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Ministro de Seguridad afirma que el régimen de excepción permitió al Estado «recuperar el territorio, la tutela y la vigilancia de población»
A un año de implementación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, dijo que esta medida es la esperanza para los salvadoreños. «Es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y la vigilancia de nuestra población», sostuvo.
Según el funcionario el régimen de excepción no fue una decisión fácil y antojadiza, el Gobierno comenzó a utilizar las herramientas que la Constitución otorga dentro un estado de derecho.
El hacer uso de todas esas disposiciones legales permitió echar andar una guerra y activar un protocolo de guerra contra las pandillas que no son más que estructuras terroristas.
Villatoro hizo mención que en los últimos 15 años las estructuras de pandillas habían venido utilizando el término delictivo que ellos denominaban «apertura de válvula», que no era más que incrementar los homicidios.
«En el comportamiento de los últimos 15 años estas figuras (apertura de válvula) ellos la venían utilizando para conseguir algún tipo de beneficio y demostrar su poder y demostrar a nuestras comunidades a nuestra población que ellos eran los que gobernaban el territorio», sostuvo el ministro de Justicia.
Pero esas acciones delictivas se les terminó cuando el presidente de la República Nayib Bukele, ordenó instaurar el régimen de excepción luego de la ola de homicidios que se registró durante tres días por parte de las pandillas. Fue un decisión difícil, pero en poco tiempo dio buenos resultados, sostuvo Villatoro, al hablar sobre el régimen de excepción.
«Fue ese fin de semana fatídico, oscuro para el país para esas más de 87 vidas que perdimos ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, recordamos todo el gabinete y el señor presidente como vivimos ese 26 de marzo del 2022, era algo completamente fuera de toda lógica», agregó el ministro.
Villatoro manifestó que ese incremento de homicidios que fue ordenado por los cabecillas de las pandillas durante ese fin de semana fue una manifestación que esos grupos de terroristas hacían.
«Es por eso que cuando se habla de régimen de excepción y la gente, los más de 6.2 millones de salvadoreños decimos. Y de dónde venimos, venimos de un régimen de muerte donde estos si yo no pagaba renta, si yo no pagaba una extorsión, si no les mandaba a mis hijos para que fueran parte de las pandillas, si no les mandaba a mis hijas para que tuvieran relaciones sexuales con los pandilleros me mataban. De esa país es el que venimos y es el que no entiende mucha comunidad internacional y algunas organizaciones internacionales» m, expresó el titular de Justicia y Seguridad.
En la guerra contra los grupos terroristas el informe proporcionado por Villatoro en el primer año del régimen de excepción manifestó que han capturado a 66,417 pandilleros y colaboradores quienes han sido procesados por los jueces especializados por agrupaciones ilícitas y delitos conexos.
También han decomisado 2,547 armas de fuego, 3,292 vehículos, 15,878 teléfonos celulares y $3,000,000 en efectivo.
El régimen de excepción también ha permitido capturar a 10 de 15 sillas o cabecillas de la Mara Salvatrucha quienes dirigían los 31 programas de esa estructura y también han desbaratado toda la estructura jerárquica de la Pandilla 18.
En la guerra contra las pandillas las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1,100 cabecillas de esos grupos terroristas que ya fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
