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Roberto d’Aubuisson confiesa que usó dinero de trabajadores y proveedores para hacer obras
El alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson Munguía, reconoció este jueves que echó mano del dinero destinado al reinstalo de empleados despedidos, retención de cuotas laborales y del pago a proveedores para utilizarlo en obras, argumentando caída de ingresos en tasas municipales por la emergencia de la pandemia de Covid-19 y por la falta de pago el impago del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES).
El alcalde no ha obedecido una orden del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla, que le ordena al edil el reinstalo de 71 empleados que despidió el 31 de julio de 2018, para darle vida al sistema de recolección de desechos sólidos Teclaseo y que él firmó contrato con una empresa colombiana
“Pero nosotros hemos dicho: Si nos dan el FODES, podemos recontratarlos, porque lo que hemos prestado de fondos propios a FODES lo recuperamos y tendríamos capacidad para manejarnos. Sin FODES no puedo hacer nada”, afirmó.
También confesó que usó dinero para el pago a proveedores, con quienes mantiene un impago desde hace meses y a quienes solo ofreció disculpas. Eso sí, no explicó en qué usó específicamente ese dinero.
“En el FODES hay programas que hemos tenido que atender, que hemos atendido con fondos propios y eso nos ha quitado dinero para proveedores. Estamos atrasados con algunos de nuestros proveedores, por lo que pedimos las disculpas y les hemos explicado la situación”, dijo.
El edil ha incumplido estas sentencias judiciales reiteradamente sin que ello le acarree consecuencias o investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Es más, el edil no ha tenido ni un solo proceso abierto en esa instancia por otros delitos, como su involucramiento en la muerte de Iván Alexander Sandoval, de 35 años, un vendedor ambulante que recibió un disparo de arma de fuego en noviembre de 2018 por uno de los agentes del CAMSAT.
El ministro de Trabajo, Rolando Casto, denunció que d’Aubuisson Munguía tiene entre sus concejales al hermano del actual Fiscal General, Fidel Melara Morán, por lo cual el funcionario no ha iniciado ningún proceso en su contra y lo exoneró sobre el no pago de las retenciones laborales del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Tecla (SITRAMSAT), por lo que descargaron toda la responsabilidad en el tesorero de esa comuna.
Daniel Amaya, del Complejo Educativo República del Perú; Horus Molina, del Complejo Educativo República Oriental del Uruguay; y William Benítez, del Instituto Nacional Albert Camus, son los tres estudiantes del departamento de San Salvador que obtuvieron la mayor puntuación en la prueba AVANZO en 2025.
La mayor puntuación en este departamento fue 9.8 y la obtuvo Daniel Amaya, de 18 años, quien tiene un espíritu autodidacta y grandes deseos de convertirse en desarrollador de software.
«Por más que pasen los días, no me lo termino de creer porque sí esperaba una nota buena, siempre he llevado un buen récord académico; sin embargo, quedar en el top 3 a escala departa mental es algo que no me imaginaba», comentó.
Después de recibir esta calificación, Amaya aplicará a una beca el próximo año en el programa Key Excellence, pues su sueño es estudiar una ingenie ría en Key Institute. Mientras tanto, contó que está estudiando por su cuenta un curso en Platzi, una plataforma digital y gratuita que el Gobierno ha puesto a disposición de todos los salvadoreños.
Por su parte, Horus Molina y William Benítez tuvieron una puntuación de 9.7 en la prueba AVANZO, lo que también les llenó de emoción y motivación para perseverar en el área académica.
Horus comentó que su intención al sacar buena nota es facilitar su ingreso a la Universidad de El Salvador (UES), pero también apli car a una beca en el extranjero para estudiar Ingeniería en Ciencias de la Computación.
Para William, la prueba representó un desafío que requirió no solo repasos en meses previos, sino haber llevado un récord académico sólido desde la educación básica.
«Me parece superbién que se haga esta prueba porque ahora, con todo esto de la inteligencia artificial, como que no se suele prestar mucha atención a las cosas y solo se dice: “Ah, esto lo hago con inteligencia artificial y listo”. Entonces me parece una buena opción para que vean en qué estados van todos los jóvenes a la universidad», comentó.
El sueño de Benítez es convertirse en licenciado en Psicología, por lo que este año comenzará sus estudios en la UES.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se «finalizó el sábado 7 de febrero, con 0 homicidios en el país».
Hasta ahora, las fechas con cero homicidios en febrero han sido las siguientes: 1, 3, 4, 5 y 7 totalizando cinco días sin muertes a causa de la violencia en lo que va del mes.
Cabe mencionar, que también las autoridades han especificado que El Salvador alcanzó una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y el llevar a 0 % la impunidad en el delito de homicidio, durante el 2025.
Los logros anteriores se deben al Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta el momento en el país.
