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Magistrado Carlos Sánchez ha confeccionado un traje a la medida para favorecer impunidad de Norman Quijano
El abogado ambientalista y especialista en temas de corrupción ha denunciado a los Magistrados de la Cámara Primera de lo Penal ante la Corte Suprema de Justicia.
Se ha conocido que este día el abogado Sergio Portillo Toruño, quien se dedica principalmente a temas de derecho ambiental y contra la corrupción, ha interpuesto denuncia ante el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de los Magistrados Titulares de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Dr. Guillermo Arévalo Domínguez y Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar, por emitir resoluciones contrarias a la ley y con ello favorecer la impunidad del Exdiputado y Exalcalde de San Salvador, Norman Quijano.
De acuerdo al profesional del derecho, la denuncia se divide en dos aspectos principales, el primero consiste en que la CSJ repare un grave daño que hizo a la justicia permitiendo que ilegalmente Carlos Sánchez se reincorporase como Magistrado de la citada Cámara Penal, después de haber sido destituido conforme a la ley por la Asamblea Legislativa del cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional.
¿Cuáles fueron los fundamentos de hecho para destituir a Carlos Sánchez y el resto de Magistrados de la Sala de lo Constitucional? Lanza como pregunta al aire el abogado Toruño y al mismo tiempo responde: “estas razones quedaron ampliamente detalladas en el expediente que contenía la moción de destitución basada en el art. 186 de la Constitución, como potestad del órgano legislativo y en la discusión efectuada y votada que quedó plasmada en el respectivo decreto, que entre otras cosas describía ampliamente la forma en que este mal llamado “Juez” brindó justicia selectiva para beneficiar a grupos de poder económico y político y en perjuicio del pueblo salvadoreño, esto además de haber usurpado funciones del Ejecutivo y Legislativo.”
“Entonces -continúa expresando el abogado denunciante- es claro que la CSJ se equivocó al autorizar la reincorporación de Carlos Sánchez a la Cámara de lo Penal, pues de conformidad a lo dispuesto en el art. 55 literal “c” de la Ley de la Carrera Judicial, que precisa que se removerá de su cargo al juez o magistrado que haya cometido abuso de autoridad, atribuyéndose funciones que la ley no le confiere; no puedo asegurar si la CSJ fue negligente o burlada en su buena fe, lo cierto es que la consecuencia de este desaguisado lo está pagando la sociedad salvadoreña que sigue sin encontrar en la administración de justicia el remedio a los atropellos cometidos por Exfuncionarios como Norman Quijano que pactaron y financiaron a las pandillas y sin embargo se siguen burlando de la justicia.”
El abogado Portillo Toruño es claro en manifestar que no va a opinar sobre la culpabilidad o inocencia de Norman Quijano, pues como todo acusado tiene el derecho al debido proceso, el problema y sobre lo que sí puede pronunciarse según su criterio, es sobre la forma en que los Magistrados que denuncia están confeccionándole al imputado una salida del proceso en total impunidad, sin asumir de frente la defensa de su caso, sino creando subterfugios que son ilegales, más bien dicho que no existen.
De acuerdo al profesional del derecho, lo que la Cámara de lo Penal está haciendo, no tiene ni fundamento legal, ni lógico, sobre todo por dos razones, la primera, porque a la fecha Norman Quijano no ha sido juramentado como diputado del PARLACEN, una situación similar tenían los hijos del Expresidente Martinelli de Panamá, quienes se encuentran detenidos en Guatemala a pedido de extradicción de los Estados Unidos de América y sobre quienes ya se autorizó su envío al país de norteamérica; y la segunda, porque la inmunidad generada por ser electo al cargo de Diputado a nivel nacional o del PARLACEN, no significa “impunidad” para que sea juzgado por conductas que han provocado no solo alarma social, sino de las que el pueblo salvadoreño se ha visto gravemente perjudicado por la espiral de violencia de las pandillas.
Para el abogado, la Cámara buscó un argumento de suspender el proceso y la detención provisional para ganarle a Quijano el tiempo para que viaje, se juramente y entonces quede inmune, pero a la vez impune; por qué no le revocó la medida cautelar y le impuso otra, es porque sencillamente Quijano lo que no quiere es afrontar la justicia, ha estado prófugo de la justicia desde hace meses y ahora le inventan una “suspensión” ese es el actuar perverso de Carlos Sánchez que debe terminar de una vez por todas.
Finalmente manifiesta que la CSJ puede conocer de inmediato su denuncia y aplicar lo que indica el art. 54-A de la Ley de la Carrera Judicial y suspender de inmediato a los dos Magistrados denunciados, ya que representan un grave peligro para la administración de justicia, si les permiten seguir ilegalmente en sus cargos, seguirán dictando resoluciones arbitrarias y hay que tener en cuenta que esa Cámara de lo Penal tiene a su cargo resolver las apelaciones sobre las acciones de extinción de dominio, seguro que Carlos Sánchez ya tiene preparados otros golpes contra la lucha contra la corrupción que ejecuta el Estado. Estos Magistrados se han convertido en los paladines de la impunidad, concluyó.
Principal
El Salvador destaca cooperación y fortalecimiento institucional en cumbre regional del SICA
En el marco de la XCIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, tuvo una participación activa en el diálogo regional enfocado en fortalecer la cooperación y avanzar hacia resultados concretos para los países miembros.
