El presidente de la república, Nayib Bukele, declaró ayer desde la Asamblea Legislativa, en su discurso a la nación por el cuarto año de Gobierno, el inicio de la guerra contra la corrupción cometida por «delincuentes de cuello blanco» con los fondos públicos de los salvadoreños.

Bukele dijo que, así como su Gobierno ha combatido a las pandillas, también luchará frontalmente contra la corrupción y llevará ante la justicia por este tipo de hechos a cualquier persona involucrada, «venga de donde venga», es decir, que será procesado indistintamente de su pertenencia o preferencia políticopartidaria.

En ese sentido, el mandatario anunció que su Gobierno construirá en los próximos días una cárcel para recluir exclusivamente a todos las personas que sean capturadas y procesadas por actos de corrupción con recursos públicos.

«Así como construimos una cárcel para los terroristas, construiremos una cárcel para los corruptos. Nadie tiene derecho a ser corrupto, que nadie piense que está blindado. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado», dijo el gobernante salvadoreño, y a la vez lamentó que los diputados del grupo parlamentario del FMLN no se pusieron de pie ni aplaudieron en el pleno legislativo para mostrarse en favor del inicio de la guerra frontal contra la corrupción.

Además, a los capturados se les aplicará el proceso de extinción de dominio para devolverle al Estado salvadoreño los bienes que adquirieron ilícitamente. Así, Alfredo Cristiani, expresidente de la república con el partido ARENA, es el primer exfuncionario en enfrentar la guerra contra la corrupción.

Bukele informó que en el momento en que daba su discurso en la Asamblea Legislativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, inició la extinción de dominio en contra de varias propiedades de Cristiani a escala nacional, para incautarle los bienes mal habidos con fondos públicos.

Minutos después, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en Twitter que incautó 156 propiedades, de las cuales 143 son inmuebles de la sociedad Cristiani Burkard, S. A. de C. V., siete inmuebles de la Droguería Santa Lucía S. A. de C. V.; seis inmuebles de la Sociedad Montebro S. A. de C. V., 15 cuentas bancarias y vehículos.

En suma, pasarán bajo la administración del Estado terrenos, lotificaciones, un beneficio de café, una mansión en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán (La Libertad), una casa de recreo en la isla Teopán, en el lago de Coatepeque (Santa Ana), que son propiedades del exmandatario, quien, según diversas publicaciones periodísticas, huyó del país para radicarse en Italia y evadir la justicia.

Durante las incautaciones el fiscal general expresó: «[Se] procederá contra aquellas instituciones financieras que le hicieron el último favorcito de transferir [los] últimos paquetes de fondos a Cristiani… y esto ha sido hace poco». Detalló que el valor total de los bienes a materializar es de $10,620,210.24.

Cristiani abandonó el territorio nacional después de que la FGR lo procesó penalmente por la masacre cometida por militares en contra de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, hecho perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuando era gobernante y comandante general de la Fuerza Armada.

Antes de ser procesado, Cristiani también compareció al citatorio que la comisión especial de la Asamblea Legislativa le hizo para que explicara el mecanismo ilegal de sobresueldos entregados a exfuncionarios durante su gestión presidencial.