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Plan Control Territorial es apoyado con 15,000 soldados confirma ministro de la Defensa
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, confirmo que el 68% de la Fuerza Armada está apoyando a la Policía Nacional Civil (PNC) con la Fase IV del Plan Control Territorial.
Según el funcionario cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele asumió en junio del año 2019, solo 3,000 militares estaban reforzando las labores de seguridad y prevención que ejecutaba la PNC, pero hasta hoy, se han incorporado 15,000 de los 22,000 miembros de la Fuerza Armada.
En diciembre del año pasado el gobierno incorporó a 1,000 militares al Plan Control Territorial y los resultados ya se están viendo en diversas colonias y cantones de varios municipios.
«Nosotros vemos cual ha sido el efecto de la incorporación de los 1,000 efectivos de diciembre del año pasado en diferentes colonias, en las Altavistas y en Las Cimas, se ha manejado ya, se tiene un control total de esas colonias», sostuvo Merino Monroy.
La presencia de la Fuerza Armada en esos populosos sectores del municipio de Ilopango se ha evitado muchos delitos que las pandillas estaban cometiendo, según el ministro de Defensa.
«Ahora con la presencia 24/7 (todos los días) a través de la Fase IV del Plan Control Territorial, tenemos un mejor control y les hemos quitado esa libertad de acción a los pandilleros», agregó el funcionario.
Esos buenos resultados también se verán cuando el presidente Nayib Bukele, anuncie en los próximos días la incorporación de otros 1,400 militares al Plan Control Territorial. En enero la Fuerza Armada culminó el adiestramiento de 15 semanas de estos militares quienes se unirán en apoyo a la Policía Nacional Civil.
Según Merino Monroy, serán desplegados en otras colonias donde la población está pidiendo la presencia permanente de la Fuerza Armada, el titular de la Defensa Nacional dice que aún hay lugares del país donde todavía no se ha entrado con la Fase IV del Plan Control Territorial, pero se irá haciendo paulatinamente.
Como parte de los resultados de este plan, el año pasado cerró con 201 homicidios menos con relación al 2020, dijo Merino Monroy. En enero de 2022, las estadísticas revelan que hubo 28 homicidios menos en comparación al mismo período del año 2021.
La baja en los homicidios se debe a la permanencia de soldados y policías en las comunidades, se mantiene presencia de la Fuerza Armada en las unidades de transporte y en las paradas de autobuses para contrarrestar la delincuencia, dijo Merino Monroy.
El funcionario detalló que en junio del año 2019 el actuar de las pandillas estaba desbordado, pero con el Plan Control Territorial se ha logrado debilitar el accionar de estas estructuras. Señaló que se está por el camino correcto, y que hay eficiencia en el Plan Control Territorial pese a que no se había tenido los recursos para desarrollar la estrategia de seguridad.
Además de contrarrestar delitos como homicidios, robo, extorsiones también se mantiene lucha contra el narcotráfico y se han obtenido buenos resultados lo cual también resta el accionar de las pandillas, concluyó Merino Monroy.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
