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La Organización de los Estados Americanos envió una misión técnica a El Salvador para fortalecer la CICIES
Este día, la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a El Salvador una misión técnica que implementará las actividades iniciales de la Comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES), instalada el pasado 6 de septiembre, como parte de las promesas de campaña del Presidente Nayib Bukele en los primeros 100 días de gobernar el país.
Con el acuerdo de cooperación firmado este día, 20 de septiembre, por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill, un equipo técnico de la organización regional adelantará asuntos administrativos y logísticos de operación de la Comisión, establecerá las bases prioritarias en la lucha contra la corrupción y sostendrá reuniones con entidades del órgano Ejecutivo, otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para acordar acciones conjuntas que ayuden a robustecer el convenio definitivo.
El documento suscrito este día permanecerá vigente hasta febrero 2020, con posibilidad de prórroga, y al final de este período la Secretaría General de la OEA presentará un informe técnico-financiero al Gobierno de El Salvador. Con este acuerdo, las partes fortalecen la carta de intención firmada como punto de partida para el inicio de operaciones de la CICIES, hace tan sólo 14 días.
Paralelo a la firma de este acuerdo, la administración de Nayib Bukele, a través de la Vicepresidencia de la República, también sostiene un diálogo directo con la Secretaría General de Naciones Unidas para recibir otras misiones técnicas que permitan fortalecer la efectividad de la lucha contra la corrupción en el país.
Por otro lado, este día, el Secretario de Seguridad Nacional en funciones de Los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill, en representación de los Gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, firman un acuerdo de cooperación bilateral para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal de personas y la migración forzada. Con este documento, suscrito en Washington, se ratifica la carta de intención firmada en San Salvador, el pasado 28 de agosto.
Estados Unidos está interesado en mantener un diálogo de alto nivel para que El Salvador se convierta en un país cada vez más próspero y seguro.
Nuestra administración, por su parte, se compromete a seguir fortaleciendo su plan de gobierno en seguridad, economía y bienestar social para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los salvadoreños.
El Gobierno de El Salvador reitera que este acuerdo, en ningún momento, menoscaba la atención y protección de los derechos fundamentales de los migrantes salvadoreños.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
