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Plan Control Territorial es apoyado con 15,000 soldados confirma ministro de la Defensa
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, confirmo que el 68% de la Fuerza Armada está apoyando a la Policía Nacional Civil (PNC) con la Fase IV del Plan Control Territorial.
Según el funcionario cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele asumió en junio del año 2019, solo 3,000 militares estaban reforzando las labores de seguridad y prevención que ejecutaba la PNC, pero hasta hoy, se han incorporado 15,000 de los 22,000 miembros de la Fuerza Armada.
En diciembre del año pasado el gobierno incorporó a 1,000 militares al Plan Control Territorial y los resultados ya se están viendo en diversas colonias y cantones de varios municipios.
«Nosotros vemos cual ha sido el efecto de la incorporación de los 1,000 efectivos de diciembre del año pasado en diferentes colonias, en las Altavistas y en Las Cimas, se ha manejado ya, se tiene un control total de esas colonias», sostuvo Merino Monroy.
La presencia de la Fuerza Armada en esos populosos sectores del municipio de Ilopango se ha evitado muchos delitos que las pandillas estaban cometiendo, según el ministro de Defensa.
«Ahora con la presencia 24/7 (todos los días) a través de la Fase IV del Plan Control Territorial, tenemos un mejor control y les hemos quitado esa libertad de acción a los pandilleros», agregó el funcionario.
Esos buenos resultados también se verán cuando el presidente Nayib Bukele, anuncie en los próximos días la incorporación de otros 1,400 militares al Plan Control Territorial. En enero la Fuerza Armada culminó el adiestramiento de 15 semanas de estos militares quienes se unirán en apoyo a la Policía Nacional Civil.
Según Merino Monroy, serán desplegados en otras colonias donde la población está pidiendo la presencia permanente de la Fuerza Armada, el titular de la Defensa Nacional dice que aún hay lugares del país donde todavía no se ha entrado con la Fase IV del Plan Control Territorial, pero se irá haciendo paulatinamente.
Como parte de los resultados de este plan, el año pasado cerró con 201 homicidios menos con relación al 2020, dijo Merino Monroy. En enero de 2022, las estadísticas revelan que hubo 28 homicidios menos en comparación al mismo período del año 2021.
La baja en los homicidios se debe a la permanencia de soldados y policías en las comunidades, se mantiene presencia de la Fuerza Armada en las unidades de transporte y en las paradas de autobuses para contrarrestar la delincuencia, dijo Merino Monroy.
El funcionario detalló que en junio del año 2019 el actuar de las pandillas estaba desbordado, pero con el Plan Control Territorial se ha logrado debilitar el accionar de estas estructuras. Señaló que se está por el camino correcto, y que hay eficiencia en el Plan Control Territorial pese a que no se había tenido los recursos para desarrollar la estrategia de seguridad.
Además de contrarrestar delitos como homicidios, robo, extorsiones también se mantiene lucha contra el narcotráfico y se han obtenido buenos resultados lo cual también resta el accionar de las pandillas, concluyó Merino Monroy.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
