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Nuevo audio incriminatorio contra el exfiscal Diego Escobar publicado por la revista Factum deja más preguntas que respuestas
Un audio dado a conocer el miércoles por la revista Factum que vincula al expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena con el exfiscal Diego Escobar, quien presuntamente fue el encargado de proporcionarle a Mauricio Funes el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), documento que impactó en la misma Fiscalía General de la República (FGR) a nivel internacional, ha dejado más interrogantes que respuestas para las partes.
Esto porque el actual Fiscal, Douglas Meléndez, no ha tomado acciones ni contra Funes Cartagena ni ante Diego Escobar. El primero por supuestamente haber sido parte de un grupo político paralelo al de su gabinete en ese entonces, y el según por haber sustraído dicho documento reservado y entregado a Funes para sacar “raja política”, pero sobre todo, brindarle garantías a Diego Escobar al momento de ejercer su cargo como fiscal general.
En el audio se escucha de voz de Mauricio Funes, decir que fue el mismo Escobar quien le entregó el ROS. “Ese es el caso que entiendo yo que tienen documentado Diego (Balmore Escobar)”, expresa el expresidente en una supuesta reunión que se hizo en Cumbres de Cuscatlán en octubre de 2013 en la que también se afirma estaba el expresidente de la República Elías Antonio Saca, quien actualmente guarda prisión en el penal La Esperanza, donde cumple una condena por lavado de dinero.
En la misma conversación participa César Funes, quien fue hombre de confianza de Antoni Saca en su mandato. “lo ideal fuera que toda esta noticia la reviente en un medio de afuera y para eso es que hay que darle garantías al bendito Diego (Balmore Escobar) para que tire el asunto del Paco”, señalando que el entonces fiscal no estaba convencido de entregarle el ROS.
Tras eso se cuestiona de ¿Cómo llegó el audio a la revista Factum? ¿cuál es el objetivo de hacerlo público en plena campaña electoral? ¿Quién se beneficia de ello?, pero la interrogante más fuerte es por qué el actual fiscal, Douglas Meléndez, quien busca una reelección de su cargo en la FGR para el periodo 2019-2022, no ha profundizado en la investigación del tema, pese a que interpuso una denuncia una denuncia a cinco meses de haber juramentado como fiscal general en el 2016.
La denuncia para que se investigara la sustracción del documento ROS que era confidencial, se presentó en junio de 2016 ante la FGR y se le asignó número de referencia 589-UDAJ-2014, y fue ordenado al fiscal David Vaquero para desarrollar todo el proceso de investigación en la que se tenía en la mira Carla Victoria Marroquín de Parada, esposa del exfiscal adjunto Aquiles Parada y Diego Balmore Escobar como responsable del hecho.
Con la publicación de Factum se deja al descubierto que Diego Balmore Escobar se valió del cargo en la FGR para favorecer a los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca en su venganza contra el expresidente Francisco Flores.
Hasta el cierre de esta nota y pese a las pruebas en su contra el fiscal general no lo ha investigado. «Él es la clave para joder a Paco dice el presidente Funes a su “gabinete”-. Yo le mandé a decir que si quería protección le dábamos protección; para darle confianza… Y si él renunciaba a la Fiscalía, que nada nos cuesta a nosotros absorberlo en la (secretaría) jurídica por un tiempo. Eso no es ningún problema», se escucha en el audio publicado por Factum.
Balmore Escobar meses después de haber dejado el cargo en la FGR, facilitar el ROS y montar su despacho jurídico desde donde mantiene comunicación con el actual fiscal Douglas Meléndez, según lo evidenciado por Mauricio Funes en una entrevista con un medio matutino del país el 6 de marzo de 2016. (Un fiscal de amplia trayectoria) es su amigo, de acuerdo a lo señalado por el licenciado Hernán Cortez, abogado del empresario Enrique Rais.)
Una denuncia hecha por Cortez establece que un aviso hecho por Diego Escobar en la FGR fue suficiente para que el fiscal general girara una orden de detención en contra de Rais, en el caso que montaron los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti (acusados por extorsión y con orden de captura), quienes buscaron a Escobar por la cercanía que este había tenido con fiscal general y que habría otorgado un trato preferencial por parte de Meléndez, según lo mencionó el abogado Cortez en un comunicado publicado en diario digital El Blog el 8 de febrero de 2018 (LA OBSESIÓN DEL FISCAL GENERAL CONTRA RAIS NO ES DE CARÁCTER LEGAL, ES PERSONAL).
«Debido a este gravísimo delito El Salvador ha sido sancionado por las instancias financieras internacionales y al momento no existe cooperación a causa de este grave delito, curiosamente ahora el fiscal general pide a los diputados que con dispensa de trámites se modifique la ley orgánica de la UIF para darle total autonomía; sin embargo, nada se ha hecho para castigar el origen de estas sanciones internacionales muy a pesar de contar con múltiples denuncias contra su amigo y excompañero Diego Balmore Escobar», denunció Cortez en febrero de 2018.
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
El Gobierno de la República de Corea, a través del Instituto de Avance Tecnológico de Corea (KIAT), dependiente del Ministerio de Industria coreano, desarrolla en El Salvador el programa «Asesoría y Soluciones Tecnológicas de Corea (TASK) para el Sector de Servicios Digitales y Tecnológicos Vinculados a Fábricas Inteligentes», conocido como Smart Factories.
Este programa de cooperación para el desarrollo industrial busca elevar las capacidades digitales del sector manufacturero salvadoreño y ampliar la red de negocios entre ambos países. El programa es coordinado localmente por el Ministerio de Economía (Minec).
El proyecto, con un periodo de ejecución de 54 meses comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2027, es implementado por el Gyeongbuk Technopark, institución coreana especializada en el fomento de pequeñas y medianas empresas. En total, 20 entidades salvadoreñas —18 empresas y 2 universidades— son beneficiarias del programa.
Dos fases de asistencia técnica
La iniciativa se divide en dos etapas. La primera fase, concluida el 31 de diciembre de 2025, atendió a 10 entidades. La segunda fase, actualmente en curso, inició en julio de 2025 y se extenderá hasta diciembre de 2027, beneficiando a otras 10 entidades, entre ellas la Universidad Don Bosco, Garbal, Ingenia, Autocontrol, Pan San Antonio, Fibratecnica, Manufacturas Cavalier, Bolplan, Ingenio La Cabaña y Cacao.
Esta segunda etapa contempla un total de nueve eventos: cinco sesiones de asistencia técnica personalizada, dos programas de formación con visitas a empresas coreanas con sistemas de Fábricas Inteligentes, y dos seminarios tecnológicos dirigidos a empresas de manufactura y proveedores de soluciones digitales.
Misión oficial en El Salvador
Del 10 al 22 de mayo, una delegación de seis especialistas coreanos realizó visitas técnicas a las empresas participantes en coordinación con el Minec. La misión está integrada por Han-hyuk Kim, investigador senior de Gyeongbuk Technopark; Jae-yong Lee, consultor del Instituto Internacional de Desarrollo Agroindustrial; Young-jin Kim, director ejecutivo de K-Consulting Research Institute; Sung-min Lee, director ejecutivo de Hongjin Engineering; Doo-young Choi, vicepresidente de LSB Co., y Ki-dong Ban, director ejecutivo de Hansol Koever.
La cooperación forma parte de una estrategia bilateral que busca no solo transferir conocimiento técnico a las empresas salvadoreñas, sino también facilitar su inserción en redes de negocios con el sector productivo coreano, con miras al mercado latinoamericano.
