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Nuevo audio incriminatorio contra el exfiscal Diego Escobar publicado por la revista Factum deja más preguntas que respuestas
Un audio dado a conocer el miércoles por la revista Factum que vincula al expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena con el exfiscal Diego Escobar, quien presuntamente fue el encargado de proporcionarle a Mauricio Funes el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), documento que impactó en la misma Fiscalía General de la República (FGR) a nivel internacional, ha dejado más interrogantes que respuestas para las partes.
Esto porque el actual Fiscal, Douglas Meléndez, no ha tomado acciones ni contra Funes Cartagena ni ante Diego Escobar. El primero por supuestamente haber sido parte de un grupo político paralelo al de su gabinete en ese entonces, y el según por haber sustraído dicho documento reservado y entregado a Funes para sacar “raja política”, pero sobre todo, brindarle garantías a Diego Escobar al momento de ejercer su cargo como fiscal general.
En el audio se escucha de voz de Mauricio Funes, decir que fue el mismo Escobar quien le entregó el ROS. “Ese es el caso que entiendo yo que tienen documentado Diego (Balmore Escobar)”, expresa el expresidente en una supuesta reunión que se hizo en Cumbres de Cuscatlán en octubre de 2013 en la que también se afirma estaba el expresidente de la República Elías Antonio Saca, quien actualmente guarda prisión en el penal La Esperanza, donde cumple una condena por lavado de dinero.
En la misma conversación participa César Funes, quien fue hombre de confianza de Antoni Saca en su mandato. “lo ideal fuera que toda esta noticia la reviente en un medio de afuera y para eso es que hay que darle garantías al bendito Diego (Balmore Escobar) para que tire el asunto del Paco”, señalando que el entonces fiscal no estaba convencido de entregarle el ROS.
Tras eso se cuestiona de ¿Cómo llegó el audio a la revista Factum? ¿cuál es el objetivo de hacerlo público en plena campaña electoral? ¿Quién se beneficia de ello?, pero la interrogante más fuerte es por qué el actual fiscal, Douglas Meléndez, quien busca una reelección de su cargo en la FGR para el periodo 2019-2022, no ha profundizado en la investigación del tema, pese a que interpuso una denuncia una denuncia a cinco meses de haber juramentado como fiscal general en el 2016.
La denuncia para que se investigara la sustracción del documento ROS que era confidencial, se presentó en junio de 2016 ante la FGR y se le asignó número de referencia 589-UDAJ-2014, y fue ordenado al fiscal David Vaquero para desarrollar todo el proceso de investigación en la que se tenía en la mira Carla Victoria Marroquín de Parada, esposa del exfiscal adjunto Aquiles Parada y Diego Balmore Escobar como responsable del hecho.
Con la publicación de Factum se deja al descubierto que Diego Balmore Escobar se valió del cargo en la FGR para favorecer a los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca en su venganza contra el expresidente Francisco Flores.
Hasta el cierre de esta nota y pese a las pruebas en su contra el fiscal general no lo ha investigado. «Él es la clave para joder a Paco dice el presidente Funes a su “gabinete”-. Yo le mandé a decir que si quería protección le dábamos protección; para darle confianza… Y si él renunciaba a la Fiscalía, que nada nos cuesta a nosotros absorberlo en la (secretaría) jurídica por un tiempo. Eso no es ningún problema», se escucha en el audio publicado por Factum.
Balmore Escobar meses después de haber dejado el cargo en la FGR, facilitar el ROS y montar su despacho jurídico desde donde mantiene comunicación con el actual fiscal Douglas Meléndez, según lo evidenciado por Mauricio Funes en una entrevista con un medio matutino del país el 6 de marzo de 2016. (Un fiscal de amplia trayectoria) es su amigo, de acuerdo a lo señalado por el licenciado Hernán Cortez, abogado del empresario Enrique Rais.)
Una denuncia hecha por Cortez establece que un aviso hecho por Diego Escobar en la FGR fue suficiente para que el fiscal general girara una orden de detención en contra de Rais, en el caso que montaron los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti (acusados por extorsión y con orden de captura), quienes buscaron a Escobar por la cercanía que este había tenido con fiscal general y que habría otorgado un trato preferencial por parte de Meléndez, según lo mencionó el abogado Cortez en un comunicado publicado en diario digital El Blog el 8 de febrero de 2018 (LA OBSESIÓN DEL FISCAL GENERAL CONTRA RAIS NO ES DE CARÁCTER LEGAL, ES PERSONAL).
«Debido a este gravísimo delito El Salvador ha sido sancionado por las instancias financieras internacionales y al momento no existe cooperación a causa de este grave delito, curiosamente ahora el fiscal general pide a los diputados que con dispensa de trámites se modifique la ley orgánica de la UIF para darle total autonomía; sin embargo, nada se ha hecho para castigar el origen de estas sanciones internacionales muy a pesar de contar con múltiples denuncias contra su amigo y excompañero Diego Balmore Escobar», denunció Cortez en febrero de 2018.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
