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Plan Control Territorial es apoyado con 15,000 soldados confirma ministro de la Defensa
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, confirmo que el 68% de la Fuerza Armada está apoyando a la Policía Nacional Civil (PNC) con la Fase IV del Plan Control Territorial.
Según el funcionario cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele asumió en junio del año 2019, solo 3,000 militares estaban reforzando las labores de seguridad y prevención que ejecutaba la PNC, pero hasta hoy, se han incorporado 15,000 de los 22,000 miembros de la Fuerza Armada.
En diciembre del año pasado el gobierno incorporó a 1,000 militares al Plan Control Territorial y los resultados ya se están viendo en diversas colonias y cantones de varios municipios.
«Nosotros vemos cual ha sido el efecto de la incorporación de los 1,000 efectivos de diciembre del año pasado en diferentes colonias, en las Altavistas y en Las Cimas, se ha manejado ya, se tiene un control total de esas colonias», sostuvo Merino Monroy.
La presencia de la Fuerza Armada en esos populosos sectores del municipio de Ilopango se ha evitado muchos delitos que las pandillas estaban cometiendo, según el ministro de Defensa.
«Ahora con la presencia 24/7 (todos los días) a través de la Fase IV del Plan Control Territorial, tenemos un mejor control y les hemos quitado esa libertad de acción a los pandilleros», agregó el funcionario.
Esos buenos resultados también se verán cuando el presidente Nayib Bukele, anuncie en los próximos días la incorporación de otros 1,400 militares al Plan Control Territorial. En enero la Fuerza Armada culminó el adiestramiento de 15 semanas de estos militares quienes se unirán en apoyo a la Policía Nacional Civil.
Según Merino Monroy, serán desplegados en otras colonias donde la población está pidiendo la presencia permanente de la Fuerza Armada, el titular de la Defensa Nacional dice que aún hay lugares del país donde todavía no se ha entrado con la Fase IV del Plan Control Territorial, pero se irá haciendo paulatinamente.
Como parte de los resultados de este plan, el año pasado cerró con 201 homicidios menos con relación al 2020, dijo Merino Monroy. En enero de 2022, las estadísticas revelan que hubo 28 homicidios menos en comparación al mismo período del año 2021.
La baja en los homicidios se debe a la permanencia de soldados y policías en las comunidades, se mantiene presencia de la Fuerza Armada en las unidades de transporte y en las paradas de autobuses para contrarrestar la delincuencia, dijo Merino Monroy.
El funcionario detalló que en junio del año 2019 el actuar de las pandillas estaba desbordado, pero con el Plan Control Territorial se ha logrado debilitar el accionar de estas estructuras. Señaló que se está por el camino correcto, y que hay eficiencia en el Plan Control Territorial pese a que no se había tenido los recursos para desarrollar la estrategia de seguridad.
Además de contrarrestar delitos como homicidios, robo, extorsiones también se mantiene lucha contra el narcotráfico y se han obtenido buenos resultados lo cual también resta el accionar de las pandillas, concluyó Merino Monroy.
Gabriel López Meléndez fue enviado a juicio por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, así decidió el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 en el distrito de Apopa a raíz de una discusión que se prolongó durante varias horas hasta que el sujeto comenzó a agredir físicamente a la víctima.
«Mientras la pareja se encontraba en una habitación de su vivienda junto a uno de sus hijos, López, motivado por celos, habría comenzado una discusión y golpeó a la víctima en el estómago y el resto del cuerpo hasta quitarle la vida», se detalló en la acusación.
Posteriormente, López acudió a socorristas para solicitar ayuda, sin embargo, cuando estos llegaron, la víctima ya había muerto por las múltiples lesiones.
En el peritaje forense, que fue parte del desfile de pruebas de la Fiscalía, se determinó que la causa de muerte fue un trauma cerrado de abdomen de tipo contuso.
La investigación determinó que López Meléndez y la víctima mantenían una relación sentimental marcada por violencia psicológica y física ejercida por él. Además, el imputado intentaba controlarla y la maltrataba tras constantes episodios de celos.
Al valorar la oferta probatoria del ministerio público, el juzgado identificó elementos suficientes y relevantes para admitir la acusación y remitir el proceso a la etapa de sentencia. Asimismo, ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el procesado, que se enfrenta a una posible condena de más de 30 años de prisión.
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Imponen 10 años de cárcel a cuatro hombres por amenazar a persona para que abandonara su casa
Luis Armando Márquez Tovar, Jonathan Alexander Veliz Umaña, Jorge Alberto Landaverde Rivas y José Samuel Lima Flores fueron condenados a 10 años de cárcel cada uno por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2021, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
La Fiscalía logró comprobar que ese día, aproximadamente a las 8:30 p. m., los ahora condenados llegaron a la vivienda de la víctima, quien tenía abierta la puerta balcón del inmueble para amenazarla con que debía abandonar el lugar.
En el desarrollo de la vista pública, la víctima declaró que uno de los sujetos hablaba por teléfono y, entre insultos, le exigió que tomara el celular porque querían hablar con él, además de pedirle que se dejara tomar una fotografía.
«La víctima al ver el semblante intimidante de los imputados, tomó el teléfono celular y escuchó que la persona al otro lado de la llamada le advirtió que, si no accedía a tomarse la fotografía, enviaría a otras personas para dispararle», detallaron las fuentes. Ante la negativa de la víctima, los procesados lo amenazaron para que abandonara el lugar. Por temor a que las amenazas se concretaran, la víctima se vio obligada a dejar su vivienda.
Carlos Eloy Castañeda Hernández fue condenado a 37 años de prisión por homicidio simple en calidad de cómplice no necesario, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2021, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, en perjuicio de la víctima identificada como C. J. E.
Según la acusación, ese día, tras una fuerte discusión, el hijo del procesado, identificado en el caso únicamente como Samuel, «disparó con un arma de fuego contra la víctima. En ese mismo hecho, el imputado le arrebató el arma y disparó contra las otras tres víctimas, causándoles lesiones. Posteriormente, el autor del homicidio (Samuel) se dio a la fuga», detallaron fuentes judiciales.
La condena impuesta a Castañeda Hernández incluye la responsabilidad en los tres casos de homicidio tentado (intento), cuyas víctimas permanecen bajo reserva de identidad, así como por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En el fallo, el tribunal determinó que el imputado participó en el homicidio en calidad de cómplice no necesario, al no auxiliar a la víctima, lo que facilitó la fuga del asesino Samuel.
Por el delito de homicidio simple en modalidad de complicidad no necesaria, el tribunal le impuso diez años de prisión. Por cada uno de los homicidios tentados (intentos), ocho años; y por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, tres años de prisión
