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La Organización de los Estados Americanos envió una misión técnica a El Salvador para fortalecer la CICIES
Este día, la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a El Salvador una misión técnica que implementará las actividades iniciales de la Comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES), instalada el pasado 6 de septiembre, como parte de las promesas de campaña del Presidente Nayib Bukele en los primeros 100 días de gobernar el país.
Con el acuerdo de cooperación firmado este día, 20 de septiembre, por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill, un equipo técnico de la organización regional adelantará asuntos administrativos y logísticos de operación de la Comisión, establecerá las bases prioritarias en la lucha contra la corrupción y sostendrá reuniones con entidades del órgano Ejecutivo, otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para acordar acciones conjuntas que ayuden a robustecer el convenio definitivo.
El documento suscrito este día permanecerá vigente hasta febrero 2020, con posibilidad de prórroga, y al final de este período la Secretaría General de la OEA presentará un informe técnico-financiero al Gobierno de El Salvador. Con este acuerdo, las partes fortalecen la carta de intención firmada como punto de partida para el inicio de operaciones de la CICIES, hace tan sólo 14 días.
Paralelo a la firma de este acuerdo, la administración de Nayib Bukele, a través de la Vicepresidencia de la República, también sostiene un diálogo directo con la Secretaría General de Naciones Unidas para recibir otras misiones técnicas que permitan fortalecer la efectividad de la lucha contra la corrupción en el país.
Por otro lado, este día, el Secretario de Seguridad Nacional en funciones de Los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill, en representación de los Gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, firman un acuerdo de cooperación bilateral para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal de personas y la migración forzada. Con este documento, suscrito en Washington, se ratifica la carta de intención firmada en San Salvador, el pasado 28 de agosto.
Estados Unidos está interesado en mantener un diálogo de alto nivel para que El Salvador se convierta en un país cada vez más próspero y seguro.
Nuestra administración, por su parte, se compromete a seguir fortaleciendo su plan de gobierno en seguridad, economía y bienestar social para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los salvadoreños.
El Gobierno de El Salvador reitera que este acuerdo, en ningún momento, menoscaba la atención y protección de los derechos fundamentales de los migrantes salvadoreños.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
