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Nuevo audio incriminatorio contra el exfiscal Diego Escobar publicado por la revista Factum deja más preguntas que respuestas
Un audio dado a conocer el miércoles por la revista Factum que vincula al expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena con el exfiscal Diego Escobar, quien presuntamente fue el encargado de proporcionarle a Mauricio Funes el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), documento que impactó en la misma Fiscalía General de la República (FGR) a nivel internacional, ha dejado más interrogantes que respuestas para las partes.
Esto porque el actual Fiscal, Douglas Meléndez, no ha tomado acciones ni contra Funes Cartagena ni ante Diego Escobar. El primero por supuestamente haber sido parte de un grupo político paralelo al de su gabinete en ese entonces, y el según por haber sustraído dicho documento reservado y entregado a Funes para sacar “raja política”, pero sobre todo, brindarle garantías a Diego Escobar al momento de ejercer su cargo como fiscal general.
En el audio se escucha de voz de Mauricio Funes, decir que fue el mismo Escobar quien le entregó el ROS. “Ese es el caso que entiendo yo que tienen documentado Diego (Balmore Escobar)”, expresa el expresidente en una supuesta reunión que se hizo en Cumbres de Cuscatlán en octubre de 2013 en la que también se afirma estaba el expresidente de la República Elías Antonio Saca, quien actualmente guarda prisión en el penal La Esperanza, donde cumple una condena por lavado de dinero.
En la misma conversación participa César Funes, quien fue hombre de confianza de Antoni Saca en su mandato. “lo ideal fuera que toda esta noticia la reviente en un medio de afuera y para eso es que hay que darle garantías al bendito Diego (Balmore Escobar) para que tire el asunto del Paco”, señalando que el entonces fiscal no estaba convencido de entregarle el ROS.
Tras eso se cuestiona de ¿Cómo llegó el audio a la revista Factum? ¿cuál es el objetivo de hacerlo público en plena campaña electoral? ¿Quién se beneficia de ello?, pero la interrogante más fuerte es por qué el actual fiscal, Douglas Meléndez, quien busca una reelección de su cargo en la FGR para el periodo 2019-2022, no ha profundizado en la investigación del tema, pese a que interpuso una denuncia una denuncia a cinco meses de haber juramentado como fiscal general en el 2016.
La denuncia para que se investigara la sustracción del documento ROS que era confidencial, se presentó en junio de 2016 ante la FGR y se le asignó número de referencia 589-UDAJ-2014, y fue ordenado al fiscal David Vaquero para desarrollar todo el proceso de investigación en la que se tenía en la mira Carla Victoria Marroquín de Parada, esposa del exfiscal adjunto Aquiles Parada y Diego Balmore Escobar como responsable del hecho.
Con la publicación de Factum se deja al descubierto que Diego Balmore Escobar se valió del cargo en la FGR para favorecer a los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca en su venganza contra el expresidente Francisco Flores.
Hasta el cierre de esta nota y pese a las pruebas en su contra el fiscal general no lo ha investigado. «Él es la clave para joder a Paco dice el presidente Funes a su “gabinete”-. Yo le mandé a decir que si quería protección le dábamos protección; para darle confianza… Y si él renunciaba a la Fiscalía, que nada nos cuesta a nosotros absorberlo en la (secretaría) jurídica por un tiempo. Eso no es ningún problema», se escucha en el audio publicado por Factum.
Balmore Escobar meses después de haber dejado el cargo en la FGR, facilitar el ROS y montar su despacho jurídico desde donde mantiene comunicación con el actual fiscal Douglas Meléndez, según lo evidenciado por Mauricio Funes en una entrevista con un medio matutino del país el 6 de marzo de 2016. (Un fiscal de amplia trayectoria) es su amigo, de acuerdo a lo señalado por el licenciado Hernán Cortez, abogado del empresario Enrique Rais.)
Una denuncia hecha por Cortez establece que un aviso hecho por Diego Escobar en la FGR fue suficiente para que el fiscal general girara una orden de detención en contra de Rais, en el caso que montaron los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti (acusados por extorsión y con orden de captura), quienes buscaron a Escobar por la cercanía que este había tenido con fiscal general y que habría otorgado un trato preferencial por parte de Meléndez, según lo mencionó el abogado Cortez en un comunicado publicado en diario digital El Blog el 8 de febrero de 2018 (LA OBSESIÓN DEL FISCAL GENERAL CONTRA RAIS NO ES DE CARÁCTER LEGAL, ES PERSONAL).
«Debido a este gravísimo delito El Salvador ha sido sancionado por las instancias financieras internacionales y al momento no existe cooperación a causa de este grave delito, curiosamente ahora el fiscal general pide a los diputados que con dispensa de trámites se modifique la ley orgánica de la UIF para darle total autonomía; sin embargo, nada se ha hecho para castigar el origen de estas sanciones internacionales muy a pesar de contar con múltiples denuncias contra su amigo y excompañero Diego Balmore Escobar», denunció Cortez en febrero de 2018.
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 26, 2026
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Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS
El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.
A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.
La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.
Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.
Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].
A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.
Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.
El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.
Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
