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Rolando Castro denuncia que Muyshondt ordenó destruir evidencias de corrupción de su gestión
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, denunció la destrucción de documentación de la alcaldía de San Salvador que desde el pasado 12 de febrero se ha comenzado a llevar a cabo por orden del alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt.
Castro dijo que Muyshondt ha dado instrucciones a Carlos Girón, director de Desechos Sólidos de la alcaldía capitalina para proceder con la destrucción de documentos que serían comprometedores para su gestión.
La documentación destruida incluye procesos de compras de productos o servicios y material de la UACI, además se ha pedido a funcionarios que se borre todo rastro sobre la existencia de plazas fantasmas en la comuna.
«Por instrucción de Neto Muyshondt el director de desecho sólidos Carlos Girón de la alcaldía está destruyendo información de la UACI de compras ejecutadas como también cambiando reportes y expedientes de trabajadores que tienen con plazas fantasmas», aseguró el ministro.
Ante tales acontecimientos dentro de la alcaldía de San Salvador, Castro llamó a las instituciones encargadas de evitar este tipo de acciones, a que actúen de inmediato a fin de evitar que se destruyan evidencias de la corrupción que ha prevalecido en la gestión del actual jefe de comuna.
«Están en manos de instituciones como la Corte Cuentas y la Fiscalía General de la República. A 15 días de las elecciones, el aparato gerencial de Muyshondt está destruyendo información institucional, las instituciones deben actuar y procesar por este y otros delitos a esta corrupción galopante de Muyshondt», señaló el titular de Trabajo y Previsión Social.
Castro hizo pública una denuncia que se le hizo llegar donde se advierte sobre las acciones delictivas que se están cometiendo por orden del alcalde, quien, ante su irremediable derrota electoral en los comicios del próximo 28 de febrero, está tratando de borrar huellas sobre todos los hechos de corrupción que ha ejecutado en contra de los intereses de los capitalinos.
Los denunciantes pidieron a Mario Durán, candidato de Nuevas Ideas y próximo alcalde de San Salvador, según todas las encuestas, que, al tomar posesión del cargo, pida una auditoría de las finanzas de la comuna.
El alcalde Muyshondt tiene una larga lista de acciones de dudosa transparencia, que han llevado a una crisis en todas las áreas de la capital como el de la disposición de los desechos sólidos y la apropiación de un monto millonario correspondiente a cuotas laborales de los trabajadores.
En la competencia electoral, todos los vaticinios de las encuestas arrojan una derrota contundente de Muyshondt a manos del exministro de Gobernación, Mario Durán, lo que ha incrementado los niveles de desesperación de los candidatos.
En audiencia única abierta realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República solicito 60 años de prisión para Carlos Javier Vásquez Amaya, máximo cabecilla de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que delinquía en tres distritos del municipio Cuscatlán Sur.
Vásquez Amaya, era corredor de esa célula territorial que se desprende del denominado programa Cabañas de la Mara Salvatrucha, tenía bajo su mando a 65 pandilleros considerados «homeboys» para quienes el ministerio público solicitó en los alegatos finales que sean sentenciados a 40 años de cárcel.
El ministerio público ha pedido que se les aplique la reformada Ley contra el Crimen Organizado que ordena a los jueces condenar hasta con 60 años a los cabecillas y financistas de las pandillas y penas de 30 y 40 años a los miembros activos.
Los 66 terroristas enfrentaron la audiencia única por agrupaciones ilícitas, la normativa salvadoreña establece que ese delito aplica a quienes sean parte de una pandilla.
Durante una semana la Fiscalía incorporó prueba documental, testimonial y pericial. Un testigo con régimen de protección tras llegar a rendir su declaración confirmó la función y rol que desempañaba cada uno de los mareros para ejecutar hechos delictivos.
Para acreditar la pertenencia a la Mara Salvatrucha, el fiscal del caso dijo que se ofreció análisis de interpretación de tatuajes, que vincula a los imputados a la Mara Salvatrucha.
En las pesquisas que policías y fiscales efectuaron quedó acreditado que los enjuiciados estuvieron delinquiendo en los distritos de San Rafael Cedros, El Carmen y El Rosario, municipio de Cuscatlán Sur.
Todos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, desde el 27 de marzo de 2022.
Durante un patrullaje de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil fue capturado Edson Vladimir Méndez Cubías, de 30 años, quien llevaba consigo 47 porciones de cocaína.
De acuerdo a la versión policial en la red social X, el sujeto fue intervenido en el cantón Dolores Apulo, Ilopango, San Salvador Este.
La corporación detalla que el sujeto fue abordado «al notarlo con apariencia sospechosa» y durante el registro se le encontraron «las porciones de cocaína en una bolsa trasera del short».
La PNC indicó que esta acción fue ejecutada dentro del Plan Control Territorial y el ahora detenido será remitido por el delito de posesión y tenencia de droga.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, condenó a seis años de cárcel a Kevin Stanley Bonilla Sánchez por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El vendedor de droga fue arrestado la noche del 18 de enero de 2025 en el parqueo de un centro comercial localizado en Lourdes, Colón, municipio La Libertad Oeste.
El imputado fue ubicado por miembros de la Fuerza Armada, quienes al verlo de forma sospechosa lo abordaron y al regístrarlo le hallaron 26 gramos de marihuana, con un precio de $98.
En el fallo emitido por el tribunal se estableció que además de los gramos de droga incautados, en el teléfono celular confiscado, le hallaron audios, imágenes y mensajes que evidenciaron su participación en la venta de estupefacientes.
La obtención de esos elementos de prueba se logró mediante un vaciado de información, esa pericia complementó la acusación por el decomiso de la droga.
Al final el tribunal resolvió que las pruebas testimoniales y digitales eran suficientes para emitir un fallo condenatorio para el vendedor de droga capturado cometiendo el delito.
