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Plan Control Territorial es apoyado con 15,000 soldados confirma ministro de la Defensa
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, confirmo que el 68% de la Fuerza Armada está apoyando a la Policía Nacional Civil (PNC) con la Fase IV del Plan Control Territorial.
Según el funcionario cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele asumió en junio del año 2019, solo 3,000 militares estaban reforzando las labores de seguridad y prevención que ejecutaba la PNC, pero hasta hoy, se han incorporado 15,000 de los 22,000 miembros de la Fuerza Armada.
En diciembre del año pasado el gobierno incorporó a 1,000 militares al Plan Control Territorial y los resultados ya se están viendo en diversas colonias y cantones de varios municipios.
«Nosotros vemos cual ha sido el efecto de la incorporación de los 1,000 efectivos de diciembre del año pasado en diferentes colonias, en las Altavistas y en Las Cimas, se ha manejado ya, se tiene un control total de esas colonias», sostuvo Merino Monroy.
La presencia de la Fuerza Armada en esos populosos sectores del municipio de Ilopango se ha evitado muchos delitos que las pandillas estaban cometiendo, según el ministro de Defensa.
«Ahora con la presencia 24/7 (todos los días) a través de la Fase IV del Plan Control Territorial, tenemos un mejor control y les hemos quitado esa libertad de acción a los pandilleros», agregó el funcionario.
Esos buenos resultados también se verán cuando el presidente Nayib Bukele, anuncie en los próximos días la incorporación de otros 1,400 militares al Plan Control Territorial. En enero la Fuerza Armada culminó el adiestramiento de 15 semanas de estos militares quienes se unirán en apoyo a la Policía Nacional Civil.
Según Merino Monroy, serán desplegados en otras colonias donde la población está pidiendo la presencia permanente de la Fuerza Armada, el titular de la Defensa Nacional dice que aún hay lugares del país donde todavía no se ha entrado con la Fase IV del Plan Control Territorial, pero se irá haciendo paulatinamente.
Como parte de los resultados de este plan, el año pasado cerró con 201 homicidios menos con relación al 2020, dijo Merino Monroy. En enero de 2022, las estadísticas revelan que hubo 28 homicidios menos en comparación al mismo período del año 2021.
La baja en los homicidios se debe a la permanencia de soldados y policías en las comunidades, se mantiene presencia de la Fuerza Armada en las unidades de transporte y en las paradas de autobuses para contrarrestar la delincuencia, dijo Merino Monroy.
El funcionario detalló que en junio del año 2019 el actuar de las pandillas estaba desbordado, pero con el Plan Control Territorial se ha logrado debilitar el accionar de estas estructuras. Señaló que se está por el camino correcto, y que hay eficiencia en el Plan Control Territorial pese a que no se había tenido los recursos para desarrollar la estrategia de seguridad.
Además de contrarrestar delitos como homicidios, robo, extorsiones también se mantiene lucha contra el narcotráfico y se han obtenido buenos resultados lo cual también resta el accionar de las pandillas, concluyó Merino Monroy.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
