Judicial
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un anciano zapatero, ahora sus asesinos están libres
Durante el juicio la fiscal explicó que los pandilleros habían lanzado una alerta de manera general en la que sentenciaban a todo aquel que diera información.
Un anciano zapatero que investigaba la desaparición de su nieto fue asesinado por sujetos que quedaron libres por el temor infundido a un testigo
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un viejo zapatero que fue atacado por pandilleros que para salir bien librados del proceso judicial amenazaron de muerte a todo aquel que tratara de testificar en su contra.
Raúl Vázquez López, de 78 años de edad, fue asesinado por Carlos V., de 23 años, alias “El Negro”, y Víctor R., de 30, alias “Pupusa”, quienes se incomodaron por las preguntas que el hombre hacía para encontrar a su familiar.
Las dudas del zapatero llegaron hasta la noche del 28 de octubre de 2017, cuando regresaba a su casa de trabajar. El hombre fue presa fácil de los delincuentes quienes se interpusieron en su despacio caminar.
Carlos llevaba un arma en su mano con el dedo en el gatillo, lista para disparar, levantó el brazo y soltó 12 disparos que perforaron el pecho y el abdomen del zapatero; pocos segundos fueron los que necesitó para que su cuerpo se desplomara sobre el pavimento.
Culminado el acto criminal, los sujetos comenzaron a correr en dirección contraria hasta juntarse con otro hombre que realizaba llamadas a través de un teléfono celular. Todos desaparecieron en lo oscuro de la colonia.
El testigo y el proceso judicial
En este caso, los únicos que sabían lo que había pasado eran los pandilleros y una persona que se había ocultado a pocos metros de donde había sido ejecutado el zapatero.
Como en todo crimen las pistas que faltaban eran muchas, pero el testigo comenzó a colaborar con las autoridades y recibió un régimen de protección para que su vida no corriera peligro.
La declaración del delator sirvió para que Carlos y Víctor fueran capturados y procesados por el delito de homicidio agravado en contra del zapatero.
Durante la etapa de inicial y de instrucción el caso fue sustentado por el ministerio público con las palabras del testigo, algo que provocó que compinches de los imputados regaran la voz de amenaza en la zona donde se produjeron los hechos.
Las amenazas indirectas hicieron dudar al testigo quien llegó a cuestionar a los fiscales del caso “¿Cómo me van a garantizar mi vida?”, Sin tener una respuesta de calma, por lo que decidió abandonar el proceso dejando desarmada a la parte acusadora.
El pasado 13 de febrero se celebró la vista pública en contra de los dos sujetos implicados y antes de comenzar el desfile de pruebas, la fiscal del caso se paró frente a la jueza y le comunicó que el testigo no testificaría por medio a posibles represarías de las pandillas que operan en la zona.
La jueza del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador señaló que por “insuficiencia probatoria” de la participación de los dejó en libertad luego de permanecer en el centro penitenciario de máxima seguridad de Quezaltepeque.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
