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La Organización de los Estados Americanos envió una misión técnica a El Salvador para fortalecer la CICIES
Este día, la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a El Salvador una misión técnica que implementará las actividades iniciales de la Comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES), instalada el pasado 6 de septiembre, como parte de las promesas de campaña del Presidente Nayib Bukele en los primeros 100 días de gobernar el país.
Con el acuerdo de cooperación firmado este día, 20 de septiembre, por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill, un equipo técnico de la organización regional adelantará asuntos administrativos y logísticos de operación de la Comisión, establecerá las bases prioritarias en la lucha contra la corrupción y sostendrá reuniones con entidades del órgano Ejecutivo, otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para acordar acciones conjuntas que ayuden a robustecer el convenio definitivo.
El documento suscrito este día permanecerá vigente hasta febrero 2020, con posibilidad de prórroga, y al final de este período la Secretaría General de la OEA presentará un informe técnico-financiero al Gobierno de El Salvador. Con este acuerdo, las partes fortalecen la carta de intención firmada como punto de partida para el inicio de operaciones de la CICIES, hace tan sólo 14 días.
Paralelo a la firma de este acuerdo, la administración de Nayib Bukele, a través de la Vicepresidencia de la República, también sostiene un diálogo directo con la Secretaría General de Naciones Unidas para recibir otras misiones técnicas que permitan fortalecer la efectividad de la lucha contra la corrupción en el país.
Por otro lado, este día, el Secretario de Seguridad Nacional en funciones de Los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill, en representación de los Gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, firman un acuerdo de cooperación bilateral para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal de personas y la migración forzada. Con este documento, suscrito en Washington, se ratifica la carta de intención firmada en San Salvador, el pasado 28 de agosto.
Estados Unidos está interesado en mantener un diálogo de alto nivel para que El Salvador se convierta en un país cada vez más próspero y seguro.
Nuestra administración, por su parte, se compromete a seguir fortaleciendo su plan de gobierno en seguridad, economía y bienestar social para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los salvadoreños.
El Gobierno de El Salvador reitera que este acuerdo, en ningún momento, menoscaba la atención y protección de los derechos fundamentales de los migrantes salvadoreños.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
