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Plan Control Territorial es apoyado con 15,000 soldados confirma ministro de la Defensa
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, confirmo que el 68% de la Fuerza Armada está apoyando a la Policía Nacional Civil (PNC) con la Fase IV del Plan Control Territorial.
Según el funcionario cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele asumió en junio del año 2019, solo 3,000 militares estaban reforzando las labores de seguridad y prevención que ejecutaba la PNC, pero hasta hoy, se han incorporado 15,000 de los 22,000 miembros de la Fuerza Armada.
En diciembre del año pasado el gobierno incorporó a 1,000 militares al Plan Control Territorial y los resultados ya se están viendo en diversas colonias y cantones de varios municipios.
«Nosotros vemos cual ha sido el efecto de la incorporación de los 1,000 efectivos de diciembre del año pasado en diferentes colonias, en las Altavistas y en Las Cimas, se ha manejado ya, se tiene un control total de esas colonias», sostuvo Merino Monroy.
La presencia de la Fuerza Armada en esos populosos sectores del municipio de Ilopango se ha evitado muchos delitos que las pandillas estaban cometiendo, según el ministro de Defensa.
«Ahora con la presencia 24/7 (todos los días) a través de la Fase IV del Plan Control Territorial, tenemos un mejor control y les hemos quitado esa libertad de acción a los pandilleros», agregó el funcionario.
Esos buenos resultados también se verán cuando el presidente Nayib Bukele, anuncie en los próximos días la incorporación de otros 1,400 militares al Plan Control Territorial. En enero la Fuerza Armada culminó el adiestramiento de 15 semanas de estos militares quienes se unirán en apoyo a la Policía Nacional Civil.
Según Merino Monroy, serán desplegados en otras colonias donde la población está pidiendo la presencia permanente de la Fuerza Armada, el titular de la Defensa Nacional dice que aún hay lugares del país donde todavía no se ha entrado con la Fase IV del Plan Control Territorial, pero se irá haciendo paulatinamente.
Como parte de los resultados de este plan, el año pasado cerró con 201 homicidios menos con relación al 2020, dijo Merino Monroy. En enero de 2022, las estadísticas revelan que hubo 28 homicidios menos en comparación al mismo período del año 2021.
La baja en los homicidios se debe a la permanencia de soldados y policías en las comunidades, se mantiene presencia de la Fuerza Armada en las unidades de transporte y en las paradas de autobuses para contrarrestar la delincuencia, dijo Merino Monroy.
El funcionario detalló que en junio del año 2019 el actuar de las pandillas estaba desbordado, pero con el Plan Control Territorial se ha logrado debilitar el accionar de estas estructuras. Señaló que se está por el camino correcto, y que hay eficiencia en el Plan Control Territorial pese a que no se había tenido los recursos para desarrollar la estrategia de seguridad.
Además de contrarrestar delitos como homicidios, robo, extorsiones también se mantiene lucha contra el narcotráfico y se han obtenido buenos resultados lo cual también resta el accionar de las pandillas, concluyó Merino Monroy.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
