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Ministro de Seguridad afirma que el régimen de excepción permitió al Estado «recuperar el territorio, la tutela y la vigilancia de población»
A un año de implementación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, dijo que esta medida es la esperanza para los salvadoreños. «Es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y la vigilancia de nuestra población», sostuvo.
Según el funcionario el régimen de excepción no fue una decisión fácil y antojadiza, el Gobierno comenzó a utilizar las herramientas que la Constitución otorga dentro un estado de derecho.
El hacer uso de todas esas disposiciones legales permitió echar andar una guerra y activar un protocolo de guerra contra las pandillas que no son más que estructuras terroristas.
Villatoro hizo mención que en los últimos 15 años las estructuras de pandillas habían venido utilizando el término delictivo que ellos denominaban «apertura de válvula», que no era más que incrementar los homicidios.
«En el comportamiento de los últimos 15 años estas figuras (apertura de válvula) ellos la venían utilizando para conseguir algún tipo de beneficio y demostrar su poder y demostrar a nuestras comunidades a nuestra población que ellos eran los que gobernaban el territorio», sostuvo el ministro de Justicia.
Pero esas acciones delictivas se les terminó cuando el presidente de la República Nayib Bukele, ordenó instaurar el régimen de excepción luego de la ola de homicidios que se registró durante tres días por parte de las pandillas. Fue un decisión difícil, pero en poco tiempo dio buenos resultados, sostuvo Villatoro, al hablar sobre el régimen de excepción.
«Fue ese fin de semana fatídico, oscuro para el país para esas más de 87 vidas que perdimos ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, recordamos todo el gabinete y el señor presidente como vivimos ese 26 de marzo del 2022, era algo completamente fuera de toda lógica», agregó el ministro.
Villatoro manifestó que ese incremento de homicidios que fue ordenado por los cabecillas de las pandillas durante ese fin de semana fue una manifestación que esos grupos de terroristas hacían.
«Es por eso que cuando se habla de régimen de excepción y la gente, los más de 6.2 millones de salvadoreños decimos. Y de dónde venimos, venimos de un régimen de muerte donde estos si yo no pagaba renta, si yo no pagaba una extorsión, si no les mandaba a mis hijos para que fueran parte de las pandillas, si no les mandaba a mis hijas para que tuvieran relaciones sexuales con los pandilleros me mataban. De esa país es el que venimos y es el que no entiende mucha comunidad internacional y algunas organizaciones internacionales» m, expresó el titular de Justicia y Seguridad.
En la guerra contra los grupos terroristas el informe proporcionado por Villatoro en el primer año del régimen de excepción manifestó que han capturado a 66,417 pandilleros y colaboradores quienes han sido procesados por los jueces especializados por agrupaciones ilícitas y delitos conexos.
También han decomisado 2,547 armas de fuego, 3,292 vehículos, 15,878 teléfonos celulares y $3,000,000 en efectivo.
El régimen de excepción también ha permitido capturar a 10 de 15 sillas o cabecillas de la Mara Salvatrucha quienes dirigían los 31 programas de esa estructura y también han desbaratado toda la estructura jerárquica de la Pandilla 18.
En la guerra contra las pandillas las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1,100 cabecillas de esos grupos terroristas que ya fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
