Judicial
SENTENCIA: Tribunal dará fallo contra expresidente del BMI y el exdirector de Infocentro el 5 de marzo
Tribunal dará fallo contra expresidente del BMI el 5 de marzo
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, dará el fallo el próximo 5 de marzo, a las 11:00 a.m, de la vista pública contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), Nicola Ernesto Angelucci Silva y Sigfredo Armando Figueroa Salinas, exdirector de la Asociación Infocentro, por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, en perjuicio de la administración pública.
Ayer luego de concluir los alegatos finales por parte de la defensa de ambos procesados la Fiscalía solicitó al Tribunal que, a los acusados se les decretara el arresto domiciliar, a fin de garantizar la comparecencia al fallo, considerando que los delitos son tipificados como graves.
Dicho ente colegiado resolvió no ha lugar la petición ya que ambos han cumplido con las medidas alternas a la detención, por lo tanto resolvió colocarles un dispositivo electrónico mientras se da la lectura del fallo.
La Fiscalía General de la Republica solicitó la pena de 15 años de cárcel para Nicola Angelucci por el delito de peculado en modalidad continuada y 8 años por negociaciones ilícitas, asimismo en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 6 millones 193 mil 293.61 dólares, los cuales alegan que son el monto total que fue transferido del BMI a Infocentros, por los seis convenios mencionados en el caso.
Asimismo solicita para Sigfredo Figueroa la pena de 12 años por el delito de peculado, en calidad de cómplice necesario.
Con relación a la responsabilidad civil, la Fiscalía requiere que se responsabilice de forma solidaria, y que el Tribunal decida el porcentaje por el que cada uno de los acusados debe responder.
En el desarrollo de la audiencia se recibió la declaración 26 testigos de cargo y 11 de descargo; además dos peritos financieros contables, uno presentado por la Fiscalía y el otro por parte de la defensa de Angelucci, los cuales fueron interrogados sobre auditorías realizadas a la documentación, sobre los convenios realizados entre el BMI e Infocentros.
Angelucci está acusado de administrar presuntamente de forma irregular 6 millones 173 mil dólares durante el periodo de 1999 al 2009, cuando se dio una apropiación de fondos del BMI para trasladarlos a la Asociación Infocentros, cuando no era permitido por ser una asociación sin fines de lucro.
También era presidente de la Asociación Infocentro y con esta doble calidad de funciones se hizo valer de su cargo para favorecer la suscripción de convenios con dicha entidad.
La investigación contra los procesados comenzó en el año 2012 por denuncia de erogaciones que realizó el BMI para varios proyectos de los cuales no había evidencia física de haberse ejecutados por parte de Infocentros.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
