Nacionales
Presidente Nayib Bukele lidera nivel de popularidad entre políticos de Latinoamérica
Trece personalidades de la política latinoamericana fueron evaluadas por la encuestadora CID Gallup, incluyendo al presidente Nayib Bukele, quien fue el que mayor opinión favorable obtuvo, alcanzando 92 %, muy por encima del 83 % que logró el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
La medición de CID Gallup no se limitó solo a presidentes de Latinoamérica, sino que también incluyó a otros personajes de la política en diferentes países.
El tercer puesto con mayor aprobación lo tiene el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, pero con 76 % en su país.
En el caso del presidente Nayib Bukele, la población salvadoreña ha destacado como principal logro el combate a las pandillas y las mejoras en el clima de seguridad que se vive a escala nacional.
Además, se siguen realizando fuertes inversiones en salud, educación y obras públicas, dando un nuevo rostro al país.
En materia de seguridad, el Gobierno implementa el Plan Control Territorial desde junio de 2019, estrategia que sentó las bases para desarticular las estructuras que las pandillas habían desarrollado en el territorio.
Para fortalecerlo, desde marzo de 2022, y de forma consecutiva, la Asamblea Legislativa ha aprobado y prorrogado el régimen de excepción para que se utilice en el combate a las pandillas.
Con estas estrategias se ha logrado que unos 64,300 pandilleros ya estén detenidos y en prisión, sin la posibilidad de que vuelvan a delinquir o a generar miedo en la población salvadoreña.
El Gobierno también ha construido el nuevo y moderno Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), un megapenal que podrá contener a 40,000 delincuentes que ya se encuentran en otros centros penitenciarios y que están en proceso de traslado.
Las autoridades detallaron que líderes y cabecillas de las pandillas serán llevados al Cecot, ya que cuenta con más seguridad.
Desde el 1.º de junio de 2019, fecha en que asumió el presidente Nayib Bukele su cargo, El Salvador contabiliza 313 días sin homicidios, cifra histórica, ya que en anteriores gobiernos no se superaron los dos días.
Estadísticamente, el país podría completar 365 días sin homicidios antes de que finalice el período del presidente Bukele.
En tanto, las críticas de voces opositoras nacionales y extranjeras siguen cuestionando las estrategias de seguridad, sin tener un verdadero fundamento.
De hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el trabajo en seguridad realizado por Nayib Bukele.
El mandatario colombiano obtuvo un nivel de aprobación de 57 %, según la misma encuesta de CID Gallup.
Un fuerte accidente de tránsito fue reportado esta mañana en las inmediaciones del redondel del bypass del departamento de Usulután.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran un vehículo color rojo, con placas P721-980, que chocó contra una champa construida con lámina y madera, ubicada a un costado de la vía.
Las autoridades acudieron a la escena para determinar las causas que originaron el percance vial.
Hasta el momento, se desconoce si alguna persona resultó lesionada de gravedad.
Una menor de un año y nueve meses fue encontrada sin vida en el interior de la piscina de un restaurante ubicado en la playa San Marcelino, departamento de La Paz.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la menor se encontraba junto a su madre, quien se dedica a vender minutas en la zona.
Según las indagaciones, la madre tuvo que alejarse momentáneamente para atender asuntos relacionados con su actividad. Al regresar a su puesto, no encontró a su hija, por lo que comenzó a buscarla.
Instantes después, la menor fue encontrada inconsciente dentro de la piscina infantil. Ante la situación, fueron llamados los cuerpos de socorro, quienes confirmaron que la niña no presentaba signos vitales.
