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Protección Civil fortalece sistema de alerta temprana por lluvias
El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial implementa acciones para contar con un sistema de alerta temprana ante riesgos por eventos naturales como las lluvias o inundaciones. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain detalló que en la zona del bajo Lempa cuentan con un sistema de alerta cuando CEL realiza descargas.
Según dijo, en este proceso también colabora las comisiones municipales de Protección Civil avisando oportunamente a la población para que estén preparados. Otra de estas acciones de alerta temprana ha sido la marcación de un semáforo de riesgo en uno de los muros del río Acelhuate en la colonia La Málaga, el cual, indicará cuando el nivel del agua represente un riesgo para la población de acuerdo a los colores. Cuando el agua llegue a color verde significa que aún no existe mayor riesgo, sin embargo cuando se aproxime a la franja roja que se ha pintado en el muro significa que ya existe un peligro.
De igual forma, el Plan Invernal es una estrategia preventiva y de mitigación de riesgos que contiene acciones precisas para alertar a la población cuando suceden lluvias. La primera fase del Plan Invernal se enfocó en trabajos de prevención de riesgos en más de 100 puntos del país, los cuales fueron intervenidos a través de un mapa de calor donde se concentran los lugares donde históricamente se han registrados desastres naturales.
En estos lugares se trabajó con el Ministerio de Obras Públicas y FOVIAL desarrollando limpiezas, y mejoras en la infraestructura. «Se hizo una serie de trabajos en más de 100 puntos en el país para hacer obras de prevención y mitigación a través como parte de la primera fase de Plan Invernal», detalló el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
Con estas acciones se busca que los impactos por lluvias sean menores y que la población esté mejor preparada para cualquier evento natural. De igual forma, la segunda etapa del Plan Invernal se empezó a implementar en mayo, y aunque su enfoque es la atención de emergencias y riesgos, se mantiene el abordaje preventivo.
«La etapa dos se empezó a implementar con las primeras tormentas a inicios de mayo. Cuando se registran lluvias se activa toda la Comisión Nacional de Protección Civil para atender las Emergencias. Estamos también haciendo prevenciones», detalló Bidegain.
De igual forma, para fortalecer dicho sistema de alerta y respuesta por las lluvias, el ministro indicó que la Dirección de Protección Civil ya cuenta con Equipos Tácticos Operativos también están colaborando con las acciones de primera respuesta y están en servicio a las comisiones municipales y también son un complemento de las acciones del Cuerpo de Bomberos.
El lunes por la noche colaboraron con las emergencias que surgieron por las lluvias. Una de las atenciones se realizó en una casa inundada en San Marcos, y otras más en Santa Rosa de Lima. También se atendió un árbol que cayó sobre un vehículo en San José Villanueva.
«El desarrollo y la implementación de los equipos tácticos operativos ha sido para enfrentar la parte más fuerte del invierno. Vamos a desplegar los equipos en todo el territorio y de esa manera nos estamos preparando de forma integrada», señaló el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
