Nacionales
Población salvadoreña avala el trabajo realizado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ante la pandemia del Covid-19
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha redoblado esfuerzos en la detección de casos positivos de COVID-19, incrementando el número de pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) en los tamizajes comunitarios que se efectúan a escala nacional.
Este viernes, el personal del Ministerio de Salud, a través del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), se trasladó a distintos puntos del país, con más cabinas móviles, para efectuar pruebas PCR en distintos puntos del país: en la plaza Gerardo Barrios, San Salvador; el parque central de Sacacoyo, en La Libertad; parque central de Santa Clara, en San Vicente y el parque central de San Jorge, en San Miguel.
En el caso de la plaza Gerardo Barrios, en San Salvador, fueron instaladas cuatro cabinas del EICE, mientras que en el resto de municipios fueron instaladas dos cabinas, y se realizó un promedio de 500 a 1,000 pruebas PCR en cada uno.
Mario Alberto Quezada, médico coordinador y director en el municipio de Sacacoyo, en La Libertad, destacó la importancia de realizarse la prueba PCR e hizo un llamado a la población a seguir las respectivas indicaciones: “Confiamos en que la gente ha tomado las medidas correspondientes todo este tiempo. Esperamos que aquellos pacientes que salgan positivos tomen las debidas recomendaciones, que sigan al pie de la letra el tratamiento médico y que sigan protegiendo a su familia”.
Por otra parte, en la capital, habitantes de San Salvador como de otros municipios asistieron desde temprano al tamizaje comunitario de la plaza Gerardo Barrios. La población expresó su agradecimiento hacia el Presidente de la República, Nayib Bukele, por las medidas implementadas.
“Realizar este tipo de pruebas es lo mejor que pueden estar haciendo. Felicito al señor Presidente porque es un magnifico esfuerzo el que él ha hecho. Lo mejor es que han aumentado el número de pruebas PCR”, manifestó Lilian Graciela de Sigarán, habitante de San Salvador.
Asimismo, Sonia de López, habitante del municipio de Cuyultitán, quien también acudió a la plaza Gerardo Barrios, expresó: “Gracias a Dios que se nos da esta oportunidad, el que la prueba sea gratuita. Realmente es muy importante para evitar los contagios”.
El promedio diario de pruebas que realiza el Gobierno del Presidente Bukele asciende a 3,500. A la fecha, el Ministerio de Salud registra 1,557,257 pruebas en todo el territorio.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
