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Población salvadoreña avala el trabajo realizado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ante la pandemia del Covid-19
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha redoblado esfuerzos en la detección de casos positivos de COVID-19, incrementando el número de pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) en los tamizajes comunitarios que se efectúan a escala nacional.
Este viernes, el personal del Ministerio de Salud, a través del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), se trasladó a distintos puntos del país, con más cabinas móviles, para efectuar pruebas PCR en distintos puntos del país: en la plaza Gerardo Barrios, San Salvador; el parque central de Sacacoyo, en La Libertad; parque central de Santa Clara, en San Vicente y el parque central de San Jorge, en San Miguel.
En el caso de la plaza Gerardo Barrios, en San Salvador, fueron instaladas cuatro cabinas del EICE, mientras que en el resto de municipios fueron instaladas dos cabinas, y se realizó un promedio de 500 a 1,000 pruebas PCR en cada uno.
Mario Alberto Quezada, médico coordinador y director en el municipio de Sacacoyo, en La Libertad, destacó la importancia de realizarse la prueba PCR e hizo un llamado a la población a seguir las respectivas indicaciones: “Confiamos en que la gente ha tomado las medidas correspondientes todo este tiempo. Esperamos que aquellos pacientes que salgan positivos tomen las debidas recomendaciones, que sigan al pie de la letra el tratamiento médico y que sigan protegiendo a su familia”.
Por otra parte, en la capital, habitantes de San Salvador como de otros municipios asistieron desde temprano al tamizaje comunitario de la plaza Gerardo Barrios. La población expresó su agradecimiento hacia el Presidente de la República, Nayib Bukele, por las medidas implementadas.
“Realizar este tipo de pruebas es lo mejor que pueden estar haciendo. Felicito al señor Presidente porque es un magnifico esfuerzo el que él ha hecho. Lo mejor es que han aumentado el número de pruebas PCR”, manifestó Lilian Graciela de Sigarán, habitante de San Salvador.
Asimismo, Sonia de López, habitante del municipio de Cuyultitán, quien también acudió a la plaza Gerardo Barrios, expresó: “Gracias a Dios que se nos da esta oportunidad, el que la prueba sea gratuita. Realmente es muy importante para evitar los contagios”.
El promedio diario de pruebas que realiza el Gobierno del Presidente Bukele asciende a 3,500. A la fecha, el Ministerio de Salud registra 1,557,257 pruebas en todo el territorio.
Los informes de organizaciones internacionales que afirman que en El Salvador hay violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción forman parte de una agenda que busca «destruir» al país, advierte el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín informativo 28.
«En los últimos días se han visto cantidades de informes de organizaciones internacionales marcando una agenda única, para tratar de destruir un país, y tratar de echar atrás todo lo logrado con un declarado irrespeto a su soberanía», sostiene el Círculo de Reflexión.
Analistas del mismo plantean que el contenido de dichos informes es sesgado, poco creíble e ideológico. «Informes cuyas características son el sesgo ideológico promovido por una izquierda comunista internacional que está perdiendo espacios y credibilidad en las naciones libres e independientes», sostienen.
El grupo añade que «como parte de estas acciones desesperadas, contratan dizque “expertos” que ni tan siquiera visitan ni conocen la realidad de un país, y se atreven elaborar informes de denuncia, con marcado sesgo político e ideológico, carente de cualquier fundamento científico de la investigación social».
Agrega que los insumos y fuentes para elaborar este tipo de informes son de «organizaciones de tendencia sesgada, que gozaron de las prebendas y privilegios de los gobiernos de izquierda y que nunca fueron capaces de denunciar crímenes horrendos en contra de la población». Sostienen que estas organizaciones tienen un afán claro: «Sobrevivir y conseguir financiamiento», sin importarles el bienestar social.
Mientras miles de personas disfrutan las olas del mar o la brisa de las montañas, un contingente de policías y militares realiza patrullajes recurrentes, que se han intensificado en la medida que se acercan las vacaciones de Semana Santa
«La seguridad en las playas es prioridad para que los visitantes disfruten de un día de sol y mar en un ambiente familiar. El personal policial se mantiene alerta junto a elementos de la Fuerza Armada», reza una de las muchas publicaciones de redes sociales de la Policía Nacional Civil, mostrando imágenes de las fuerzas del orden patrullando senderos, caminando sobre la arena del mar, ríos, en centros recreativos, montañas y volcanes.
Enmarcados en el Plan Control Territorial, la Policía mantiene la seguridad en todo el país y en los días festivos, concentra con mayor énfasis sus planes, en sitios de aglomeración turística.
«Las familias comparten y disfrutan en el turicentro Los Chorros, un lugar que se convierte en punto de encuentro para quienes buscan descanso y recreación. Garantizamos que cada momento se viva con tranquilidad en la zona» informó la Corporación.
A parte del estimado de un millón de salvadoreños que se prevé se avoquen a los diferentes destinos turísticos nacionales, se espera la llegada de 145,000 turistas internacionales, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica y está destacando como destino turístico.
Frente a este panorama, la Policía ha desplegado intensos patrullajes para mantener el orden y la seguridad en cada espacio del país.
«Con el Plan Control Territorial tenemos cubierto todo El Salvador. Policías se mantienen desplegados en las distintas carreteras del país, donde la población se moviliza, preparados ante cualquier emergencia», informó la Corporación policial.
Para acelerar el proceso de investigación y brindar una mejor respuesta a la población afectada en el caso Credicash, la Fiscalía General de la República ha habilitado un Centro especializado para el procesamiento de evidencia.
El fiscal general, Rodolfo Delgado explicó que dicha activación permitirá organizar la documentación incautada y confrontarla con la evidencia física que ha encontrado e incautado en la sede central de Credicash; analizar los contratos y registros financieros; e identificar a las víctimas.
Al momento se han encontrado 18,000 contratos de mutuo, pero solo 180 personas han acudido a mostrarse ofendidas.
«Como parte de esta respuesta institucional que estamos dando para lograr determinar e identificar a las verdaderas víctimas y que los fondos puedan recuperarse, es que se ha habilitado un centro especializado para el procesamiento de la evidencia que está vinculada con este caso», indicó el titular de la Fiscalía.
El funcionario mencionó que han destinado a 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas. «Todo esto es con un objetivo: establecer y agilizar el mecanismo de reintegro de dinero a las víctimas, y eso lo recalco, a las víctimas, porque aquellos que no logren establecer que ostentan esa calidad de víctima, sino que es gente que, de alguna manera, andaba buscando evadir algún tipo de control, pues eso creo que vamos a tener que hablar con ellos en otros términos», dijo Delgado.
Sobre este proceso, la investigación fiscal ha establecido que Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo 10% mensual. La empresa, que era liderada por Gerson Orellana Ayala -quien ya fue capturado-, estaría vinculada a los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
Las autoridades señalan que el mecanismo utilizado por Credicash no corresponde a una actividad financiera legítima, ya que el sistema diseñado para captar dinero carecía de respaldo económico real. El dinero fue guardado, incluso, en closets de la vivienda del propietario de la financiera, Gerson Orellana.
Como resultado de las diligencias realizadas, hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado la incautación de $27,550,750 en efectivo, así como la inmovilización de $11,023,972 en cuentas bancarias, alcanzando un monto total asegurado de $38,574,722. Adicionalmente, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos.
El fiscal general aseguró recientemente que a las personas afectadas, que «la Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse».
