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PNC captura a tres sujetos presuntamente responsables de asesinato en Chalatenango
La rápida y efectiva acción de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la captura de los involucrados en el único homicidio registrado el pasado 10 de diciembre a escala nacional.
El hecho ocurrió en el sector conocido como La Vegona, en el municipio de Agua Caliente, departamento Chalatenango; de acuerdo con el reporte policial, tres de los involucrados fueron arrestados tras la muerte violenta.
Entre el 1.º y el 10 de diciembre se reportan dos asesinatos, es decir, 0.2 homicidios diariamente, cifra que demuestra la reducción sostenida de la violencia homicida en todo el territorio gracias a la sólida estrategia del presidente Nayib Bukele que ejecuta desde junio de 2019 y que se reforzó con la guerra contra las maras a partir del 27 de marzo. En días pasados, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que las estrategias del Plan Control Territorial (PCT) y del régimen de excepción han disminuido los niveles de impunidad dejados por los gobiernos del FMLN, que fueron de 97 %, y en la actualidad rondan el 20 %.
«En 2019, a la llegada del presidente Nayib Bukele, El Salvador contaba con un 97 % de impunidad en el delito de homicidio. Es decir, de 100 homicidas, en nuestro país solamente encarcelaban a tres. Ahora la tasa de impunidad está por debajo del 20 %», manifestó Villatoro.
De los dos homicidios cometidos en lo que va de diciembre, la PNC ha capturado a los implicados en los hechos; prueba de ello es la detención de Fidel Ernesto Ramírez, quien el pasado 7 de diciembre asesinó en Armenia a David Alfredo Aguilar, de 27 años.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
