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SENTENCIA: Tribunal dará fallo contra expresidente del BMI y el exdirector de Infocentro el 5 de marzo
Tribunal dará fallo contra expresidente del BMI el 5 de marzo
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, dará el fallo el próximo 5 de marzo, a las 11:00 a.m, de la vista pública contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), Nicola Ernesto Angelucci Silva y Sigfredo Armando Figueroa Salinas, exdirector de la Asociación Infocentro, por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, en perjuicio de la administración pública.
Ayer luego de concluir los alegatos finales por parte de la defensa de ambos procesados la Fiscalía solicitó al Tribunal que, a los acusados se les decretara el arresto domiciliar, a fin de garantizar la comparecencia al fallo, considerando que los delitos son tipificados como graves.
Dicho ente colegiado resolvió no ha lugar la petición ya que ambos han cumplido con las medidas alternas a la detención, por lo tanto resolvió colocarles un dispositivo electrónico mientras se da la lectura del fallo.
La Fiscalía General de la Republica solicitó la pena de 15 años de cárcel para Nicola Angelucci por el delito de peculado en modalidad continuada y 8 años por negociaciones ilícitas, asimismo en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 6 millones 193 mil 293.61 dólares, los cuales alegan que son el monto total que fue transferido del BMI a Infocentros, por los seis convenios mencionados en el caso.
Asimismo solicita para Sigfredo Figueroa la pena de 12 años por el delito de peculado, en calidad de cómplice necesario.
Con relación a la responsabilidad civil, la Fiscalía requiere que se responsabilice de forma solidaria, y que el Tribunal decida el porcentaje por el que cada uno de los acusados debe responder.
En el desarrollo de la audiencia se recibió la declaración 26 testigos de cargo y 11 de descargo; además dos peritos financieros contables, uno presentado por la Fiscalía y el otro por parte de la defensa de Angelucci, los cuales fueron interrogados sobre auditorías realizadas a la documentación, sobre los convenios realizados entre el BMI e Infocentros.
Angelucci está acusado de administrar presuntamente de forma irregular 6 millones 173 mil dólares durante el periodo de 1999 al 2009, cuando se dio una apropiación de fondos del BMI para trasladarlos a la Asociación Infocentros, cuando no era permitido por ser una asociación sin fines de lucro.
También era presidente de la Asociación Infocentro y con esta doble calidad de funciones se hizo valer de su cargo para favorecer la suscripción de convenios con dicha entidad.
La investigación contra los procesados comenzó en el año 2012 por denuncia de erogaciones que realizó el BMI para varios proyectos de los cuales no había evidencia física de haberse ejecutados por parte de Infocentros.
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Cárcel para sujeto que asesinó brutalmente asesinó a su hija de 7 años y maltrató a otros tres niños
El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a 59 años de prisión a Neftalí Antonio Martínez Pimentel por feminicidio agravado y maltrato infantil.
La condena incluye 50 años por la muerte de su hija de 7 años, quien fue golpeada violentamente tras un incidente y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Además, fue sentenciado a 9 años por maltratar a sus otros tres hijos.
La Fiscalía detalló que la víctima no recibió atención médica y falleció en la vivienda familiar en Ahuachapán, tras ser abandonada por los adultos responsables. La madrastra ya fue condenada en otro proceso relacionado al caso.
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Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
