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Magistrado Carlos Sánchez ha confeccionado un traje a la medida para favorecer impunidad de Norman Quijano
El abogado ambientalista y especialista en temas de corrupción ha denunciado a los Magistrados de la Cámara Primera de lo Penal ante la Corte Suprema de Justicia.
Se ha conocido que este día el abogado Sergio Portillo Toruño, quien se dedica principalmente a temas de derecho ambiental y contra la corrupción, ha interpuesto denuncia ante el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de los Magistrados Titulares de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Dr. Guillermo Arévalo Domínguez y Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar, por emitir resoluciones contrarias a la ley y con ello favorecer la impunidad del Exdiputado y Exalcalde de San Salvador, Norman Quijano.
De acuerdo al profesional del derecho, la denuncia se divide en dos aspectos principales, el primero consiste en que la CSJ repare un grave daño que hizo a la justicia permitiendo que ilegalmente Carlos Sánchez se reincorporase como Magistrado de la citada Cámara Penal, después de haber sido destituido conforme a la ley por la Asamblea Legislativa del cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional.
¿Cuáles fueron los fundamentos de hecho para destituir a Carlos Sánchez y el resto de Magistrados de la Sala de lo Constitucional? Lanza como pregunta al aire el abogado Toruño y al mismo tiempo responde: “estas razones quedaron ampliamente detalladas en el expediente que contenía la moción de destitución basada en el art. 186 de la Constitución, como potestad del órgano legislativo y en la discusión efectuada y votada que quedó plasmada en el respectivo decreto, que entre otras cosas describía ampliamente la forma en que este mal llamado “Juez” brindó justicia selectiva para beneficiar a grupos de poder económico y político y en perjuicio del pueblo salvadoreño, esto además de haber usurpado funciones del Ejecutivo y Legislativo.”
“Entonces -continúa expresando el abogado denunciante- es claro que la CSJ se equivocó al autorizar la reincorporación de Carlos Sánchez a la Cámara de lo Penal, pues de conformidad a lo dispuesto en el art. 55 literal “c” de la Ley de la Carrera Judicial, que precisa que se removerá de su cargo al juez o magistrado que haya cometido abuso de autoridad, atribuyéndose funciones que la ley no le confiere; no puedo asegurar si la CSJ fue negligente o burlada en su buena fe, lo cierto es que la consecuencia de este desaguisado lo está pagando la sociedad salvadoreña que sigue sin encontrar en la administración de justicia el remedio a los atropellos cometidos por Exfuncionarios como Norman Quijano que pactaron y financiaron a las pandillas y sin embargo se siguen burlando de la justicia.”
El abogado Portillo Toruño es claro en manifestar que no va a opinar sobre la culpabilidad o inocencia de Norman Quijano, pues como todo acusado tiene el derecho al debido proceso, el problema y sobre lo que sí puede pronunciarse según su criterio, es sobre la forma en que los Magistrados que denuncia están confeccionándole al imputado una salida del proceso en total impunidad, sin asumir de frente la defensa de su caso, sino creando subterfugios que son ilegales, más bien dicho que no existen.
De acuerdo al profesional del derecho, lo que la Cámara de lo Penal está haciendo, no tiene ni fundamento legal, ni lógico, sobre todo por dos razones, la primera, porque a la fecha Norman Quijano no ha sido juramentado como diputado del PARLACEN, una situación similar tenían los hijos del Expresidente Martinelli de Panamá, quienes se encuentran detenidos en Guatemala a pedido de extradicción de los Estados Unidos de América y sobre quienes ya se autorizó su envío al país de norteamérica; y la segunda, porque la inmunidad generada por ser electo al cargo de Diputado a nivel nacional o del PARLACEN, no significa “impunidad” para que sea juzgado por conductas que han provocado no solo alarma social, sino de las que el pueblo salvadoreño se ha visto gravemente perjudicado por la espiral de violencia de las pandillas.
Para el abogado, la Cámara buscó un argumento de suspender el proceso y la detención provisional para ganarle a Quijano el tiempo para que viaje, se juramente y entonces quede inmune, pero a la vez impune; por qué no le revocó la medida cautelar y le impuso otra, es porque sencillamente Quijano lo que no quiere es afrontar la justicia, ha estado prófugo de la justicia desde hace meses y ahora le inventan una “suspensión” ese es el actuar perverso de Carlos Sánchez que debe terminar de una vez por todas.
