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Magistrado Carlos Sánchez ha confeccionado un traje a la medida para favorecer impunidad de Norman Quijano
El abogado ambientalista y especialista en temas de corrupción ha denunciado a los Magistrados de la Cámara Primera de lo Penal ante la Corte Suprema de Justicia.
Se ha conocido que este día el abogado Sergio Portillo Toruño, quien se dedica principalmente a temas de derecho ambiental y contra la corrupción, ha interpuesto denuncia ante el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de los Magistrados Titulares de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Dr. Guillermo Arévalo Domínguez y Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar, por emitir resoluciones contrarias a la ley y con ello favorecer la impunidad del Exdiputado y Exalcalde de San Salvador, Norman Quijano.
De acuerdo al profesional del derecho, la denuncia se divide en dos aspectos principales, el primero consiste en que la CSJ repare un grave daño que hizo a la justicia permitiendo que ilegalmente Carlos Sánchez se reincorporase como Magistrado de la citada Cámara Penal, después de haber sido destituido conforme a la ley por la Asamblea Legislativa del cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional.
¿Cuáles fueron los fundamentos de hecho para destituir a Carlos Sánchez y el resto de Magistrados de la Sala de lo Constitucional? Lanza como pregunta al aire el abogado Toruño y al mismo tiempo responde: “estas razones quedaron ampliamente detalladas en el expediente que contenía la moción de destitución basada en el art. 186 de la Constitución, como potestad del órgano legislativo y en la discusión efectuada y votada que quedó plasmada en el respectivo decreto, que entre otras cosas describía ampliamente la forma en que este mal llamado “Juez” brindó justicia selectiva para beneficiar a grupos de poder económico y político y en perjuicio del pueblo salvadoreño, esto además de haber usurpado funciones del Ejecutivo y Legislativo.”
“Entonces -continúa expresando el abogado denunciante- es claro que la CSJ se equivocó al autorizar la reincorporación de Carlos Sánchez a la Cámara de lo Penal, pues de conformidad a lo dispuesto en el art. 55 literal “c” de la Ley de la Carrera Judicial, que precisa que se removerá de su cargo al juez o magistrado que haya cometido abuso de autoridad, atribuyéndose funciones que la ley no le confiere; no puedo asegurar si la CSJ fue negligente o burlada en su buena fe, lo cierto es que la consecuencia de este desaguisado lo está pagando la sociedad salvadoreña que sigue sin encontrar en la administración de justicia el remedio a los atropellos cometidos por Exfuncionarios como Norman Quijano que pactaron y financiaron a las pandillas y sin embargo se siguen burlando de la justicia.”
El abogado Portillo Toruño es claro en manifestar que no va a opinar sobre la culpabilidad o inocencia de Norman Quijano, pues como todo acusado tiene el derecho al debido proceso, el problema y sobre lo que sí puede pronunciarse según su criterio, es sobre la forma en que los Magistrados que denuncia están confeccionándole al imputado una salida del proceso en total impunidad, sin asumir de frente la defensa de su caso, sino creando subterfugios que son ilegales, más bien dicho que no existen.
De acuerdo al profesional del derecho, lo que la Cámara de lo Penal está haciendo, no tiene ni fundamento legal, ni lógico, sobre todo por dos razones, la primera, porque a la fecha Norman Quijano no ha sido juramentado como diputado del PARLACEN, una situación similar tenían los hijos del Expresidente Martinelli de Panamá, quienes se encuentran detenidos en Guatemala a pedido de extradicción de los Estados Unidos de América y sobre quienes ya se autorizó su envío al país de norteamérica; y la segunda, porque la inmunidad generada por ser electo al cargo de Diputado a nivel nacional o del PARLACEN, no significa “impunidad” para que sea juzgado por conductas que han provocado no solo alarma social, sino de las que el pueblo salvadoreño se ha visto gravemente perjudicado por la espiral de violencia de las pandillas.
Para el abogado, la Cámara buscó un argumento de suspender el proceso y la detención provisional para ganarle a Quijano el tiempo para que viaje, se juramente y entonces quede inmune, pero a la vez impune; por qué no le revocó la medida cautelar y le impuso otra, es porque sencillamente Quijano lo que no quiere es afrontar la justicia, ha estado prófugo de la justicia desde hace meses y ahora le inventan una “suspensión” ese es el actuar perverso de Carlos Sánchez que debe terminar de una vez por todas.
Finalmente manifiesta que la CSJ puede conocer de inmediato su denuncia y aplicar lo que indica el art. 54-A de la Ley de la Carrera Judicial y suspender de inmediato a los dos Magistrados denunciados, ya que representan un grave peligro para la administración de justicia, si les permiten seguir ilegalmente en sus cargos, seguirán dictando resoluciones arbitrarias y hay que tener en cuenta que esa Cámara de lo Penal tiene a su cargo resolver las apelaciones sobre las acciones de extinción de dominio, seguro que Carlos Sánchez ya tiene preparados otros golpes contra la lucha contra la corrupción que ejecuta el Estado. Estos Magistrados se han convertido en los paladines de la impunidad, concluyó.
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
