Nacionales
Ministro de Hacienda lamenta que presidente de Asamblea califique como capricho el no pago de planillas por falta de recurso

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, lamentó que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, considere como «capricho» el no pago de planillas legislativas ante la escasez de recursos económicos que ha generado la pandemia del COVID-19.
En el programa la entrevista del Noticiero El Salvador, Zelaya reiteró que a la fecha no hay fondos para hacer el desembolso completo de la planilla a la Asamblea Legislativa correspondiente a septiembre, por lo que desde la semana pasada propuso a los diputados pagar primero a los empleados y proveedores legislativos, aunque no lo aceptaron y decidieron interponer un aviso ante la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el ministro, la actitud de los diputados podría buscar desviar la atención de la discusión de todos los fondos que mantienen retenidos, a pesar de los continuos llamados del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para afrontar la emergencia ocasionada por el COVID-19.
Zelaya aclaró que no es ilegal priorizar los salarios de los empleados y pagos de proveedores legislativos, como lo aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. «Yo no lo entiendo a él (Ponce), porque él dice que es una ilegalidad. ¿Una ilegalidad pagarles a los trabajadores? ¿Una ilegalidad pagarles a los proveedores?», agregó.
También, señaló que le extrañan los continuos llamados de la Asamblea Legislativa a comisiones especiales que no tienen relación con su función, como la que se dedica a investigar supuestos ataques a periodistas. Y aprovechó la ocasión para reiterar su disposición a asistir a comisiones ligadas a sus facultades cuando tenga disponibilidad de tiempo.
Sobre el desembolso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) para las alcaldías, el ministro expresó que ha hablado con algunos alcaldes para solicitarles que contribuyan a convencer a los jefes de fracciones de sus partidos para que liberen los fondos.
«Estos diputados que están enquistados en el bloque ARENA-FMLN, que están dirigidos por el diputado Rodolfo Parker, se han dado a la tarea de bloquear los fondos para el Gobierno y para atender la emergencia. Estos fondos van a servir para atender las necesidades de nuestra población», dijo.
En otros puntos, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, resaltó que algunas auditorías realizadas por la Corte de Cuentas a su gestión están a cargo de auditores ligados a corrupción en casos como El Chaparral.
Además, informó que el Presupuesto 2021 no será financiado con más endeudamiento, sino con un enfoque de combate a la evasión fiscal y el contrabando. Uno de los programas exitosos que impulsa el Gobierno del Presupuesto Nayib Bukele es el Plan Antievasión Fiscal.
Judicial
Condenan a 15 pandilleros de la MS-13 en San Miguel

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.