Judicial
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un anciano zapatero, ahora sus asesinos están libres
Durante el juicio la fiscal explicó que los pandilleros habían lanzado una alerta de manera general en la que sentenciaban a todo aquel que diera información.
Un anciano zapatero que investigaba la desaparición de su nieto fue asesinado por sujetos que quedaron libres por el temor infundido a un testigo
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un viejo zapatero que fue atacado por pandilleros que para salir bien librados del proceso judicial amenazaron de muerte a todo aquel que tratara de testificar en su contra.
Raúl Vázquez López, de 78 años de edad, fue asesinado por Carlos V., de 23 años, alias “El Negro”, y Víctor R., de 30, alias “Pupusa”, quienes se incomodaron por las preguntas que el hombre hacía para encontrar a su familiar.
Las dudas del zapatero llegaron hasta la noche del 28 de octubre de 2017, cuando regresaba a su casa de trabajar. El hombre fue presa fácil de los delincuentes quienes se interpusieron en su despacio caminar.
Carlos llevaba un arma en su mano con el dedo en el gatillo, lista para disparar, levantó el brazo y soltó 12 disparos que perforaron el pecho y el abdomen del zapatero; pocos segundos fueron los que necesitó para que su cuerpo se desplomara sobre el pavimento.
Culminado el acto criminal, los sujetos comenzaron a correr en dirección contraria hasta juntarse con otro hombre que realizaba llamadas a través de un teléfono celular. Todos desaparecieron en lo oscuro de la colonia.
El testigo y el proceso judicial
En este caso, los únicos que sabían lo que había pasado eran los pandilleros y una persona que se había ocultado a pocos metros de donde había sido ejecutado el zapatero.
Como en todo crimen las pistas que faltaban eran muchas, pero el testigo comenzó a colaborar con las autoridades y recibió un régimen de protección para que su vida no corriera peligro.
La declaración del delator sirvió para que Carlos y Víctor fueran capturados y procesados por el delito de homicidio agravado en contra del zapatero.
Durante la etapa de inicial y de instrucción el caso fue sustentado por el ministerio público con las palabras del testigo, algo que provocó que compinches de los imputados regaran la voz de amenaza en la zona donde se produjeron los hechos.
Las amenazas indirectas hicieron dudar al testigo quien llegó a cuestionar a los fiscales del caso “¿Cómo me van a garantizar mi vida?”, Sin tener una respuesta de calma, por lo que decidió abandonar el proceso dejando desarmada a la parte acusadora.
El pasado 13 de febrero se celebró la vista pública en contra de los dos sujetos implicados y antes de comenzar el desfile de pruebas, la fiscal del caso se paró frente a la jueza y le comunicó que el testigo no testificaría por medio a posibles represarías de las pandillas que operan en la zona.
La jueza del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador señaló que por “insuficiencia probatoria” de la participación de los dejó en libertad luego de permanecer en el centro penitenciario de máxima seguridad de Quezaltepeque.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
