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Mario Ponce asegura que diputados salientes tienen miedo a enfrentar las consecuencias de la Ley de Reconciliación Nacional
El todavía presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró que ayer, durante la última sesión plenaria de la actual legislatura, no pasó a votación la superación al veto del Presidente de la República, Nayib Bukele, a la Ley Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional por temor de los partidos a enfrentar las consecuencias de sus actos durante el conflicto armado.
Si superaban el veto del presidente Bukele, la Sala de lo Constitucional tendría que haber resuelto a favor de una de las partes, lo cual parece que fue evaluado por los actuales legisladores, por lo que decidieron no dar los votos por temor a quedar en desventaja.
“En el caso de la Ley de Reconciliación Nacional no pasó por cuestiones de interés de algunos grupos parlamentarios que no tenían los votos. Arena no tenía los votos completos a favor de esa ley, tampoco los tenía el Frente, porque le tienen miedo a que esa ley se ponga en práctica, en el sentido de que va a provocar alguna persecución de algunos actores que en aquel momento fueron partícipes”, sostuvo Ponce.
Para el presidente del Órgano Legislativo “la superación del veto era correcta, pero no ayer, sino desde hace un buen rato”, pues Ponce sí estaba de acuerdo en que era la Sala de lo Constitucional la que debería haber resuelto quién tenía razón, si la Asamblea o el Ejecutivo.
El presidente Bukele fue enfático ante la intensión de los diputados de superar el veto. “Han decidido superar mi veto a la ley de amnistía… ¡Felicidades! Pero antes de que este adefesio jurídico entre en vigencia, será derogado por la nueva Asamblea Legislativa. Díganle a sus financistas, que tendrán que pagar por sus crímenes, que esta vez les van a quedar mal”, afirmó.
Los diputados de Nuevas Ideas que asumirán la Asamblea el 1 de mayo respaldan al mandatario y han asegurado que “no permitirán que los criminales queden impunes” con una ley que realmente haga justicia y permita resarcir los daños a las víctimas del conflicto armado.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
