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Presidente Nayib Bukele declara la guerra contra la corrupción
El presidente de la república, Nayib Bukele, declaró ayer desde la Asamblea Legislativa, en su discurso a la nación por el cuarto año de Gobierno, el inicio de la guerra contra la corrupción cometida por «delincuentes de cuello blanco» con los fondos públicos de los salvadoreños.
Bukele dijo que, así como su Gobierno ha combatido a las pandillas, también luchará frontalmente contra la corrupción y llevará ante la justicia por este tipo de hechos a cualquier persona involucrada, «venga de donde venga», es decir, que será procesado indistintamente de su pertenencia o preferencia políticopartidaria.
En ese sentido, el mandatario anunció que su Gobierno construirá en los próximos días una cárcel para recluir exclusivamente a todos las personas que sean capturadas y procesadas por actos de corrupción con recursos públicos.
«Así como construimos una cárcel para los terroristas, construiremos una cárcel para los corruptos. Nadie tiene derecho a ser corrupto, que nadie piense que está blindado. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado», dijo el gobernante salvadoreño, y a la vez lamentó que los diputados del grupo parlamentario del FMLN no se pusieron de pie ni aplaudieron en el pleno legislativo para mostrarse en favor del inicio de la guerra frontal contra la corrupción.
Además, a los capturados se les aplicará el proceso de extinción de dominio para devolverle al Estado salvadoreño los bienes que adquirieron ilícitamente. Así, Alfredo Cristiani, expresidente de la república con el partido ARENA, es el primer exfuncionario en enfrentar la guerra contra la corrupción.
Bukele informó que en el momento en que daba su discurso en la Asamblea Legislativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, inició la extinción de dominio en contra de varias propiedades de Cristiani a escala nacional, para incautarle los bienes mal habidos con fondos públicos.
Minutos después, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en Twitter que incautó 156 propiedades, de las cuales 143 son inmuebles de la sociedad Cristiani Burkard, S. A. de C. V., siete inmuebles de la Droguería Santa Lucía S. A. de C. V.; seis inmuebles de la Sociedad Montebro S. A. de C. V., 15 cuentas bancarias y vehículos.
En suma, pasarán bajo la administración del Estado terrenos, lotificaciones, un beneficio de café, una mansión en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán (La Libertad), una casa de recreo en la isla Teopán, en el lago de Coatepeque (Santa Ana), que son propiedades del exmandatario, quien, según diversas publicaciones periodísticas, huyó del país para radicarse en Italia y evadir la justicia.
Durante las incautaciones el fiscal general expresó: «[Se] procederá contra aquellas instituciones financieras que le hicieron el último favorcito de transferir [los] últimos paquetes de fondos a Cristiani… y esto ha sido hace poco». Detalló que el valor total de los bienes a materializar es de $10,620,210.24.
Cristiani abandonó el territorio nacional después de que la FGR lo procesó penalmente por la masacre cometida por militares en contra de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, hecho perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuando era gobernante y comandante general de la Fuerza Armada.
Antes de ser procesado, Cristiani también compareció al citatorio que la comisión especial de la Asamblea Legislativa le hizo para que explicara el mecanismo ilegal de sobresueldos entregados a exfuncionarios durante su gestión presidencial.
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
