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Magistrado Carlos Sánchez ha confeccionado un traje a la medida para favorecer impunidad de Norman Quijano
El abogado ambientalista y especialista en temas de corrupción ha denunciado a los Magistrados de la Cámara Primera de lo Penal ante la Corte Suprema de Justicia.
Se ha conocido que este día el abogado Sergio Portillo Toruño, quien se dedica principalmente a temas de derecho ambiental y contra la corrupción, ha interpuesto denuncia ante el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de los Magistrados Titulares de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Dr. Guillermo Arévalo Domínguez y Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar, por emitir resoluciones contrarias a la ley y con ello favorecer la impunidad del Exdiputado y Exalcalde de San Salvador, Norman Quijano.
De acuerdo al profesional del derecho, la denuncia se divide en dos aspectos principales, el primero consiste en que la CSJ repare un grave daño que hizo a la justicia permitiendo que ilegalmente Carlos Sánchez se reincorporase como Magistrado de la citada Cámara Penal, después de haber sido destituido conforme a la ley por la Asamblea Legislativa del cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional.
¿Cuáles fueron los fundamentos de hecho para destituir a Carlos Sánchez y el resto de Magistrados de la Sala de lo Constitucional? Lanza como pregunta al aire el abogado Toruño y al mismo tiempo responde: “estas razones quedaron ampliamente detalladas en el expediente que contenía la moción de destitución basada en el art. 186 de la Constitución, como potestad del órgano legislativo y en la discusión efectuada y votada que quedó plasmada en el respectivo decreto, que entre otras cosas describía ampliamente la forma en que este mal llamado “Juez” brindó justicia selectiva para beneficiar a grupos de poder económico y político y en perjuicio del pueblo salvadoreño, esto además de haber usurpado funciones del Ejecutivo y Legislativo.”
“Entonces -continúa expresando el abogado denunciante- es claro que la CSJ se equivocó al autorizar la reincorporación de Carlos Sánchez a la Cámara de lo Penal, pues de conformidad a lo dispuesto en el art. 55 literal “c” de la Ley de la Carrera Judicial, que precisa que se removerá de su cargo al juez o magistrado que haya cometido abuso de autoridad, atribuyéndose funciones que la ley no le confiere; no puedo asegurar si la CSJ fue negligente o burlada en su buena fe, lo cierto es que la consecuencia de este desaguisado lo está pagando la sociedad salvadoreña que sigue sin encontrar en la administración de justicia el remedio a los atropellos cometidos por Exfuncionarios como Norman Quijano que pactaron y financiaron a las pandillas y sin embargo se siguen burlando de la justicia.”
El abogado Portillo Toruño es claro en manifestar que no va a opinar sobre la culpabilidad o inocencia de Norman Quijano, pues como todo acusado tiene el derecho al debido proceso, el problema y sobre lo que sí puede pronunciarse según su criterio, es sobre la forma en que los Magistrados que denuncia están confeccionándole al imputado una salida del proceso en total impunidad, sin asumir de frente la defensa de su caso, sino creando subterfugios que son ilegales, más bien dicho que no existen.
De acuerdo al profesional del derecho, lo que la Cámara de lo Penal está haciendo, no tiene ni fundamento legal, ni lógico, sobre todo por dos razones, la primera, porque a la fecha Norman Quijano no ha sido juramentado como diputado del PARLACEN, una situación similar tenían los hijos del Expresidente Martinelli de Panamá, quienes se encuentran detenidos en Guatemala a pedido de extradicción de los Estados Unidos de América y sobre quienes ya se autorizó su envío al país de norteamérica; y la segunda, porque la inmunidad generada por ser electo al cargo de Diputado a nivel nacional o del PARLACEN, no significa “impunidad” para que sea juzgado por conductas que han provocado no solo alarma social, sino de las que el pueblo salvadoreño se ha visto gravemente perjudicado por la espiral de violencia de las pandillas.
Para el abogado, la Cámara buscó un argumento de suspender el proceso y la detención provisional para ganarle a Quijano el tiempo para que viaje, se juramente y entonces quede inmune, pero a la vez impune; por qué no le revocó la medida cautelar y le impuso otra, es porque sencillamente Quijano lo que no quiere es afrontar la justicia, ha estado prófugo de la justicia desde hace meses y ahora le inventan una “suspensión” ese es el actuar perverso de Carlos Sánchez que debe terminar de una vez por todas.
Finalmente manifiesta que la CSJ puede conocer de inmediato su denuncia y aplicar lo que indica el art. 54-A de la Ley de la Carrera Judicial y suspender de inmediato a los dos Magistrados denunciados, ya que representan un grave peligro para la administración de justicia, si les permiten seguir ilegalmente en sus cargos, seguirán dictando resoluciones arbitrarias y hay que tener en cuenta que esa Cámara de lo Penal tiene a su cargo resolver las apelaciones sobre las acciones de extinción de dominio, seguro que Carlos Sánchez ya tiene preparados otros golpes contra la lucha contra la corrupción que ejecuta el Estado. Estos Magistrados se han convertido en los paladines de la impunidad, concluyó.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
