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Nuevo audio incriminatorio contra el exfiscal Diego Escobar publicado por la revista Factum deja más preguntas que respuestas
Un audio dado a conocer el miércoles por la revista Factum que vincula al expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena con el exfiscal Diego Escobar, quien presuntamente fue el encargado de proporcionarle a Mauricio Funes el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), documento que impactó en la misma Fiscalía General de la República (FGR) a nivel internacional, ha dejado más interrogantes que respuestas para las partes.
Esto porque el actual Fiscal, Douglas Meléndez, no ha tomado acciones ni contra Funes Cartagena ni ante Diego Escobar. El primero por supuestamente haber sido parte de un grupo político paralelo al de su gabinete en ese entonces, y el según por haber sustraído dicho documento reservado y entregado a Funes para sacar “raja política”, pero sobre todo, brindarle garantías a Diego Escobar al momento de ejercer su cargo como fiscal general.
En el audio se escucha de voz de Mauricio Funes, decir que fue el mismo Escobar quien le entregó el ROS. “Ese es el caso que entiendo yo que tienen documentado Diego (Balmore Escobar)”, expresa el expresidente en una supuesta reunión que se hizo en Cumbres de Cuscatlán en octubre de 2013 en la que también se afirma estaba el expresidente de la República Elías Antonio Saca, quien actualmente guarda prisión en el penal La Esperanza, donde cumple una condena por lavado de dinero.
En la misma conversación participa César Funes, quien fue hombre de confianza de Antoni Saca en su mandato. “lo ideal fuera que toda esta noticia la reviente en un medio de afuera y para eso es que hay que darle garantías al bendito Diego (Balmore Escobar) para que tire el asunto del Paco”, señalando que el entonces fiscal no estaba convencido de entregarle el ROS.
Tras eso se cuestiona de ¿Cómo llegó el audio a la revista Factum? ¿cuál es el objetivo de hacerlo público en plena campaña electoral? ¿Quién se beneficia de ello?, pero la interrogante más fuerte es por qué el actual fiscal, Douglas Meléndez, quien busca una reelección de su cargo en la FGR para el periodo 2019-2022, no ha profundizado en la investigación del tema, pese a que interpuso una denuncia una denuncia a cinco meses de haber juramentado como fiscal general en el 2016.
La denuncia para que se investigara la sustracción del documento ROS que era confidencial, se presentó en junio de 2016 ante la FGR y se le asignó número de referencia 589-UDAJ-2014, y fue ordenado al fiscal David Vaquero para desarrollar todo el proceso de investigación en la que se tenía en la mira Carla Victoria Marroquín de Parada, esposa del exfiscal adjunto Aquiles Parada y Diego Balmore Escobar como responsable del hecho.
Con la publicación de Factum se deja al descubierto que Diego Balmore Escobar se valió del cargo en la FGR para favorecer a los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca en su venganza contra el expresidente Francisco Flores.
Hasta el cierre de esta nota y pese a las pruebas en su contra el fiscal general no lo ha investigado. «Él es la clave para joder a Paco dice el presidente Funes a su “gabinete”-. Yo le mandé a decir que si quería protección le dábamos protección; para darle confianza… Y si él renunciaba a la Fiscalía, que nada nos cuesta a nosotros absorberlo en la (secretaría) jurídica por un tiempo. Eso no es ningún problema», se escucha en el audio publicado por Factum.
Balmore Escobar meses después de haber dejado el cargo en la FGR, facilitar el ROS y montar su despacho jurídico desde donde mantiene comunicación con el actual fiscal Douglas Meléndez, según lo evidenciado por Mauricio Funes en una entrevista con un medio matutino del país el 6 de marzo de 2016. (Un fiscal de amplia trayectoria) es su amigo, de acuerdo a lo señalado por el licenciado Hernán Cortez, abogado del empresario Enrique Rais.)
Una denuncia hecha por Cortez establece que un aviso hecho por Diego Escobar en la FGR fue suficiente para que el fiscal general girara una orden de detención en contra de Rais, en el caso que montaron los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti (acusados por extorsión y con orden de captura), quienes buscaron a Escobar por la cercanía que este había tenido con fiscal general y que habría otorgado un trato preferencial por parte de Meléndez, según lo mencionó el abogado Cortez en un comunicado publicado en diario digital El Blog el 8 de febrero de 2018 (LA OBSESIÓN DEL FISCAL GENERAL CONTRA RAIS NO ES DE CARÁCTER LEGAL, ES PERSONAL).
«Debido a este gravísimo delito El Salvador ha sido sancionado por las instancias financieras internacionales y al momento no existe cooperación a causa de este grave delito, curiosamente ahora el fiscal general pide a los diputados que con dispensa de trámites se modifique la ley orgánica de la UIF para darle total autonomía; sin embargo, nada se ha hecho para castigar el origen de estas sanciones internacionales muy a pesar de contar con múltiples denuncias contra su amigo y excompañero Diego Balmore Escobar», denunció Cortez en febrero de 2018.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
