Nacionales
Población salvadoreña avala el trabajo realizado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ante la pandemia del Covid-19
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha redoblado esfuerzos en la detección de casos positivos de COVID-19, incrementando el número de pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) en los tamizajes comunitarios que se efectúan a escala nacional.
Este viernes, el personal del Ministerio de Salud, a través del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), se trasladó a distintos puntos del país, con más cabinas móviles, para efectuar pruebas PCR en distintos puntos del país: en la plaza Gerardo Barrios, San Salvador; el parque central de Sacacoyo, en La Libertad; parque central de Santa Clara, en San Vicente y el parque central de San Jorge, en San Miguel.
En el caso de la plaza Gerardo Barrios, en San Salvador, fueron instaladas cuatro cabinas del EICE, mientras que en el resto de municipios fueron instaladas dos cabinas, y se realizó un promedio de 500 a 1,000 pruebas PCR en cada uno.
Mario Alberto Quezada, médico coordinador y director en el municipio de Sacacoyo, en La Libertad, destacó la importancia de realizarse la prueba PCR e hizo un llamado a la población a seguir las respectivas indicaciones: “Confiamos en que la gente ha tomado las medidas correspondientes todo este tiempo. Esperamos que aquellos pacientes que salgan positivos tomen las debidas recomendaciones, que sigan al pie de la letra el tratamiento médico y que sigan protegiendo a su familia”.
Por otra parte, en la capital, habitantes de San Salvador como de otros municipios asistieron desde temprano al tamizaje comunitario de la plaza Gerardo Barrios. La población expresó su agradecimiento hacia el Presidente de la República, Nayib Bukele, por las medidas implementadas.
“Realizar este tipo de pruebas es lo mejor que pueden estar haciendo. Felicito al señor Presidente porque es un magnifico esfuerzo el que él ha hecho. Lo mejor es que han aumentado el número de pruebas PCR”, manifestó Lilian Graciela de Sigarán, habitante de San Salvador.
Asimismo, Sonia de López, habitante del municipio de Cuyultitán, quien también acudió a la plaza Gerardo Barrios, expresó: “Gracias a Dios que se nos da esta oportunidad, el que la prueba sea gratuita. Realmente es muy importante para evitar los contagios”.
El promedio diario de pruebas que realiza el Gobierno del Presidente Bukele asciende a 3,500. A la fecha, el Ministerio de Salud registra 1,557,257 pruebas en todo el territorio.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
