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La Organización de los Estados Americanos envió una misión técnica a El Salvador para fortalecer la CICIES
Este día, la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a El Salvador una misión técnica que implementará las actividades iniciales de la Comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES), instalada el pasado 6 de septiembre, como parte de las promesas de campaña del Presidente Nayib Bukele en los primeros 100 días de gobernar el país.
Con el acuerdo de cooperación firmado este día, 20 de septiembre, por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill, un equipo técnico de la organización regional adelantará asuntos administrativos y logísticos de operación de la Comisión, establecerá las bases prioritarias en la lucha contra la corrupción y sostendrá reuniones con entidades del órgano Ejecutivo, otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para acordar acciones conjuntas que ayuden a robustecer el convenio definitivo.
El documento suscrito este día permanecerá vigente hasta febrero 2020, con posibilidad de prórroga, y al final de este período la Secretaría General de la OEA presentará un informe técnico-financiero al Gobierno de El Salvador. Con este acuerdo, las partes fortalecen la carta de intención firmada como punto de partida para el inicio de operaciones de la CICIES, hace tan sólo 14 días.
Paralelo a la firma de este acuerdo, la administración de Nayib Bukele, a través de la Vicepresidencia de la República, también sostiene un diálogo directo con la Secretaría General de Naciones Unidas para recibir otras misiones técnicas que permitan fortalecer la efectividad de la lucha contra la corrupción en el país.
Por otro lado, este día, el Secretario de Seguridad Nacional en funciones de Los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill, en representación de los Gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, firman un acuerdo de cooperación bilateral para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal de personas y la migración forzada. Con este documento, suscrito en Washington, se ratifica la carta de intención firmada en San Salvador, el pasado 28 de agosto.
Estados Unidos está interesado en mantener un diálogo de alto nivel para que El Salvador se convierta en un país cada vez más próspero y seguro.
Nuestra administración, por su parte, se compromete a seguir fortaleciendo su plan de gobierno en seguridad, economía y bienestar social para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los salvadoreños.
El Gobierno de El Salvador reitera que este acuerdo, en ningún momento, menoscaba la atención y protección de los derechos fundamentales de los migrantes salvadoreños.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
