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Roberto d’Aubuisson confiesa que usó dinero de trabajadores y proveedores para hacer obras
El alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson Munguía, reconoció este jueves que echó mano del dinero destinado al reinstalo de empleados despedidos, retención de cuotas laborales y del pago a proveedores para utilizarlo en obras, argumentando caída de ingresos en tasas municipales por la emergencia de la pandemia de Covid-19 y por la falta de pago el impago del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES).
El alcalde no ha obedecido una orden del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla, que le ordena al edil el reinstalo de 71 empleados que despidió el 31 de julio de 2018, para darle vida al sistema de recolección de desechos sólidos Teclaseo y que él firmó contrato con una empresa colombiana
“Pero nosotros hemos dicho: Si nos dan el FODES, podemos recontratarlos, porque lo que hemos prestado de fondos propios a FODES lo recuperamos y tendríamos capacidad para manejarnos. Sin FODES no puedo hacer nada”, afirmó.
También confesó que usó dinero para el pago a proveedores, con quienes mantiene un impago desde hace meses y a quienes solo ofreció disculpas. Eso sí, no explicó en qué usó específicamente ese dinero.
“En el FODES hay programas que hemos tenido que atender, que hemos atendido con fondos propios y eso nos ha quitado dinero para proveedores. Estamos atrasados con algunos de nuestros proveedores, por lo que pedimos las disculpas y les hemos explicado la situación”, dijo.
El edil ha incumplido estas sentencias judiciales reiteradamente sin que ello le acarree consecuencias o investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Es más, el edil no ha tenido ni un solo proceso abierto en esa instancia por otros delitos, como su involucramiento en la muerte de Iván Alexander Sandoval, de 35 años, un vendedor ambulante que recibió un disparo de arma de fuego en noviembre de 2018 por uno de los agentes del CAMSAT.
El ministro de Trabajo, Rolando Casto, denunció que d’Aubuisson Munguía tiene entre sus concejales al hermano del actual Fiscal General, Fidel Melara Morán, por lo cual el funcionario no ha iniciado ningún proceso en su contra y lo exoneró sobre el no pago de las retenciones laborales del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Tecla (SITRAMSAT), por lo que descargaron toda la responsabilidad en el tesorero de esa comuna.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