El encuentro, encabezado por el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, abordó temas clave como la integración regional, el desarrollo común, la seguridad colectiva y el bienestar de los pueblos, bajo el lema «Fortaleciendo la integración para avanzar como región».
Durante su intervención, Hill Tinoco destacó la importancia de consolidar una institucionalidad sólida que permita mejorar la eficiencia del sistema regional.
«Reafirmé el compromiso con una integración regional más eficiente y orientada a resultados», expresó la funcionaria salvadoreña, destacando que estos esfuerzos son fundamentales para impulsar mayores niveles de cooperación entre los países.
La canciller también enfatizó que el trabajo conjunto dentro del SICA representa una oportunidad estratégica para enfrentar desafíos comunes y generar mayores beneficios para la población centroamericana.
La Organización Internacional de la Policía (Interpol) notificó el pasado 15 de abril a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador que eliminó la difusión roja en contra del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y bloqueó temporalmente los datos del exdiputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Paker, ambos acusados en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
En cuanto a Cristiani, la Interpol notificó a la PNC que «habiendo estudiado el expediente respectivo, fueron eliminados los datos del señor Alfredo Félix Cristiani Burkard y ya no se puede utilizar el medio de Interpol para la búsqueda y localización de este».
Mientras que en el caso del exdiputado, la resolución indica que la Secretaría General de Interpol bloqueó sus datos como medida temporal «a la espera de un análisis detenido del caso».
Ambos escritos fueron enviados por la Oficina Central de Interpol El Salvador, de la PNC, al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que conoce el caso. Según expertos del caso, esto significa que tanto Cristiani como Parker pueden pasar por cualquier control migratorio sin ser objeto de detención.
Interpol El Salvador también trasladó la notificación al Tribunal que en cuanto a las notificaciones rojas de Juan Orlando Zepeda Herrera y Joaquín Arnoldo Cerna, quedan sujetas al número de control A-10114/1-2025 y A-10115/1-2025.
En este proceso penal figuran como acusados, el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker; los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal.
El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos. El crimen fue perpetrado por un comando militar en el contexto del conflicto armado salvadoreño.
Tras la resolución judicial en etapa de instrucción, el 18 de noviembre de 2024, el caso fue remitido al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia que será la encargada de conocer la causa y desarrollar el juicio; sin embargo, la defensa del general Larios ha presentado una recusación contra la presidenta del tribunal.
Ante ello el tribunal notificó que celebrará una audiencia especial el próximo 30 de abril a las 2:00 de la tarde.
El Banco Central de Reserva (BCR), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abrió una convocatoria masiva de empleo temporal que supera las 1,400 oportunidades en todo el país.
Se trata de plazas vinculadas al levantamiento de la Cartografía Económica, un componente clave dentro del Programa de Modernización del Sistema Estadístico.
Las vacantes disponibles corresponden a dos perfiles: Gestor de Información y Supervisor de Campo, ambos con contratación por servicios profesionales.
Para el puesto de Gestor de Información de Cartografía Económica, el BCR busca contratar hasta 1,167 personas, además de contar con una reserva de 350 candidatos elegibles.
Este cargo ofrece un pago mensual de $800 líquidos (tras el descuento del 10% de ISR) y está dirigido a personas con estudios universitarios o graduados en áreas como Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo, Ingeniería o Ciencias Sociales.
Entre los requisitos clave destaca haber participado al menos en un proyecto de levantamiento de información, como censos o encuestas. También se solicita manejo de dispositivos móviles, conocimiento básico de aplicativos, técnicas de entrevista y familiaridad con clasificaciones económicas.
Por otro lado, el BCR también abrió 296 plazas para el cargo de Supervisor de Campo de Cartografía Económica, con una reserva adicional de 89 candidatos. En este caso, el salario mensual asciende a $1,000 líquidos.
Este perfil exige un nivel más avanzado, los aspirantes deben ser graduados universitarios en carreras afines y contar no solo con experiencia en levantamiento de información, sino también, de preferencia, haber desempeñado roles de supervisión o coordinación en proyectos similares.
Además, se requiere manejo de herramientas ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint, elaboración de informes, uso de dispositivos móviles y conocimiento en clasificaciones económicas y técnicas de entrevista.
Ambas posiciones son contratos temporales de aproximadamente dos meses, aunque podrían extenderse dependiendo del avance del proyecto. El trabajo será presencial en distintos puntos del país, según asignación.
Las plazas están distribuidas en todos los departamentos, siendo San Salvador el que concentra la mayor cantidad de oportunidades, seguido por La Libertad, Santa Ana y San Miguel.
En cuanto al proceso de aplicación, los interesados deben completar su registro en línea y subir la documentación requerida, que incluye: currículum vitae, DUI vigente, comprobantes de estudios, constancias de experiencia laboral, antecedentes penales y solvencia policial.
El periodo para aplicar es del 24 al 30 de abril de 2026, y según advierte el BCR, cualquier omisión en los requisitos será motivo de exclusión inmediata del proceso.
Otro punto importante es la modalidad de pago, los honorarios se entregarán mensualmente contra cumplimiento de metas y entrega de productos, lo que implica que los contratados deberán trabajar bajo objetivos específicos.
Para quienes facturan con IVA, deberán emitir factura de consumidor final, aunque los ingresos estarán exentos de este impuesto.
El proceso ya está abierto y puede realizarse en línea a través del sitio oficial del BCR:
https://formularios.bcr.gob.sv/vacantes
