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Protección Civil fortalece sistema de alerta temprana por lluvias
El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial implementa acciones para contar con un sistema de alerta temprana ante riesgos por eventos naturales como las lluvias o inundaciones. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain detalló que en la zona del bajo Lempa cuentan con un sistema de alerta cuando CEL realiza descargas.
Según dijo, en este proceso también colabora las comisiones municipales de Protección Civil avisando oportunamente a la población para que estén preparados. Otra de estas acciones de alerta temprana ha sido la marcación de un semáforo de riesgo en uno de los muros del río Acelhuate en la colonia La Málaga, el cual, indicará cuando el nivel del agua represente un riesgo para la población de acuerdo a los colores. Cuando el agua llegue a color verde significa que aún no existe mayor riesgo, sin embargo cuando se aproxime a la franja roja que se ha pintado en el muro significa que ya existe un peligro.
De igual forma, el Plan Invernal es una estrategia preventiva y de mitigación de riesgos que contiene acciones precisas para alertar a la población cuando suceden lluvias. La primera fase del Plan Invernal se enfocó en trabajos de prevención de riesgos en más de 100 puntos del país, los cuales fueron intervenidos a través de un mapa de calor donde se concentran los lugares donde históricamente se han registrados desastres naturales.
En estos lugares se trabajó con el Ministerio de Obras Públicas y FOVIAL desarrollando limpiezas, y mejoras en la infraestructura. «Se hizo una serie de trabajos en más de 100 puntos en el país para hacer obras de prevención y mitigación a través como parte de la primera fase de Plan Invernal», detalló el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
Con estas acciones se busca que los impactos por lluvias sean menores y que la población esté mejor preparada para cualquier evento natural. De igual forma, la segunda etapa del Plan Invernal se empezó a implementar en mayo, y aunque su enfoque es la atención de emergencias y riesgos, se mantiene el abordaje preventivo.
«La etapa dos se empezó a implementar con las primeras tormentas a inicios de mayo. Cuando se registran lluvias se activa toda la Comisión Nacional de Protección Civil para atender las Emergencias. Estamos también haciendo prevenciones», detalló Bidegain.
De igual forma, para fortalecer dicho sistema de alerta y respuesta por las lluvias, el ministro indicó que la Dirección de Protección Civil ya cuenta con Equipos Tácticos Operativos también están colaborando con las acciones de primera respuesta y están en servicio a las comisiones municipales y también son un complemento de las acciones del Cuerpo de Bomberos.
El lunes por la noche colaboraron con las emergencias que surgieron por las lluvias. Una de las atenciones se realizó en una casa inundada en San Marcos, y otras más en Santa Rosa de Lima. También se atendió un árbol que cayó sobre un vehículo en San José Villanueva.
«El desarrollo y la implementación de los equipos tácticos operativos ha sido para enfrentar la parte más fuerte del invierno. Vamos a desplegar los equipos en todo el territorio y de esa manera nos estamos preparando de forma integrada», señaló el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
