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Presidente Bukele: «El trabajo de meses consiguiendo esos fondos. Tirado a la basura», tras no aprobación de créditos en A.L.
El presidente de la República Nayib Bukele, lamentó anoche que los diputados no aprobaran dos créditos ofrecidos por el BID para El Salvador por $270 millones para enfrentar la pandemia por covid-19, y aseguró que dicho recurso se perderá puesto que el viernes a la media noche vencía el plazo para ratificar los empréstitos.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dio por finalizada la jornada extraordinaria a las once de la noche con dos minutos, sin acuerdo para la ratificación de los préstamos.
En los últimos días, los diputados en la Comisión de Hacienda estuvieron discutiendo la ratificación de un dictamen favorable para inyectar con ese dinero al gobierno de Bukele para que lo destinara para paliar la emergencia por la pandemia; sin embargo, en la recta final (hoy) el ambiente se volvió tenso y la negociación se cayó a última hora, luego que ARENA pidiera $5 millones para la alcaldía de San Salvador, y que el FMLN pidiera más información al titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre el destino de los fondos.
El dinero sería invertido para el Hospital El Salvador, pago de veteranos y excombatientes, para dotar de recursos a las alcaldías del país, para no perder el FOMILENIO 2, pago de planillas de trabajadores y apoyo a las MIPYMES.
«El trabajo de meses consiguiendo esos fondos. Tirado a la basura», lamentó el mandatario mediante su cuenta de Twitter. «Que Dios los perdone», agregó.
El gobierno había gestionado el préstamo como parte de la estrategia financiera que diseñó e implementó el Ministerio de Hacienda desde abril para enfrentar la pandemia y el período posterior. El paquete de financiamiento del BID es parte de los $3,000 millones que la Asamblea le autorizó a gestionar.
El crédito fue aprobado desde junio por el BID.
Cinco organismos internacionales accedieron a prestar dinero al país en tiempos de pandemia y, el miércoles, el BID anunció otros 200 millones (un crédito nuevo) para las MiPyME y para el sector vivienda.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a dos años de prisión, mediante procedimiento abreviado, a William Dennis Laínez Orellana, de 42 años, por el delito de estafa. La pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
Durante la audiencia, ambas partes solicitaron una salida alterna. El imputado confesó haber cometido el delito y aceptó devolver el dinero estafado. La jueza ordenó que entregue a la víctima $2,500 en tres cuotas mensuales a partir de diciembre de 2025.
Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2023, cuando Laínez Orellana llegó a la vivienda de la víctima, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, y le ofreció surtir su negocio. Para ello, la presentó con una supuesta persona que otorgaba préstamos con garantía de propiedades. La víctima entregó las escrituras de su casa a cambio de $2,500.
Sin embargo, al día siguiente, el imputado entregó solo $300 y se quedó con el resto del dinero, que usó para gastos personales, según admitió en la audiencia. La víctima denunció el hecho, lo que permitió la captura de Laínez Orellana.
Wilber Alexander Medina Paredes, de 35 años de edad, es el conductor que por imprudencia atropelló a una mujer que intentaba cruzarse la calle en una zona peatonal, entre la 4ª calle Oriente y 3ª Avenida Sur, en Santa Tecla, La Libertad Sur
Este sujeto manejaba un bus de la ruta 205 que hace su recorrido de Sonsonate hacia San Salvador y viceversa.
Tiene antecedentes por:
▪️Amenazas
▪️Conducción peligrosa
Ahora será remitido por homicidio culposo.
Principal
Más de 40 empresas colocadoras de empleos serán inspeccionadas por denuncias de irregularidades
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció un despliegue nacional que involucrará a los equipos de Inspección y Previsión Social, con el propósito de regular y supervisar el funcionamiento de las agencias colocadoras en todo el país.
Según explicó el funcionario, la acción surge tras recibir múltiples denuncias de empleados afectados por empresas que no respetaban sus derechos laborales.
Muchas de estas agencias operaban sin revisión estatal, lo que provocó engaños y pérdidas económicas para la clase trabajadora.
“Nuestro compromiso es escuchar a trabajadores y empleadores y garantizar el cumplimiento de la ley”, afirmó Castro durante una conferencia de prensa.
El titular de Trabajo añadió que ya se ha identificado el mapa de colocadoras y reclutadoras a nivel nacional. Como parte de este operativo, serán inspeccionadas 40 empresas.
