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Plan Control Territorial logra bajar feminicidios, detenciones, desapariciones, decomiso de armas y droga
La Policía Nacional Civil (PNC), informó que trascurrido un poco más de 7 meses de 2020, El Salvador mantiene una tendencia a la baja, en comparación con el 2019, de los delitos calificados como graves; entre estos están homicidio, extorsión, violación, robo y feminicidio.
Esto viene siendo resultado de la implementación, por parte del Presidente, Nayib Bukele, del Plan Control Territorial, un programa que a la fecha recién inicia su segundo año de vigencia en el país.
Las autoridades policiales aseguraron que las capturas, desapariciones, y decomisos de armas y droga también presentan una reducción.
Graves delitos a la baja
En el 2020, el homicidio se redujo 59.3%, la extorsión 48.4%, la violación 30.8% y el robo 39.9%.
Otros delitos también se mantuvieron a la baja como el hurto de vehículo en un 58.5%, robo de vehículo 53.1%, secuestro 45.5% y lesiones 25.1%.
En el 2020 se reportaron 706 homicidios, 686 casos de extorsión, 904 violaciones y 1,132 robos; mientras que, en el 2019 se reportaron 1,734 asesinatos, 1,330 extorsiones, 1,307 violaciones y 1,883 robos.
Feminicidios se reducen
La muerte de mujeres presenta en lo que va del 2020 una disminución del 61.4%, en relación con el reporte del 2019.
En el 2020, la muerte de mujeres sumó 66 víctimas, reportadas en su mayoría en los departamentos de San Salvador, Ahuachapán y San Miguel; mientras que, en 2019 fue de 171, y se concentraron en San Salvador, San Miguel y La Libertad.
100 municipios con 0 homicidios
De los 262 municipios que componen el país, 100 no reportan homicidios en lo que va del 2020.
Estas 100 municipalidades se hayan distribuidas en los 14 departamentos del territorio nacional; es decir, que todos los departamentos poseen municipios con cero homicidios. Destacan Santa Ana, San Miguel, San Salvador, La Paz, Morazán y Chalatenango.
Comparativo de detenciones 2019-2020
En un poco más de 7 meses transcurridos de 2020, las capturas suman 17,3385, entre las que destacan 1,166 por narcotráfico, 846 por homicidio, 625 por extorsión, 331 por violación y 261 por robo.
En 2019, las autoridades arrestaron a 23,225 individuos, entre estos 1,508 sujetos acusados de homicidio, 1,010 por extorsión, 468 por violación y 516 por robo.
De las desapariciones, el 4% se trata de homicidios
La policía registra una reducción del 46% de la cifra de personas denunciadas como desaparecidas en el 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019. Asimismo, cerca del 40% ha sido localizado con vida. El resto son casos que permanecen activos.
En lo que va de presente año, las autoridades reportan 822 desapariciones; mientras que, en 2019 esta cifra fue de 1,512.
En el 2020, las desapariciones mantienen un comportamiento a la baja al pasar de 152 en enero a 94 en julio. De las 822 personas desaparecidas, 301 de ellas, un 36%, fueron localizadas con vida. El 59% se mantiene en investigación, y el 4% se trata de homicidios.
Decomiso de armas
En lo que va el 2020, la policía incautó un total de 1,550 armas de fuego, entre estas 711 pistolas, 321 revólveres, 207 fusiles y 36 granadas; mientras que, en el 2019, el decomiso de armas de fuego fue de 2,023, entre las que se contabilizaron 939 pistolas, 436 revólveres, 348 fusiles y 24 granadas de fragmentación.
En general, el decomiso de armas se redujo 23% en el 2020, en relación con 2019.
Incautación de droga
Excepto la marihuana y la heroína, el decomiso de diversas sustancias narcóticas presenta un incremento en el 2020, en relación con 2019.
En el 2020, las autoridades incautaron 224.7 kilos de cocaína, 4.3 de crack y 1.6 de éxtasis; mientras que, en 2019 se reportó el decomiso de 96 kilos de cocaína, 3.5 de crack y ninguno de éxtasis.
Por otra parte, en este año el decomiso de marihuana fue de 511 kilos y ninguno de heroína; no así en 2019 cuando la incautación de marihuana se elevó a 852.1 kilos y la heroína a 1.1 kilos.
De acuerdo con el Director General de la Policía, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, estos son los resultados de la intensa operatividad desplegada por la policía, pese a la emergencia de marzo a junio a raíz de la enfermedad del coronavirus en la que la entidad de seguridad pública se ha mantenido en primera línea.
«Estas son acciones contempladas en el marco del Plan Control Territorial, ordenado por el Ejecutivo», subrayó.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