ENTREGA ESPECIAL
Audios confirmados reabren cuestionamientos sobre negocios de Roberto Arzú con señalado líder de “Los Caradura” en Guatemala
El escenario político guatemalteco rumbo a las elecciones de 2027 vuelve a colocar bajo escrutinio a Roberto Arzú García-Granados. El excandidato presidencial, quien actualmente participa en la estructura del partido Cabal como secretario de Formación Política y busca reposicionarse de cara al próximo proceso electoral, ha enfrentado cuestionamientos tras la difusión de conversaciones con Francisco Edgar “Paco” Domínguez Higueros, señalado por autoridades e investigaciones como una figura vinculada a la estructura conocida como “Los Caradura”. Arzú confirmó públicamente a La Hora que una de las conversaciones divulgadas es auténtica.
En la grabación, Domínguez reclama a Arzú por una deuda millonaria, mientras el político hace referencia a un contrato mediante el cual un “canal” realizaría un pago. Consultado por La Hora, Arzú explicó que la conversación estaba relacionada con negocios de venta de publicidad en televisión abierta y negó que se tratara de operaciones con dinero ilícito. Según su versión, ha trabajado en el sector publicitario desde joven y desconocía los señalamientos criminales contra Domínguez cuando mantuvo relaciones comerciales con empresas relacionadas con él.
La figura de “Paco” Domínguez adquirió relevancia después de su muerte en 2025 y de la circulación de distintos audios en redes sociales. Investigaciones periodísticas han relacionado a Domínguez con “Los Caradura”, estructura señalada por actividades de narcomenudeo y otros delitos en la capital guatemalteca. República publicó posteriormente una extensa investigación en la que afirma haber revisado audios y documentos relacionados con deudas y operaciones comerciales entre Arzú y Domínguez; sin embargo, algunas de las conclusiones más graves planteadas por ese medio —como un eventual uso de dinero vinculado al narcotráfico para financiar la campaña de 2019— aparecen formuladas como señalamientos o hipótesis periodísticas y no como una sentencia judicial firme.
También han circulado versiones según las cuales Arzú habría utilizado certificados o contratos publicitarios que posteriormente no podían hacerse efectivos, e incluso acusaciones de una supuesta estafa. Sin embargo, la revisión de fuentes públicas realizada para esta nota no permitió confirmar mediante resoluciones judiciales, documentos oficiales o testimonios independientes suficientes que esos certificados fueran falsos, que Arzú supiera de antemano que no podían utilizarse o que existiera un esquema comprobado de fraude. Tampoco se encontró respaldo independiente suficiente para afirmar como hecho que un supuesto intermediario identificado como “Pablo Santos” formara parte de una trama de sobornos con una televisora.
En los multiples audios Roberto habla abiertamente de un señor Pablo y la conexión directa que existe es entre Pablo Santos que es el personaje que conecta a los políticos con una famosa televisora, lo cual evidencia no solo su vínculo directo con Los “Cara dura”, si no también sobornos y corrupción en la industria televisiva, que al final esos certificados jamás sus víctimas pudieron monetizar y esos mismos certificados los usaba para salir de sus múltiplos deudas, lo que constuía una gran estafa porque la televisora siempre ponía excusas para no dar nada, poniendo restricciones según fuentes que ayudaron a la investigación periodística.
En los mismos audios Roberto Arzú admite que en una de sus crisis económicas, desesperadamente fue con «Los Caradura» a “venderles” los cerficados publicitarios que él desde ya sabía, que jamás los iban a poder utilizar y lo usa como estrategia para sacarles dinero en efectivo.
El llamado «Junior» por sus amigos ya compitió por la Presidencia en 2019 mediante la coalición PAN-Podemos, cuando obtuvo 267,049 votos, equivalentes al 6.09 % de los sufragios válidos, según los resultados recogidos por la misión electoral de la OEA. El Tribunal Supremo Electoral mantiene además disponibles los informes financieros correspondientes a PAN y Podemos de aquella campaña. De cara a 2027, los audios, las relaciones comerciales reconocidas y las investigaciones periodísticas forman parte de los antecedentes que rodean su regreso a la actividad política; establecer si alguna de esas operaciones derivó en delitos corresponde, en todo caso, a las autoridades competentes y no puede darse por probado únicamente a partir de grabaciones difundidas en redes sociales.
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