se pronunció el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, con un mensaje directo: “Quedan avisados todos los alcaldes”.
Durante la sesión plenaria la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, emitió su voto en contra de la nueva prórroga del régimen de excepción, medida que ha sido extendida de forma continua desde marzo de 2022.
A pesar de su voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen con una amplia mayoría, permitiendo que continúe vigente por 30 días más.
La diputada ha sido una de las pocas voces dentro del órgano legislativo que se ha mantenido firme en su posición de no acompañar las prórrogas, argumentando la importancia del respeto a los Derechos Humanos fundamentales y el fortalecimiento institucional.
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Avanza ampliación de carretera Panamericana: clave para mejorar la movilidad hacia el Occidente
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de pavimentación y ampliación de la Carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, continúa avanzando como una de las obras viales más importantes del país. Según la institución, estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad del comercio, el turismo y de miles de familias que utilizan diariamente esta ruta estratégica entre Santa Tecla, Colón y el occidente del territorio.
El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 15 kilómetros de carretera, la construcción del viaducto Francisco Morazán, una estructura de más de un kilómetro diseñada para alejar la vía de las zonas de mayor riesgo, y la modernización integral del corredor vial con drenajes, señalización, iluminación y nueva capa de pavimento.
Autoridades del MOP detallan que los trabajos incluyen obras de terracería, estabilización de taludes, cimentación profunda para el viaducto y preparación de los nuevos carriles. Esta fase forma parte del proceso de transformación de la Carretera Panamericana en un corredor más amplio, seguro y resistente a las condiciones climáticas que históricamente han afectado la zona.
El proyecto no solo busca aumentar la capacidad vehicular, sino también reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad logística hacia el occidente y fortalecer la seguridad vial en un tramo caracterizado por su alta vulnerabilidad a deslizamientos.
La Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga del Régimen de Excepción por otros 30 días. Una vez más, los dos diputados propietarios del partido ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no estuvieron presentes en el hemiciclo al momento de la votación.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85 mil presuntos pandilleros y la reducción histórica de homicidios en el país.
Con esta nueva extensión, el Régimen de Excepción continuará vigente hasta finales de diciembre de 2025, consolidándose como la herramienta central del Plan Control Territorial del gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
La oposición queda nuevamente señalada por no presentar una alternativa clara ni participar activamente en uno de los temas que, según las encuestas, goza del mayor respaldo ciudadano en materia de seguridad.
