Nacionales
Ministro de Hacienda presenta 7 avisos de presunta evasión fiscal que rondan $1.8 millones
El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya se presentó la mañana de este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar más casos de presunta evasión fiscal y contrabando de mercadería. En ese sentido, fueron presentados siete avisos que sumados se estiman en $1.8 millones.
El funcionario explicó que el caso más significativo, de los siete presentados, está relacionado con una empresa que ha evadido el pago de IVA por $1.2 millones; cinco de los casos más están relacionados a contribuyentes que retuvieron el impuesto sobre la renta de sus empleados y no lo entregaron al Ministerio de Hacienda, entre ellas está una alcaldía del oriente del país.
«Esta entidad pública retuvo los fondos de los trabajadores y no los entregó al ministerio de Hacienda», aseguró el funcionario.
Entre los avisos está uno relacionado con el presunto contrabando de mercancías por $1.2 millones, esta compañía se encargaba, según dijo Zelaya, de importar mercadería a El Salvador con el objeto de internarla a una zona franca y luego simulaba exportaciones al exterior para no pagar impuestos; sin embargo, al verificar el destino de la mercadería se dieron que nunca llegó a los destinos.
Los productos eran comercializados en el mercado nacional sin pagar impuestos aduaneros y otros tributos.
Eduardo Zelaya brindó detalles de los millones que reflejan las denuncias interpuestas en el Ministerio Publico. «Este día estaría llegando a 105 avisos presentados ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la FGR, $92 millones es la cifra que abarcan estos 15 avisos presentados hasta el momento», dijo el ministro Zelaya.
El funcionario destacó la actual gestión de la FGR, bajo la administración de Rodolfo Delgado, con quien ha visto avances en la investigación de los casos presentados, así como mejor coordinación entre las instituciones.
«…esa es la importancia de que esos malos empresarios que cada día son menos en nuestro país le han robado a la población regresen a las arcas públicas, estos fondos nos sirven para seguir construyendo escuelas, remodelando hospitales, para seguir reforzando el Plan Control Territorial, para seguir reactivando nuestra economía y brindar justicia tributaria a la población salvadoreña», dijo Zelaya.
Agregó que «no es posible que mientras unos pocos evaden y se lucran con el dinero, que es del pueblo, otros responsablemente paguemos todos nuestros impuestos, nuestro principal objetivo es llevar justicia tributaria a la población salvadoreña; no perseguimos a empresarios, perseguimos a evasores de impuestos».
También la directora de la Dirección General de Aduanas, Samadhy Martínez, se refirió a los casos denunciados este mañana en la Fiscalía.
«No es posible que en nuestras fronteras pase por nuestras aduanas el contrabando técnico, estos casos a presentar este día en la Fiscalía y los ya presentados son este tipo de contrabando no es el que pasa por puntos ciegos es el que pasa por nuestras fronteras que aparenta operaciones de comercio exterior lícitas», dijo Martínez.
Agregó que «Gracias al equipo de inteligencia aduanera y al departamento contra el contrabando como Dirección General de Aduanas hemos apostado más de $6 millones solo de contrabando técnico, (…) presentamos la denuncia contra esta empresa [uno de los casos denunciados de los que hizo referencia Zelaya], cuya actividad es las importaciones diversas que simula importaciones con tránsitos temporales a un almacenamientos de aduanas, incluso, simula reexportaciones que nunca llegan al país de destino».
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
#NACIONALES Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
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De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»
Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
