Judicial
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un anciano zapatero, ahora sus asesinos están libres
Durante el juicio la fiscal explicó que los pandilleros habían lanzado una alerta de manera general en la que sentenciaban a todo aquel que diera información.
Un anciano zapatero que investigaba la desaparición de su nieto fue asesinado por sujetos que quedaron libres por el temor infundido a un testigo
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un viejo zapatero que fue atacado por pandilleros que para salir bien librados del proceso judicial amenazaron de muerte a todo aquel que tratara de testificar en su contra.
Raúl Vázquez López, de 78 años de edad, fue asesinado por Carlos V., de 23 años, alias “El Negro”, y Víctor R., de 30, alias “Pupusa”, quienes se incomodaron por las preguntas que el hombre hacía para encontrar a su familiar.
Las dudas del zapatero llegaron hasta la noche del 28 de octubre de 2017, cuando regresaba a su casa de trabajar. El hombre fue presa fácil de los delincuentes quienes se interpusieron en su despacio caminar.
Carlos llevaba un arma en su mano con el dedo en el gatillo, lista para disparar, levantó el brazo y soltó 12 disparos que perforaron el pecho y el abdomen del zapatero; pocos segundos fueron los que necesitó para que su cuerpo se desplomara sobre el pavimento.
Culminado el acto criminal, los sujetos comenzaron a correr en dirección contraria hasta juntarse con otro hombre que realizaba llamadas a través de un teléfono celular. Todos desaparecieron en lo oscuro de la colonia.
El testigo y el proceso judicial
En este caso, los únicos que sabían lo que había pasado eran los pandilleros y una persona que se había ocultado a pocos metros de donde había sido ejecutado el zapatero.
Como en todo crimen las pistas que faltaban eran muchas, pero el testigo comenzó a colaborar con las autoridades y recibió un régimen de protección para que su vida no corriera peligro.
La declaración del delator sirvió para que Carlos y Víctor fueran capturados y procesados por el delito de homicidio agravado en contra del zapatero.
Durante la etapa de inicial y de instrucción el caso fue sustentado por el ministerio público con las palabras del testigo, algo que provocó que compinches de los imputados regaran la voz de amenaza en la zona donde se produjeron los hechos.
Las amenazas indirectas hicieron dudar al testigo quien llegó a cuestionar a los fiscales del caso “¿Cómo me van a garantizar mi vida?”, Sin tener una respuesta de calma, por lo que decidió abandonar el proceso dejando desarmada a la parte acusadora.
El pasado 13 de febrero se celebró la vista pública en contra de los dos sujetos implicados y antes de comenzar el desfile de pruebas, la fiscal del caso se paró frente a la jueza y le comunicó que el testigo no testificaría por medio a posibles represarías de las pandillas que operan en la zona.
La jueza del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador señaló que por “insuficiencia probatoria” de la participación de los dejó en libertad luego de permanecer en el centro penitenciario de máxima seguridad de Quezaltepeque.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
