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Ministro de Seguridad afirma que el régimen de excepción permitió al Estado «recuperar el territorio, la tutela y la vigilancia de población»
A un año de implementación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, dijo que esta medida es la esperanza para los salvadoreños. «Es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y la vigilancia de nuestra población», sostuvo.
Según el funcionario el régimen de excepción no fue una decisión fácil y antojadiza, el Gobierno comenzó a utilizar las herramientas que la Constitución otorga dentro un estado de derecho.
El hacer uso de todas esas disposiciones legales permitió echar andar una guerra y activar un protocolo de guerra contra las pandillas que no son más que estructuras terroristas.
Villatoro hizo mención que en los últimos 15 años las estructuras de pandillas habían venido utilizando el término delictivo que ellos denominaban «apertura de válvula», que no era más que incrementar los homicidios.
«En el comportamiento de los últimos 15 años estas figuras (apertura de válvula) ellos la venían utilizando para conseguir algún tipo de beneficio y demostrar su poder y demostrar a nuestras comunidades a nuestra población que ellos eran los que gobernaban el territorio», sostuvo el ministro de Justicia.
Pero esas acciones delictivas se les terminó cuando el presidente de la República Nayib Bukele, ordenó instaurar el régimen de excepción luego de la ola de homicidios que se registró durante tres días por parte de las pandillas. Fue un decisión difícil, pero en poco tiempo dio buenos resultados, sostuvo Villatoro, al hablar sobre el régimen de excepción.
«Fue ese fin de semana fatídico, oscuro para el país para esas más de 87 vidas que perdimos ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, recordamos todo el gabinete y el señor presidente como vivimos ese 26 de marzo del 2022, era algo completamente fuera de toda lógica», agregó el ministro.
Villatoro manifestó que ese incremento de homicidios que fue ordenado por los cabecillas de las pandillas durante ese fin de semana fue una manifestación que esos grupos de terroristas hacían.
«Es por eso que cuando se habla de régimen de excepción y la gente, los más de 6.2 millones de salvadoreños decimos. Y de dónde venimos, venimos de un régimen de muerte donde estos si yo no pagaba renta, si yo no pagaba una extorsión, si no les mandaba a mis hijos para que fueran parte de las pandillas, si no les mandaba a mis hijas para que tuvieran relaciones sexuales con los pandilleros me mataban. De esa país es el que venimos y es el que no entiende mucha comunidad internacional y algunas organizaciones internacionales» m, expresó el titular de Justicia y Seguridad.
En la guerra contra los grupos terroristas el informe proporcionado por Villatoro en el primer año del régimen de excepción manifestó que han capturado a 66,417 pandilleros y colaboradores quienes han sido procesados por los jueces especializados por agrupaciones ilícitas y delitos conexos.
También han decomisado 2,547 armas de fuego, 3,292 vehículos, 15,878 teléfonos celulares y $3,000,000 en efectivo.
El régimen de excepción también ha permitido capturar a 10 de 15 sillas o cabecillas de la Mara Salvatrucha quienes dirigían los 31 programas de esa estructura y también han desbaratado toda la estructura jerárquica de la Pandilla 18.
En la guerra contra las pandillas las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1,100 cabecillas de esos grupos terroristas que ya fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
