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Presidente Nayib Bukele lidera nivel de popularidad entre políticos de Latinoamérica
Trece personalidades de la política latinoamericana fueron evaluadas por la encuestadora CID Gallup, incluyendo al presidente Nayib Bukele, quien fue el que mayor opinión favorable obtuvo, alcanzando 92 %, muy por encima del 83 % que logró el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
La medición de CID Gallup no se limitó solo a presidentes de Latinoamérica, sino que también incluyó a otros personajes de la política en diferentes países.
El tercer puesto con mayor aprobación lo tiene el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, pero con 76 % en su país.
En el caso del presidente Nayib Bukele, la población salvadoreña ha destacado como principal logro el combate a las pandillas y las mejoras en el clima de seguridad que se vive a escala nacional.
Además, se siguen realizando fuertes inversiones en salud, educación y obras públicas, dando un nuevo rostro al país.
En materia de seguridad, el Gobierno implementa el Plan Control Territorial desde junio de 2019, estrategia que sentó las bases para desarticular las estructuras que las pandillas habían desarrollado en el territorio.
Para fortalecerlo, desde marzo de 2022, y de forma consecutiva, la Asamblea Legislativa ha aprobado y prorrogado el régimen de excepción para que se utilice en el combate a las pandillas.
Con estas estrategias se ha logrado que unos 64,300 pandilleros ya estén detenidos y en prisión, sin la posibilidad de que vuelvan a delinquir o a generar miedo en la población salvadoreña.
El Gobierno también ha construido el nuevo y moderno Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), un megapenal que podrá contener a 40,000 delincuentes que ya se encuentran en otros centros penitenciarios y que están en proceso de traslado.
Las autoridades detallaron que líderes y cabecillas de las pandillas serán llevados al Cecot, ya que cuenta con más seguridad.
Desde el 1.º de junio de 2019, fecha en que asumió el presidente Nayib Bukele su cargo, El Salvador contabiliza 313 días sin homicidios, cifra histórica, ya que en anteriores gobiernos no se superaron los dos días.
Estadísticamente, el país podría completar 365 días sin homicidios antes de que finalice el período del presidente Bukele.
En tanto, las críticas de voces opositoras nacionales y extranjeras siguen cuestionando las estrategias de seguridad, sin tener un verdadero fundamento.
De hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el trabajo en seguridad realizado por Nayib Bukele.
El mandatario colombiano obtuvo un nivel de aprobación de 57 %, según la misma encuesta de CID Gallup.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
