Nacionales
Ministro de Seguridad afirma que el régimen de excepción permitió al Estado «recuperar el territorio, la tutela y la vigilancia de población»
A un año de implementación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, dijo que esta medida es la esperanza para los salvadoreños. «Es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y la vigilancia de nuestra población», sostuvo.
Según el funcionario el régimen de excepción no fue una decisión fácil y antojadiza, el Gobierno comenzó a utilizar las herramientas que la Constitución otorga dentro un estado de derecho.
El hacer uso de todas esas disposiciones legales permitió echar andar una guerra y activar un protocolo de guerra contra las pandillas que no son más que estructuras terroristas.
Villatoro hizo mención que en los últimos 15 años las estructuras de pandillas habían venido utilizando el término delictivo que ellos denominaban «apertura de válvula», que no era más que incrementar los homicidios.
«En el comportamiento de los últimos 15 años estas figuras (apertura de válvula) ellos la venían utilizando para conseguir algún tipo de beneficio y demostrar su poder y demostrar a nuestras comunidades a nuestra población que ellos eran los que gobernaban el territorio», sostuvo el ministro de Justicia.
Pero esas acciones delictivas se les terminó cuando el presidente de la República Nayib Bukele, ordenó instaurar el régimen de excepción luego de la ola de homicidios que se registró durante tres días por parte de las pandillas. Fue un decisión difícil, pero en poco tiempo dio buenos resultados, sostuvo Villatoro, al hablar sobre el régimen de excepción.
«Fue ese fin de semana fatídico, oscuro para el país para esas más de 87 vidas que perdimos ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, recordamos todo el gabinete y el señor presidente como vivimos ese 26 de marzo del 2022, era algo completamente fuera de toda lógica», agregó el ministro.
Villatoro manifestó que ese incremento de homicidios que fue ordenado por los cabecillas de las pandillas durante ese fin de semana fue una manifestación que esos grupos de terroristas hacían.
«Es por eso que cuando se habla de régimen de excepción y la gente, los más de 6.2 millones de salvadoreños decimos. Y de dónde venimos, venimos de un régimen de muerte donde estos si yo no pagaba renta, si yo no pagaba una extorsión, si no les mandaba a mis hijos para que fueran parte de las pandillas, si no les mandaba a mis hijas para que tuvieran relaciones sexuales con los pandilleros me mataban. De esa país es el que venimos y es el que no entiende mucha comunidad internacional y algunas organizaciones internacionales» m, expresó el titular de Justicia y Seguridad.
En la guerra contra los grupos terroristas el informe proporcionado por Villatoro en el primer año del régimen de excepción manifestó que han capturado a 66,417 pandilleros y colaboradores quienes han sido procesados por los jueces especializados por agrupaciones ilícitas y delitos conexos.
También han decomisado 2,547 armas de fuego, 3,292 vehículos, 15,878 teléfonos celulares y $3,000,000 en efectivo.
El régimen de excepción también ha permitido capturar a 10 de 15 sillas o cabecillas de la Mara Salvatrucha quienes dirigían los 31 programas de esa estructura y también han desbaratado toda la estructura jerárquica de la Pandilla 18.
En la guerra contra las pandillas las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1,100 cabecillas de esos grupos terroristas que ya fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