Finalmente manifiesta que la CSJ puede conocer de inmediato su denuncia y aplicar lo que indica el art. 54-A de la Ley de la Carrera Judicial y suspender de inmediato a los dos Magistrados denunciados, ya que representan un grave peligro para la administración de justicia, si les permiten seguir ilegalmente en sus cargos, seguirán dictando resoluciones arbitrarias y hay que tener en cuenta que esa Cámara de lo Penal tiene a su cargo resolver las apelaciones sobre las acciones de extinción de dominio, seguro que Carlos Sánchez ya tiene preparados otros golpes contra la lucha contra la corrupción que ejecuta el Estado. Estos Magistrados se han convertido en los paladines de la impunidad, concluyó.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
Los distritos de Apopa y Nejapa, que conforman San Salvador Oeste, viven una transformación sin precedentes que incluye el reordenamiento de sus centros históricos, la recuperación de espacios deportivos y de convivencia familiar, el mejoramiento de la red vial y el desarrollo de importantes proyectos que generan fuentes de empleo y progreso local.
«Diario El Salvador» recorrió ambas ciudades para constatar dichos cambios y conversar con los ciudadanos sobre cómo les benefician, tomando en cuenta que por años estas localidades se estancaron debido a la delincuencia.
«El centro de Apopa era un caos, desorden por las ventas, inseguridad por las maras, problemas de tráfico vehicular, sin espacios peatonales donde caminar, sin iluminación», enumeró Juan Portillo. Sin embargo, también se refirió a la actual transformación de Apopa.
«Los cambios son evidentes; vemos que la alcaldía ha hecho lo suyo en el centro histórico, y el Gobierno del presidente [Nayib] Bukele ha generado condiciones para atraer inversión privada y grandes obras al municipio».
La gobernanza municipal ha efectuado intervenciones para recuperar espacios en el casco urbano, como en la calle La Estación, la avenida Quirino Chávez y la calle Leonardo Azcúnaga, frente a la parroquia Santa Catarina, principal templo de la feligresía católica en la ciudad apopense. Por las noches, la iluminación y la presencia del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) genera confianza a comerciantes y pobladores que caminan por la plaza central Noé Canjura, situada frente a las oficinas distritales. Actualmente, la municipalidad trabaja en el segundo tramo de la calle San Rafael, donde hay importante actividad comercial.
Para la generación de espacios de sana convivencia se inauguró el centro recreativo de la colonia Popotlán II, que tiene cancha de baloncesto y de fútbol, pista atlética, sendero peatonal, área de descanso, juegos infantiles y salón de usos múltiples con capacidad para más de 30,000 personas. Este proyecto lo entregó el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
Asimismo, Apopa presenta condiciones para generar fluidez en la circulación vehicular, por lo que el Ministerio de Obras Públicas anunció la construcción de un «bypass» entre la carretera Troncal del Norte, por la que circulan cerca de 50,000 vehículos, y la autopista Este-Oeste (conocida como carretera de Oro).
A criterio de José Urbina, alcalde de San Salvador Oeste, esta obra «terminará con el estrés del terrible tráfico». Por su parte, la empresa privada está invirtiendo en el distrito. La compañía Urbánica desarrolla el proyecto habitacional Valle Dulce con una inversión estimada de $1,000 millones para edificar Portal Valterra y Alturas del Valle; este último contará con 160 apartamentos distribuidos en dos torres.
Apopa está conformado por 285 colonias y una población de 129,083 habitantes, según el censo de 2024.
Más allá de su tradicional festival de las bolas de fuego, celebrado cada 31 de agosto, Nejapa también experimenta importantes avances en desarrollo local.
«Hemos visto más presencia de turistas no solo por la seguridad, sino porque las calles han sido reparadas, esto permite la entrada del transporte urbano y comercial», manifestó Alejandra Hernández, habitante del distrito, de modo que hay mayor demanda de movilidad en Nejapa.
En este sentido, el taxista Juan López comentó: «Hay más movimiento de personas en el centro de la ciudad y el comercio se ha incrementado, y más personas disfrutan en el parque central». La alcaldía recuperó espacios en la avenida Norberto Morán, en la 5.ª, 9.ª y la 11.ª calle poniente del centro histórico, también en la avenida Eliseo Mijango. Además, instaló nuevos servicios sanitarios en el mercado municipal Plaza España.
Actualmente, remodela el Complejo Recreativo El Cambio, cuyas instalaciones cuentan con dos canchas de fútbol, una de grama natural y otra sintética; una cancha de baloncesto techada, la pista de patinaje y el área de juegos mecánicos para beneficiar a residentes de las comunidades El Cambio, Las Armenias y El Jabalí.
Nejapa tiene alrededor de 85 colonias y su población total es de 35,673 habitantes, según el censo de 2024. El Gobierno central pondrá al alcance de los ciudadanos servicios de salud de primer nivel con el nuevo Hospital Nacional de Nejapa, invirtiendo $50 millones para la edificación y el equipamiento, para beneficiar a pobladores de Aguilares, Apopa, Guazapa y Chalatenango.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
