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Presidente Bukele condena muerte de salvadoreña en Tulum y espera que los responsables reciban todo el peso de la ley
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus más profundas condolencias a los familiares de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años de edad, quien fue ultimada por policías en Tulum, México.
Mediante un comunicado, el Gobierno salvadoreño condenó las acciones que provocaron la muerte de la salvadoreña; asimismo informó que ya mantiene comunicación con las autoridades mexicanas, con miras a que se sigan la celeridad las investigaciones pertinentes.
En ese sentido, la ministra Alexandra Hill Tinoco, afirmó que se brindará todo el apoyo y el acompañamiento a los familiares de Victoria, quien era originaria del departamento de Sonsonate.
Por su parte, el Presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que el Gobierno se encargará de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten.
“Veo a miles de mexicanos indignados, exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros. Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos crimínales en la policía de Tulum”, expresó el mandatario.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
