Nacionales
Presidente Bukele fortalecerá la investigación de crímenes con el objetivo de reducir la tasa de impunidad
El Presidente Nayib Bukele introdujo cambios en su estrategia de Seguridad Pública con el objetivo de reducir aún más los índices de criminalidad en El Salvador.
“La reducción histórica de homicidios y otros delitos nos da más capacidad y más recursos para investigar cada caso”, dijo el Presidente, cuando hizo los anuncios. “Con el nuevo Centro de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) vamos a tener más técnicas y herramientas”, subrayó además.
La puesta en marcha del Plan Control Territorial (PCT) desde julio de 2019 ha llevado a una reducción histórica de 80 % en la incidencia de homicidios. Sin embargo, aún persiste un 20 % de muertes violentas y también diferentes índices de otros crímenes como los secuestros, las extorsiones y los robos, entre otros. Aunque todos han bajado gracias al PCT, el Presidente Bukele busca dejarlos al mínimo.
En este mismo contexto, la expectativa del Ejecutivo es lograr que la tasa de impunidad que predomina en el país, baje. Si bien esto depende de la participación de otras instituciones, los esfuerzos investigativos son la clave para construir los casos en la etapa penal.
El cambio más significativo es la juramentación de Gustavo Villatoro como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Con esta maniobra, el Presidente sustituye a Rogelio Rivas, que fue quien dirigió el ramo de Seguridad desde junio 2019 a la fecha.
Villatoro inició en la gestión de Bukele como titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) y luego fue trasladado como titular de Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Antes de trabajar con la actual administración, fungió también como la cabeza de la DGA durante gobierno de 2004-2009.
Sin embargo, la experiencia de Villatoro es también dentro del área de seguridad. En la conferencia para anunciar su juramentación, Villatoro destacó que su labor en el área le permitió llevar a la cárcel a 1,185 secuestradores.
“No podemos poner un policía en cada casa”, dijo el mandatario. No obstante, pulirán los procesos de investigación para que sean más efectivos y propondrán mejoras a la normativa penal “para que quien tenga la intención de cometer el crimen se lo piense dos veces, porque lo vamos a buscar, y lo vamos a encontrar y nos aseguraremos de que pase toda la vida en la cárcel”, subrayó el jefe de Estado.
Algunos de los cambios que adelantó el Presidente, además de la modernización con el Centro de Investigaciones, son reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y “nuevas leyes” que sean necesarias. También apostarán por pulir los trabajos de investigación, de inteligencia y forenses.
“Gracias a Dios con la nueva Asamblea Legislativa vamos a tener los recursos que necesitamos y vamos a tener la legislación que necesitamos”, explicó el Presidente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
