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SENTENCIA: Tribunal dará fallo contra expresidente del BMI y el exdirector de Infocentro el 5 de marzo

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Foto El Salvador.com

Tribunal dará fallo contra expresidente del BMI el 5 de marzo

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, dará el fallo el próximo 5 de marzo, a las 11:00 a.m, de la vista pública contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), Nicola Ernesto Angelucci Silva y Sigfredo Armando Figueroa Salinas, exdirector de la Asociación Infocentro, por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, en perjuicio de la administración pública.
Ayer luego de concluir los alegatos finales por parte de la defensa de ambos procesados la Fiscalía solicitó al Tribunal que, a los acusados se les decretara el arresto domiciliar, a fin de garantizar la comparecencia al fallo, considerando que los delitos son tipificados como graves.

Dicho ente colegiado resolvió no ha lugar la petición ya que ambos han cumplido con las medidas alternas a la detención, por lo tanto resolvió colocarles un dispositivo electrónico mientras se da la lectura del fallo.
La Fiscalía General de la Republica solicitó la pena de 15 años de cárcel para Nicola Angelucci por el delito de peculado en modalidad continuada y 8 años por negociaciones ilícitas, asimismo en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 6 millones 193 mil 293.61 dólares, los cuales alegan que son el monto total que fue transferido del BMI a Infocentros, por los seis convenios mencionados en el caso.

Asimismo solicita para Sigfredo Figueroa la pena de 12 años por el delito de peculado, en calidad de cómplice necesario.
Con relación a la responsabilidad civil, la Fiscalía requiere que se responsabilice de forma solidaria, y que el Tribunal decida el porcentaje por el que cada uno de los acusados debe responder.
En el desarrollo de la audiencia se recibió la declaración 26 testigos de cargo y 11 de descargo; además dos peritos financieros contables, uno presentado por la Fiscalía y el otro por parte de la defensa de Angelucci, los cuales fueron interrogados sobre auditorías realizadas a la documentación, sobre los convenios realizados entre el BMI e Infocentros.
Angelucci está acusado de administrar presuntamente de forma irregular 6 millones 173 mil dólares durante el periodo de 1999 al 2009, cuando se dio una apropiación de fondos del BMI para trasladarlos a la Asociación Infocentros, cuando no era permitido por ser una asociación sin fines de lucro.

También era presidente de la Asociación Infocentro y con esta doble calidad de funciones se hizo valer de su cargo para favorecer la suscripción de convenios con dicha entidad.
La investigación contra los procesados comenzó en el año 2012 por denuncia de erogaciones que realizó el BMI para varios proyectos de los cuales no había evidencia física de haberse ejecutados por parte de Infocentros.

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Sujetos acusados de matar a instructor del coro de una iglesia, permanecerán en prisión mientras son investigados

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En la primera audiencia realizada por el Juzgado de Paz de Jayaque, en contra de José Vidal García Girón y Francisco Cruz Dimas, la Fiscalía logró que los imputados sigan en prisión mientras continúan las investigaciones en su contra.

Ambos son procesados por asesinar al instructor del coro de una iglesia donde eran miembros.

Según las investigaciones, García y Cruz se encontraban departiendo en año nuevo junto a la víctima. Luego de una fuerte discusión, lo atacaron con un arma blanca ocasionándole graves heridas que le causaron la muerte.

Este crimen ocurrió en el 2025 en Jayaque, La Libertad Oeste y enfrentaron

El requerimiento se presentó el viernes 17 de enero.

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Alias ‘Pato’, miembro de la MS-13, seguirá preso

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El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Esteban Francisco González Cárcamo, alias Pato, quien es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

Los señalamientos fiscales perfilan a González Cárcamo como homeboy de la Mara Salvatrucha, quien forma parte de la clica Herraduras Criminales Locos Salvatruchas que delinque principalmente en el distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia de imposición de medidas, bastaron para que el juez del caso ordenara que alias Pato siga preso mientras el ministerio público continúa con las investigaciones.

«Entre las pruebas se encuentran el perfil delincuencial, informes de inteligencia policial, análisis de tatuajes y antecedentes penales por delitos como amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. Dada la contundencia de estas evidencias, la autoridad judicial consideró mantener al imputado en detención provisional mientras el caso avanza en la etapa de Instrucción, detallaron fuentes judiciales.

El sospechoso fue arrestado por la Policía el pasado 5 de enero en el distrito de San Dionisio, jurisdicción de Usulután Este. Su historial delictivo data desde el 2007 por los delitos de: agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y amenazas.

Las autoridades informaron que este pandillero será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde otros criminales cumplen sus condenas.

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Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica

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Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.

 

Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.

Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.

Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.

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